Un llamado de auxilio hizo al Gobierno Nacional el Consejo de Estado ante el estancamiento de muchas actuaciones y proyectos que ha provocado la falta de recursos en la jurisdicción contencioso administrativa, entre ellos demandas al acto electoral de marzo de 2010 y el plan de descongestión.
En virtud de la carencia de recursos, la Sala Plena convocó al presidente Juan Manuel Santos; al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, así como al titular de la Cartera de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, para evaluar de qué manera se puede solucionar la crisis presupuestal, que tiene en vilo el desarrollo de otros proyectos de suma urgencia.
Ante esta eventualidad, centenares de demandas contra las elecciones al Congreso en 2010, entre otros compromisos de la justicia, se encuentran inactivas, pues no se ha podido iniciar el escrutinio de las 35 mil mesas dispuestas en esa jornada en todo el país, por no disponer del dinero necesario para dar trámite a esa actuación.
Según el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, es tan grave la situación que ni siquiera se ha podido dar inicio al plan de descongestión de los despachos de la jurisdicción contencioso a los que se comprometido la colegiatura desde hace tres meses, una vez fue aprobado el nuevo Código Contencioso.
Esta nueva normatividad, principalmente, acogía la implementación de la oralidad, es decir, actuaciones netamente verbales y no escritas, que reducen los tiempos de cada demanda. Ante el rezago todavía existente en el sistema escrito, la Corporación debía implantar un plan para agilizar la dimisión de todas las demandas existentes a través de ese viejo mecanismo, con el fin de aprovechar al máximo el nuevo.
Según el Plan de Inversiones del Presupuesto General de la Nación, PNG, 2011, únicamente el 0,20 % del total del plan sectorial para la administración de justicia corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa; Mauricio Fajardo registró como un hecho preocupante el que la Rama solo tenga un peso del 1,4 en los recursos calculados por el Ejecutivo para gastos e inversiones del Estado en el presente año.