La vida de Gerardo Antonio Osorio Echeverry se partió en dos el pasado 16 de octubre, cuando funcionarios un inspector de policía ad hoc y funcionarios del Ministerio del Interior instalaron en la puerta de su finca La Honda, ubicada en Carmen del Daríen (Chocó) un aviso de notificación en el cual se le manifestaba que debía desalojar su predio.
Las autoridades le dieron plazo hasta el próximo 24 de noviembre para desalojar el terreno argumentando que el terreno de 260 hectáreas hacia parte de los predios pertenecientes a las comunidades raizales de las cuentas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó que habían sido ocupados de manera irregular hace unas décadas.
Sin embargo, este campesino de 51 años asegura que adquirió el predio de manera legal, para lo cual tiene los documentos expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó (Superintendencia de Notariado y Registro) y el Banco Agrario en el cual se avaló la adquisición del terreno en el año 2003.
La orden de desalojo está basado en el informe de “caracterización jurídica y saneamiento de los terrenos colectivos de Curvaradó Jiguamiandó” hecho por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) hecho en 2012 (en cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional) en el cual se establecieron los predios que habían sido apropiados y expandidos de manera irregular.
Para el abogado Hipólito Mendoza Zea, en dicho informe no existe objetividad puesto que no se justifica ni se demuestran las pruebas para determinar que la finca La Honda fue ocupada de manera irregular por parte de Gerardo Osorio. Además se vulnera el principio de buena fe puesto que se le acusa directamente de un hecho que no está demostrado.
El jurista considera que se está presentando una clara violación al derecho a la defensa y debido proceso de su defendido, puesto que nunca se le dio la oportunidad de presentar los documentos o pruebas para controvertir dicho informe. Incluso, después de reunirse con el funcionario que hizo la publicación éste les aseguró que eran privadas lo que es un delito.
“El señor inspector que hace la visita pasa unos informes totalmente ajenos a la realidad, unos informes donde dice que somos invasores que no hemos expandido en las tierras y eso no es así, tenemos todos los documentos en regla para demostrar que no somos invasores, es una tierra legítimamente adquirida que todavía se la estoy pagando al Banco Agrario”, precisó don Gerardo.
Otra de las irregularidades denunciadas consiste en la expedición de la Resolución 5247 (junio 2010) por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro con la que se invalidaron la inscripción de los predios en la zona “de un solo tajo” vulnerando así el debido proceso de todos los legítimos propietarios que adquirieron legalmente, y con el aval de los organismos estatales, los terrenos.
La solicitud ante la Procuraduría
El pasado viernes, fue radicada ante la Procuraduría General una solicitud de vigilancia especial y protección al derecho a la propiedad privada, al trabajo y a una vida digna, “derechos vulnerados por el Ministerio del Interior y el Incoder” debido a la vía de hecho del desalojo que se va a adelantar en la finca La Honda “sin que se haya realizado el proceso administrativo que le permita su derecho a controvertir”.
En el documento de cuatro páginas enviado al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se exponen las fallas que se han presentado en este proceso de desalojo por parte de los organismos estatales que omitieron la verificación documentos oficiales de compra y venta. “Bastaría una simple visita y los testimonios de trabajadores y vecinos del lugar, para poder demostrar que desde el año 2006 el señor Osorio Echevery es el único y legítimo dueño”.
“El único error del primer propietario consistió simplemente en no registrar el predio antes del 22 de noviembre de 2000, fecha en que se le otorgo estos predios a las comunidades negras (…) No podemos pensar señor procurador, que los errores de la administración pública y del Estado sean transferidos o compradores de buena fe como el caso particular del señor Osorio”, señala la denuncia.
Denunciaron además que el funcionario del Incoder que adelantó la inspección al predio les negó la entrega de la documentación que tuvo en cuenta a la hora de hacer el informe y únicamente atinó a decirles que se había reunido con una mujer que les aseguró ser la propietaria. “Ni siquiera tuvieron el más mínimo cuidado de comprobar esto, bastaba con solo examinar el Certificado de Tradición y Libertad, de la Oficina de Instrumentos Públicos”.
Aseguran que hasta la fecha no han tenido acceso a las actas de visitas adelantadas por el funcionario identificado como Silvio Garcés Mosquera, quien no quiso localizar al dueño de la finca, quien se ha visto obligado en los últimos días a tocar todas las puertas posibles para demostrar “papel en mano” que no se apropió ni expandió irregularmente en el predio que compró hace 10 años “y que todavía le está pagando” el préstamo que le hizo el Banco Agrario.
“No es comprensible que se reúna el funcionario con habitantes del sector o personas que simplemente se hicieron presentes en la diligencias y se les dé plena credibilidad a lo percibido de ‘oídas’, y en el informe presentado a la Corte Constitucional, se denuncie de manera categórica que es mi poderdante quien ocupa irregularmente el predio sin presentar pruebas y sin que jamás se le hubiera escuchado su versión, ni se le permitiera el legítimo y Constitucional Derecho al Debido Proceso y a controvertir las pruebas que se desconocen por completo”, precisa uno de los apartes del documento.
En la solicitud se asegura que se están omitiendo los límites establecidos por la Corte sobre el desalojo de los invasores, tenedores de mala fe, conflictos con ocupantes de mala fe e invasores, terceros ocupaciones indebidas “pero jamás ordenó dichas acciones contra legítimos propietarios de los predios” para lo cual anexaron toda la documentación oficial. “Están desconociendo los títulos de algunos propietarios que somos legales, que no nos hemos robado un solo terreno, y ahora nos los quieren quitar para dárselas a las negritudes”.
Finalmente manifiestan que el informe base para ordenar el despojo tiene tantas fallas que juntaron dos predios separados y los unieron. “Para evidenciar que la finca ‘La Honda’ posee una extensión de tan solo 130 hectáreas (…) Por otra parte existe el predio ‘Playa Rica’ identificado con el folio de matrícula de la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, con una extensión de 174 hectáreas adjudicado legítimamente por el Incora y actualmente propiedad de mi poderdante que colinda con la finca ‘La Honda’ y sobre el cual no existe ningún tipo de limitación a la propiedad, uso y goce del mismo”.
Actualmente cursa una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el juzgado 15 administrativo de Medellín en contra de la resolución que invalidó las anotaciones de la matrícula del predio “y que pretende dejar sin efecto la adjudicación de baldío proferida por el Incora aso como las subsiguientes compraventas, viola todos los postulados y teorías del acto administrativos”.
Por estas razones le solicitaron a la Procuraduría General ordene la suspensión inmediata de la diligencia de desalojo, así como la verificación de la vulneración al debido proceso administrativo por parte del Incoder. “De evidenciar su despacho las violaciones al debido proceso se ordene la nulidad de todo lo actuado y que concierna a mi mandante y se inicie una nueva actuación administrativa con plenas garantías a que tiene derecho”.
Don Gerardo espera que en los próximos días se emita una respuesta que resguarde sus derechos fundamentales. Mientras tanto el tiempo correo y el 23 de noviembre cada día más cerca. En la fecha señalad –si no pasa nada extraordinario un grupo de agentes de la Policía y el Ejército ejecutaran la orden de desalojo “sobre las 230 hectáreas que la componen, y que además procederán a la destrucción de corrales, cercas y casas de habitación”.
Esta orden representa para este campesino un “desplazamiento forzado” por parte del mismo Estado. Después de soportar la presión de grupos guerrilleros y paramilitares por décadas, ahora observan cómo le quieren quitar sus tierras adquiridas legalmente. Más de 300 familias se han visto afectadas por el informe del Incoder.