La sombra militar que persiguió a Jaime Garzón

Alfredo y Marisol, hermanos del periodista asesinado Jaime Garzón. /Gustavo Torrijos

Antes de ser asesinado el 13 de agosto de 1999, el periodista Jaime Garzón Forero había volcado todos sus esfuerzos en evitar que lo mataran. En su espalda ya cargaba el peso de saber que el extinto comandante paramilitar, Carlos Castaño, lo había declarado objetivo militar por la gestión humanitaria que adelantaba con la gobernación de Cundinamarca para la liberación de secuestrados del Eln. A ojos de Castaño, Jaime Garzón no era más que un guerrillero disfrazado de civil. Sin embargo, el periodista estaba empeñado en lograr que le perdonaran la vida.

Tres días antes del homicidio, Garzón fue hasta la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde se encontraba el también jefe de las autodefensas Ángel Custodio Gaitán, con el fin de lograr una comunicación con Castaño y convencerlo de que no lo matara. Aún así la orden ya estaba dada y el plan configurado: cinco disparos a muy corta distancia segaron la vida del humorista político y callaron para siempre sus críticas. Si bien no era difícil intuir que podría tratarse de un crimen fraguado por los paramilitares, se necesitó más de una década para establecer que existió la complicidad de altos mandos militares.

“Lo que se ha reunido probatoriamente hasta el exceso indica que fue un asesinato hecho a solicitud de altos mandos militares, con la colaboración de militares en servicio, con recursos y personal del Estado. Además, lo dramático del caso de Jaime es que fue un crimen anunciado, un crimen que él trató de detener cuando habló Rafael Pardo para que intercediera ante los militares, cuando pidió citas y no tuvo éxito con Mora Rangel, cuando habló con Rito Alejo del Río. Todas las acciones tratando de salvar su vida son muy reveladoras”, sostuvo Alfredo Garzón, hermano de Jaime, el pasado viernes.

Precisamente, esta semana la Fiscalía llamó a juicio al entonces jefe de inteligencia de la Brigada XIII, coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por el asesinato de Jaime. El ente investigador lo acusó de homicidio agravado, pues “utilizó su autoridad y cargo” para ordenar seguimientos en contra del periodista, vigilarlo, hostigarlo y, finalmente, acabar con su vida, bajo un acuerdo mutuo de colaboración un grupo armado ilegal como lo eran en su momento las Autodefensas Unidas de Colombia. En pocas palabras, lo que la Fiscalía intenta demostrar es que a Jaime Garzón lo mataron los paramilitares en colaboración con Plazas Acevedo, quien incluso manejaba el alias de ‘Don Diego’.

El testimonio de paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevo Pisca’ e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’ y del guerrillero detenido en la Brigada XIII para 1999, Darwin Lisímaco Betancourt Muñoz, le permitieron a la Fiscalía armar el rompecabezas de la responsabilidad de Plazas Acevedo en el asesinato de Jaime Garzón. Betancourt Muñoz, quien oficiaba como informante del Ejército para operaciones y capturas contra guerrilleros, sostuvo en enero de 2010 que en una ocasión lo citó el coronel (r) Plazas Acevedo en una oficina de la Brigada y le mostró los videos de los seguimientos que le hacían a Jaime Garzón. En uno de ellos se le veía saliendo del barrio Nazaret, en Bogotá.

"En esos videos yo vi a Jaime Garzón con botas de caucho y la ropa embarrada subiéndose a una camioneta como verde oscuro o azul oscuro o gris, estaba en medio de una neblina allá en Nazaret que queda en Usme", sostuvo. Luego Plazas le pidió a Betancourt que judicializara al periodista, esto es, que aportara pruebas contra Garzón y dijera en la Fiscalía que él tenía vínculos con las Farc. El informante se negó, incluso después de que le ofrecieron dinero: "me decían que negociáramos, que si era por plata les dijera, yo les manifesté que no me interesaba tener más enemigos".

En esa reunión también estaba el mayor Mario Duarte, de quien dijo Betancourt que tenía la expresa función de seguir a Jaime Garzón las 24 horas del día y debía saber siempre dónde se encontraba. Su jefe directo era Plazas Acevedo y en su oficina, señaló Betancourt, era donde se fraguaban los seguimientos. 'Huevo Pisca', por su parte, señaló que a órdenes de Plazas Acevedo puso a dos de sus hombres: José Huber Coca, alias 'Camilo Coca' y 'Graciano Goez'. Las autodefensas pagaban el salario de éstos dos últimos pero de quién recibían órdenes era del coronel (r).

"Camilo Coca era el comandante urbano de la región de La Mesa (Cundinamarca) adscrito al Bloque Centauros y Gracia o Goez se desempeñó como patrullero de ese mismo Bloque para el año de 1998 (...) Sujetos que se dedicaban a perpetrar actividades delictivas a órdenes" de Plazas, se lee en la resolución de acusación. Precisamente, con el testimonio de 'Huevo Pisca' se confirma, para la Fiscalía el vínculo entre el grupo armado ilegal de las autodefensas y la sección de inteligencia de la Brigada XIII.

'Don Berna', quien reveló los vínculos del exsubdirector del desaparecido DAS José Miguel Narváez, sostuvo que antes de 1997 Carlos Castaño "transitaba tranquilamente por la ciudad de Medellín identificándose con un carnet (sic) como miembro del B-2, órgano de inteligencia adscrito al Ejército colombiano". Y añadió que después de que Narváez alecciona a Castaño sobre la necesidad de sacar del camino a Jaime Garzón y de entregarle una carpeta con la información sobre él, Castaño encomienda la tarea al grupo delincuencial La Terraza, quienes viajan a Bogotá "y con la ayuda de inteligencia militar hacen el seguimiento y hasta que toman... hasta que dan de baja al señor Garzón el día que iba hacia la reconocida emisora", es decir RadioNet.

Además, la Fiscalía también explicó en la resolución de acusación que antes de que la investigación "fuera desviada por los funcionarios del DAS" se había logrado establecer que el móvil del homicidio de Jaime Garzón fue su gestión humanitaria y que era víctima de seguimientos por parte de la inteligencia militar. Frente a esta situación Sebastián Escobar, abogado de las víctimas en el proceso contra Plazas Acevedo, sostuvo que "hay un esfuerzo por reconducir unas investigaciones que en un primer momento habían sido desviadas por informes de Policía Judicial elaborados por el DAS. Y que debido a eso habían tomado una ruta totalmente diferente a la que hoy conocemos".

Precisamente, Luis Guillermo Pérez, también apoderado de las víctimas sostuvo que "esa connivencia militares-paramilitares no era algo casual, no era algo esporádico, no era que se tratara de unas manzanas podridas del Ejército que de manera irregular decidieron actuar contra la vida de Jaime Garzón. No. Estamos hablando de un aparato de Estado donde además participa el Ejército y el DAS. Y el DAS decide desde el primer momento desviar la investigación. Ahora hay que profundizar sobre eso. Nuestra hipótesis es que el desvío de la investigación hacía parte del plan criminal y eso tendrá que demostrarse en los tribunales de justicia".

En pocas palabras, para los representantes de la familia de Jaime aún hay responsables de su crimen que no han sido vinculados al proceso. Marisol Garzón, su hermana, manifestó que "para nosotros como familia es doloroso que este país lo único que ha hecho es enlodar su nombre, no ayudar a encontrar la verdad porque había más de 40 hipótesis y sencillamente se casaron con la que el DAS había montado". Una posición que su hermano Alfredo remató diciendo: "queremos que el Estado deje de proteger a los asesinos de mi hermano y nos dé el derecho que tenemos a la verdad y a la justicia".

Precisamente, Plazas Acevedo está prófugo desde el 24 de julio de 2003 cuando se escapó de la Escuela de Artillería en Bogotá, donde purgaba una condena de 40 años. Según Jorge Cruz Aragón, integrante del grupo B-2 de Inteligencia de la Brigada XIII para el momento de los hechos, en la fuga de Plazas Acevedo participaron paramilitares al mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias 'El Águila', quien operaba en Cundinamarca. "Les pregunto al Ejército y a la Cancillería que por favor nos digan cuáles son las acciones de policía que se han hecho desde el año 2003 para dar con el paradero de Plazas Acevedo, de lo contrario esto va a seguir siendo una burla a la familia, a la sociedad colombiana, al periodismo, al pensamiento crítico de este país", sostuvo Alfredo Garzón. La Fiscalía reiteró la orden de captura librada en diciembre pasado, cuando también pidió a la Interpol su captura. Hasta ahora su paradero sigue siendo un misterio.

La muerte de Jaime Garzón no es el primer crimen en el que Plazas Acevedo ha sido salpicado: fue condenado a 40 años por el secuestro y asesinato del industrial de origen israelí, Benjamín Khoudari, asesinado el 1 de enero de 1999 luego de ser raptado dos meses antes cerca de la fábrica que tenía. El secuestro lo perpetraron delincuentes comunes y miembros de inteligencia de la Brigada XII, que estaban a cargo del coronel (r). De hecho, ‘Don Berna’, lo acusó de haber aportado la información para cometer el homicidio de Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Cinep asesinados en su residencia en Bogotá, en mayo de 1997. Tres crímenes cercanos al de Jaime Garzón.

Precisamente, en septiembre de 2003, la Procuraduría sostuvo en un fallo que Plazas Acevedo "como teniente coronel y jefe de inteligencia del B-2 de la Brigada XIII conformó y dirigió bajo el seudónimo de 'Don Diego' una bien organizada banda de plagiarios". El Ministerio Público lo sancionó con destitución y separación absoluta de las Fuerzas Militares, "por su participación dolosa en las desapariciones forzadas de Wilson Martínez Quiroga, Martha Cecilia Velásquez, en el secuestro extorsivo de Luis Antonio Castro, secuestro extorsivo y posterior homicidio de Benjamín Khoudari, incremento patrimonial injustificado, conductad éstas imputables por haber liderado una banda dedicada al plagio".

Por lo pronto, el rompecabezas del asesinato de Jaime Garzón deberá terminar de armarse en el juicio contra Plazas Acevedo. La familia del periodista está segura de que este es apenas el primer paso de un largo camino en descubrir a los altos mandos militares que ordenaron aniquilar la voz crítica de Jaime. Un camino que debe hacerse en tiempo un tiempo récord de cinco años, cuando prescribe el crimen. Por eso se oponen a la posición de la Fiscalía de no declararlo crimen de lesa humanidad.

mrincon@elespectador.com