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En los últimos meses no hay un día que pase sin que se conozca una nueva noticia en el denominado caso Hyundai. Lo que en un principio parecía ser un proceso entre dos poderosas empresas que solamente afectaba a los inversionistas privados y a los más renombrados abogados del país ha terminado por convertirse en una trama de corrupción en la Rama Judicial.
El caso tiene su génesis a mediados del año pasado cuando al empresario Carlos Mattos se le puso punto final a la venta y comercialización de los vehículos de la conocida marca coreana en Colombia. En ese momento se determinó que sería una empresa de Ecuador que tendría la responsabilidad de comercializar los carros en el país a partir de 2016.
En ese momento se presentó una demanda civil en contra de dicha decisión. Como solicitud anexa se pidieron medidas cautelares para que se suspendiera provisionalmente la suspensión de la misma mientras se tomaba una decisión de fondo. El juzgado sexto civil del circuito de Bogotá aceptó la petición y decretó las medidas extraordinarias que le permitieron a Mattos continuar con la comercialización de la marca.
Su contraparte presentó otras acciones judiciales en contra de esta determinación. El caso pasó por todas las instancias del país, incluso la Corte Suprema de Justicia. El proceso no pasaba más allá de un pequeño círculo de empresarios, juristas, inversionistas y medios especializados. Sin embargo, en los últimos días el tema dio un giro inesperado.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez reveló que existía evidencia sobre el hecho que la demanda había sido redireccionada para que llegara especialmente al juzgado sexto. Como prueba de esto existe una denuncia presentada por el ingeniero encargado de administrar el sistema de repartos del edificio Nembqueteba de Bogotá.
Un ataque informático registrado al sistema en febrero de este año habría permitido que la demanda llegara coincidencialmente a dicho despacho judicial que, según manifestó el columnista Daniel Coronell, en tiempo récord tomó una decisión judicial que favorecía directamente a Mattos tras dictar las medidas cautelares. Otras dos demandas por este mismo caso llegaron al juzgado en mención.
Debido a esto se abrió una investigación penal para establecer quiénes estarían detrás de este ataque informático y el direccionamiento del caso. Por estos mismos hechos el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá, Sala Disciplinaria, decidió abrir una indagación preliminar para establecer la presunta responsabilidad del funcionario judicial en esta irregularidad.
Este lunes el abogado Jaime Lombana, defensor de Neocorp, solicitó que se decrete la nulidad de todo lo actuado frente a este caso asegurando que las denuncias de corrupción vician todas las decisiones judiciales tomadas por el momento. Para el jurista, la investigación de la Fiscalía representa un claro argumento para que se tumbe las decisiones emitidas.
“Lo que se persigue con esa medida es que las cosas vuelvan al estado anterior al reparto de la demanda asignada al juez 6 y con ello cesen los efectos producidos por los presuntos delitos que se habrían actualizado. Apartar al juez sexto del presente caso es fundamental para garantizar la correcta y transparente administración de justicia”, precisa.
Para el abogado hay un “manto de dudas” sobre todas las decisiones tomadas por el juez civil. Igualmente le solicitó al ente investigador que se pida el restablecimiento del derecho debido a lo que se ha conocido en los últimos días. Lombana además presentará una denuncia por las amenazas, seguimientos, consteñimiento ilegal y daño en bien ajeno que se habrían adelantado a los abogados de Neocorp de Colombia.