:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/avaW8ohuYnH8BujIplm9qeJ1sOI=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/EDHSKBYXE5BCDL2ELYZK4LQBKA.jpg)
El paro judicial ya completa un mes y una semana y el peor balance es el de la ciudadanía: cerca de 16.000 audiencias judiciales represadas, hacinamiento en cárceles y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país y miles de tutelas sin estudiarse son algunos de los efectos del cese de actividades declarado por una parte del movimiento sindical desde el pasado 9 de octubre. A pesar de ciertos acuerdos, las negociaciones entre el Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y los trabajadores siguen trabadas. Más cuando las pretensiones de estos últimos exceden los alcances de las finanzas públicas y desconocen los arreglos salariales fijados en 2012.
Hoy es un día clave para el futuro de cerca de 8.700 funcionarios de descongestión. Si los huelguistas no permiten su ingreso a los complejos judiciales, la orden emitida el pasado viernes por el Consejo Superior de la Judicatura, de prorrogar sus contratos hasta el comienzo de la vacancia judicial, que comienza el 19 de diciembre, no será efectiva. Es decir, el cese de actividades de Asonal terminaría obstruyendo el cumplimiento de su principal demanda al inicio del paro: la prórroga de las medidas y cargos de descongestión.
La posición del sindicato es férrea. “Entendemos esa decisión (la del CSJ) como una solución parcial. Del grupo de funcionarios de descongestión a los que se les renueva el contrato, quedaron por fuera 329 compañeros. Hay muchos que son de la huelga que cayeron allí”, dice Freddy Machado, líder de Asonal, quien sostiene que el paro continuará por “una cuestión de dignidad”, pese a la advertencia del CSJ en el sentido de prorrogar los contratos siempre y cuando los funcionarios puedan asistir a trabajar.
Hay puntos que se han vuelto un asunto de honor para Asonal y que hoy son incomprensibles para el Gobierno. El más controvertido de ellos tiene que ver con los salarios de los funcionarios judiciales, una discusión que se remonta a 2012 y que demuestra las fracturas del movimiento sindical y las limitaciones presupuestales del Estado.
Ese año, después de meses de paro, el Gobierno firmó un acuerdo con Asonal para nivelar los salarios de los funcionarios judiciales a través de bonificaciones que serían pagadas entre 2013 y 2018 por un valor total de $1,2 billones. Sin embargo, ese acuerdo no es reconocido por Machado, pues fue firmado por el presidente de Asonal Judicial, Sindicato de Industria, Luis Fernando Otálvaro, quien dice que representa al 65% de los trabajadores judiciales y que su organización no está de acuerdo con la continuación del paro.
“Eso no lo firmó el sindicato mayoritario. El gran error del Gobierno en la negociación de 2012 fue haber negociado con una parte del movimiento sindical. Esa discusión quedó abierta y lo que pedimos es una nivelación directa en los salarios, no lo que nos dieron, que fue una bonificación. Hay jurisprudencia que dice que si algo se paga permanentemente hace parte del salario”, afirma Machado.
Según conoció este diario a través de fuentes del alto gobierno, la petición de Machado es considerada “descabellada” por la Casa de Nariño, pues “si llegáramos a ceder tendríamos que desembolsar cerca de $6 billones por cuenta de parafiscales y seguridad social anualmente. Esa partida no puede ser incluida en el presupuesto (significa la mitad de la reforma tributaria) e implicaría desatender responsabilidades de primer orden del Gobierno. Además, ya estamos pagando las bonificaciones pactadas en 2012 y nos hemos comprometido con el crecimiento de la nómina judicial en cerca de un 20%”.
El crecimiento al que se refiere la fuente tiene que ver con la decisión tomada el pasado jueves de no continuar con las medidas de descongestión en 2015 y más bien invertir $500.000 millones en nuevos juzgados (300 magistrados y 700 jueces). Una disposición que, junto con los proyectos de ley para financiar y descongestionar la rama, es vista como un triunfo por la Asonal de Machado, quien pide que sus peticiones no sean reducidas a lo económico.
Según Asonal, otra de las razones para que siga el paro son las demandas de los trabajadores del Inpec, que instalarán hoy una mesa de diálogos con el Departamento para la Función Pública, y los de la Fiscalía, que mantienen un fuerte pulso con el fiscal Eduardo Montealegre (ver balcón). Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando que termine un paro que ha impedido el acceso al derecho a la justicia por más de un mes y que es rechazado por las demás organizaciones sindicales de la justicia y por abogados litigantes.
csegura@elespectador.com
@CamiloSeguraA