"Solicitamos acciones inmediatas para enfrentar la crisis judicial": Dejusticia

Cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia están involucrados en el escándalo de corrupción dentro del alto tribunal. / Archivo

El centro de estudios jurídicos y sociales, Dejusticia, y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), dos de las organizaciones más importantes en el país en temas jurídicos y sociales, expresaron la urgente necesidad de que se tomen medidas inmediatas frente al escándalo de corrupción que enfrenta la Corte Suprema de Justicia. Mediante un pronunciamiento oficial, ambos organismos le hicieron peticiones muy puntuales a las altas cortes y a la Fiscalía de lo que consideran, requiere un cambio inaplazable. (Aquí puede leer el comunicado completo)

"Mientras se diseña y aprueba una nueva reforma a la justicia y se adoptan las medidas institucionales que permitan realizar reformas que no necesitan modificación normativa, las altas cortes y el fiscal general pueden adoptar acciones inmediatas para enfrentar la crisis, como la publicación y divulgación de las hojas de vida de los magistrados de las altas cortes, la publicación de las declaraciones de renta, la socialización de las propuestas de reforma a la justicia que están desarrollando, entre otras", dice el comunicado firmado por Dejusticia y la CEJ. (En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Los hechos a los que hacen referencia las organizaciones se han venido a saber en los últimos meses. Según interceptaciones de la DEA, en la Corte Suprema de Justicia habría surgido una red de corrupción en la que, al parecer, magistrados y abogados habrían pedido dinero a cambio de incidir en decisiones judiciales contra congresistas y excongresistas. Uno de los implicados en este caso, el senador Musa Besaile, ya confesó que le pagó al exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, $2.000 millones a cambio de detener una orden de captura en su contra que, supuestamente, iba a emitir el alto tribunal. Detrás de ese soborno, explicó Besaile, estarían los exmagistrados de la Corte, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. (Confesión de Musa Besaile sería la prueba reina de la corrupción dentro de la Corte Suprema)

Las organizaciones le piden a cada una de las Cortes que publique no solo las hojas de vida de los magistrados titulares, sino también las de sus magistrados auxiliares y que publiquen los salarios que gana cada uno de sus funcionarios. Asimismo, explicaron que es necesario que quienes trabajan en estas corporaciones divulguen si tiene familiares con parentesco hasta el "cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción o provisionalidad en la Fiscalía, los órganos de control, el Congreso , o en altos cargos de la rama ejecutiva".

En cuanto a las peticiones al Consejo Superior de la Judicatura, Dejusticia y la CEJ le pidieron que publique y socialice el Plan Anticorrupción de la entidad y que además divulgue los indicadores de congestión, retraso, productividad y eficacia de todas las jurisdicciones de la rama. A la Corte Suprema de Justicia, le hicieron una observación muy puntual: que eliga de manera pronta al magistrado de la Sala Civil  que lleva más de un año en interinidad. Las organizaciones pidieron algo similar en la Corte Constitucional: que elija de manera pronta al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que hace falta.

Por otra parte, a la Fiscalía le pidieron que implemente, cuanto antes, los concursos de méritos que se encuentran pendientes, y que publique el número de cargos de carrera que se encuentran ocupados en provisionalidad, así como que divulgue las declaraciones de renta del fiscal Néstor Humberto Martínez, y de la vicefiscal, María Paulina Riveros. 

"Dejusticia manifiesta que dos de sus miembros fundadores son conjueces en la actualidad: Rodrigo Uprimny Yepes es conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y Catalina Botero es conjueza de la Corte Constitucional. También, manifiesta que uno de sus miembros fundadores, Danilo Rojas Betancourth es magistrado del Consejo de Estado. Igualmente, manifiesta que su director ejecutivo, César Rodríguez Garavito, declinó el ofrecimiento de ser conjuez de la Corte Constitucional en marzo de 2017", aclara el comunicado de las organizaciones.