Con 21 votos a favor, Danilo Rojas se convirtió en el nuevo presidente del Consejo de Estado en las elecciones que se celebraron el pasado martes en la Sala Plena de la institución. Después de pasar cinco años como magistrado de la Sección Tercera, y de tratar temas especialmente de derechos humanos, Rojas llega a la presidencia con la idea de implementar una cultura de legalidad en el sistema judicial colombiano para mejorar la percepción que tienen los ciudadanos de las altas cortes. Es oriundo de San Antonio (Tolima), un pueblo que ha vivido de primera mano los estragos de la guerra (las Farc se tomaron en dos ocasiones la localidad) y por eso su esperanza en lograr la paz es genuina.
¿Cuáles son sus propuestas para realizar desde la presidencia del Consejo de Estado?
Antes de quedar como presidente, expuse unas ideas. Lo fundamental, tal vez por mi talante pedagógico, es cambiar la cultura en las regiones. Quiero aprovechar la elección de autoridades locales para liderar un proyecto que se llame “Cultura de la legalidad”, en donde les recordemos a las administraciones qué hacemos en el Consejo de Estado y por qué es importante que lo sepan. Nosotros somos sus jueces. Si lo logramos, uno de los beneficios más importantes es que logremos que las cosas se hagan bien y bajo la legalidad. Si eso es así, la gente no demanda y ahí tenemos la verdadera descongestión del sistema.
Pero el papel de los jueces, sobre todo de los consejeros de Estado, está muy lejana de las regiones.
Creo que con los planes de transparencia que desde el año pasado estamos trabajando en el Consejo, las cosas están empezando a cambiar. Es verdad que como jueces estamos alejados del ciudadano. Pero mostrando nuestro trabajo y rindiendo cuentas, podemos estar más en contacto con la ciudadanía. Qué mejor manera de hacerlo que mostrando resultados legales contundentes. Creo que además esto mejoraría la percepción negativa que tienen los ciudadanos hacia las instituciones. Tenemos un grave déficit en nuestra imagen.
A esa mala imagen se le suma el hecho de que los casos que llegan al Consejo de Estado son de 2000. ¿Cómo hacer para mejorar este represamiento de casos?
Una primera solución es tratar de detener el número de demandas. Por eso la legalidad aquí es fundamental. Esta es la medida a largo plazo, pues estoy seguro de que si en cuatro años analizamos esta situación, los jueces van a estar menos congestionados. Pero lo que podemos hacer desde ya es mirar el problema que está padeciendo el Consejo de Estado, pues aquí estamos viendo el éxito de la descongestión en los juzgados y tribunales, pero nos estamos represando con todos los casos en segunda instancia que llegan acá. Solamente en la Sección Tercera tenemos 16.000 procesos. Ya estamos en diálogos con el Gobierno para hacer una reforma, similar a la que hicieron en la Corte Suprema de Justicia, para tener unos magistrados alternos de ayuda.
¿Por qué le interesaría al Gobierno apoyar estas reformas?
Porque si evitamos que los procesos pasen tanto tiempo sin resolverse, estaríamos ahorrando en los costos económicos que aumentan con cada año de un caso sin sentencia. Por eso creo que el cambio debería ser un buen incentivo para el Ministerio de Hacienda. Además, es importante tener en cuenta que en un posible escenario de posconflicto las demandas por violaciones de derechos humanos corresponden al 90% de los procesos que recibimos en la Comisión Tercera. De alguna manera, al Gobierno le debería interesar que se resuelvan más rápido.
Hablando sobre la paz que se está negociando en La Habana (Cuba), ¿cree que un posible acuerdo congestionaría todavía más al Consejo de Estado?
De lo que conocemos hasta ahora, la infraestructura judicial que se tiene prevista para la potencial firma de la paz está muy orientada al tema penal, pero creo que todavía no está suficientemente claro el tema de las reparaciones. Si esto se lo dejan al Consejo de Estado, opino que terminaría en el desborde de trabajo de la corporación. Me parece que es necesario un diseño mucho más específico para tratar este tema.
¿Cuál sería su recomendación para resolver ese problema?
Podría ser que dentro del Tribunal Especial para la Paz existan salas especializadas para los asuntos de reparación y que estén separadas de la lógica del juzgamiento penal, que es completamente distinto. También podía estar separada del tribunal. Pero por ahora las dimensiones previstas en materia de trámite de casos todavía no están claras.
¿Cuál es su opinión respecto a que instituciones como el Tribunal Especial para la Paz vayan a contar con magistrados extranjeros?
Me parece que es una medida novedosa y audaz. Recoger experiencias internacionales, sobre todo de tribunales especiales como los de Yugoslavia, Ruanda y Núremberg, puede resultar importante a la hora de evidenciar los problemas que hay que evitar. Además, creo que estos jueces pueden enriquecer el debate que se necesita crear en el marco de la justicia transicional, en donde las condenas deben estar lo más apegadas a los principios de verdad, justicia y reparación.
¿Cuál podría ser el punto débil del Tribunal Especial para la Paz?
Pienso que sería la falta de fe de los ciudadanos con respecto a ejemplos que han ocurrido en el pasado y que no han sido buenos. Además, a esto hay que sumarle el dolor exacerbado de las víctimas que ahora viven las consecuencias de esto.
El año pasado el Congreso aprobó en último debate la reforma de equilibrio de poderes con la intención de acabar con la “puerta giratoria”. ¿Cree que es suficiente esta medida?
Esta fue una normativa que recogió jurisprudencia del Consejo de Estado y siempre celebraremos que el Gobierno y el Congreso tengan en cuenta nuestras ponencias para tomar decisiones. Creo que fue suficiente, pero siempre he creído que, ante cualquier normativa, hay que tener una convicción moral para cumplirla. Una norma nunca va a ser suficiente si no se está comprometido a cumplirla.
¿Cuál es su opinión sobre la imagen que dejan magistrados como Jorge Pretelt en las altas cortes?
A él se le está adelantando su juicio en términos constitucionales y legales. Me parece una situación desafortunada para la justicia y para la Corte Constitucional. Pero esto debe tener un trámite judicial con su debido proceso.
¿Qué consejo le daría?
Que crea en las instituciones y en los resultados que se puedan producir.
¿Estuvo de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura?
No. La Sala Administrativa de la Judicatura estaba muy bien diseñada. Lo que necesitaba era voluntad y una cultura adecuada para resolver sus problemas, especialmente los relacionados con el control de presupuestos y dineros. Creo que si se hubiera planteado una mejora en la elección de los miembros de esa institución, y así involucrar a profesionales que no fueran abogados, habría sido más sensato.
¿Pero entonces cree que esa fue una medida fácil para resolver el problema que tenía la corporación?
No creo que haya sido fácil. Puede que haya sido una medida muy bien pensada por parte del Gobierno.
Antes de acabarse el año, el Consejo de Estado suspendió el nombramiento de tres miembros del Consejo de Gobierno Judicial, pues, dijeron que no estaban claras las reglas en el concurso para ser elegidos. ¿Qué está pasando?
La responsabilidad nuestra es hacer todos los esfuerzos posibles para que el Consejo comience a funcionar. Pero no ha sido fácil. Con base en las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado, estamos revisando la posibilidad de rehacer los términos que la jurisprudencia indica para poder realizar una nueva convocatoria para empezar con la elección de los magistrados.
¿Cree que la Corte Constitucional debería hacerle control a la reforma de equilibrio de poderes o debería abstenerse?
Tiene que hacerlo. La respuesta judicial al tema es muy importante, porque hay aspectos importantes, como el límite de los poderes, en los que la Corte debería sentar su posición.
Usted está impedido en el caso de la reelección del procurador. Pero la situación de este caso es similar a la que tiene el proceso del exalcalde Gustavo Petro y el del contralor Edgardo Maya. ¿Por qué tanta demora?
Los tres casos están, de manera excepcional, en la Sala Plena y allí se tiene que respetar el turno de los demás procesos. Lo normal es que hubieran tenido un trámite normal en las secciones del Consejo, pero llegaron hasta esa sala que tiene 27 personas. Por eso la decisión requiere mucho tiempo. Pero el contrapeso de esa demora es que la sentencia tendrá la mayor legitimidad posible.
¿Cuál considera que ha sido el fallo más importante de su carrera como consejero?
El de las condenas por enfermedades intrahospitalarias. Es un tema muy delicada por el debate jurídico, ético y constitucional. Finalmente, ni el paciente ni la clínica tienen la culpa de las bacterias que pueden ingresar al organismo de cualquier persona. En este caso, fallamos a favor de los pacientes. Pero el debate fue muy fuerte.
¿Está el Consejo de Estado tan a bordo del bus de la paz como el magistrado Bustos en la Corte Suprema o Eduardo Montealegre en la Fiscalía?
En este sentido hay que tomar una decisión más colectiva. Por eso creería que independientemente de lo que pienso en este tema, es la vocería de la Sala Plena la que debería tomar una posición. Pero como ciudadano espero que haya la suficiente inteligencia y sensatez para tomar los procedimientos adecuados para acabar con la guerra. Me asusta que volvamos a ella, pues soy una víctima directa del conflicto. Un tío y unos primos fueron asesinados por la guerrilla en San Antonio (Tolima), el pueblo donde nací y me críe.