Mediante un comunicado de prensa, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado rechazó las declaraciones entregadas por los voceros de las Farc que se encuentran en La Habana (Cuba) sobre el secuestro del general Rubén Darío Álzate, un cabo primero del Ejército y una abogada en hechos registrados el pasado domingo en el corregimiento Las Mercedes, zona rural de Quibdó, y otros dos soldados profesionales plagiados en el municipio de Tame (Arauca).
El jefe del Ministerio Público aseguró que no se les puede dar el calificativo de “prisioneros de guerra” en este caso, puesto que es evidente que se trata de un secuestro adelantado por el Bloque Iván Ríos de las Farc. Ordóñez manifestó que el Gobierno debe exigir la liberación inmediata de los dos militares y la civil.
“No se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra que dan las Farc al brigadier general, al cabo, a los soldados y a la abogada secuestrados. Dicha figura aplica a los conflictos armados internacionales, no en el caso de Colombia. Se trata de víctimas de un delito de secuestro”, precisó el órgano de control disciplinario frente a la declaración hecha por alias ‘Pablo Catatumbo’.
En el comunicado de cinco puntos le pide al Gobierno Nacional que no se deje doblegar ante los secuestrados, los cuales son utilizados como una carta de cambio por parte del grupo guerrillero. “No se puede ceder al chantaje del terrorismo”, precisó el jefe del órgano de control disciplinario al rechazar de manera tajante las declaraciones de las Farc en la mañana de este martes.
Aseguró que a la mesa de negociación se debe rechazar cualquier propuesta que no tena relación con el cese bilateral del conflicto, la desmovilización total y el desarme absoluto del grupo. “Se debe redoblar el esfuerzo militar contra ese aparato criminal. Es la hora de la firmeza, no de más concesiones. No se debe dar pie a decisiones que afecten el combate decidido contra la guerrilla”.
Ordóñez Maldonado aseguró que la libertad de los militares secuestrados y la civil se debe de hacer de inmediata y sin dilaciones. “Todos los sectores políticos y sociales deben unirse para rechazar la pretensión de las Farc de dilatar, con un proceso de conversaciones, la liberación de los secuestrados. No hay nada que negociar”.
Finalmente reiteró que la decisión del Gobierno de suspender las negociaciones de paz, próximas a cumplir dos años, debe mantenerse hasta que no se liberen a todos los secuestrados y no manifiesten su voluntad de renunciar al secuestro de policías “al secuestro como arma política; y cumpla con el compromiso de no realizar más secuestros extorsivo”.
“Se debe corregir el proceso. Estamos ante la oportunidad de corregir el proceso de La Habana. Se debe exigir a las Farc que tomen la decisión de renunciar a la violencia y que cesen las acciones criminales. Solo así la ciudadanía podrá respaldar los diálogos de paz”, concluyó el Procurador General que en diversas oportunidades ha manifestado la necesidad de implementar condicionamientos en este proceso de paz.