Ante la Sala Penal de la Corte Suprema, el fiscal sexto delegado aseguró que existe material probatorio suficiente para inferir que los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega coparticiparon de manera criminal al ofrecer dádivas y prebendas a un grupo de congresistas para que cambiaran su voto para favorecer el proyecto que buscaba la creación de la figura de la reelección presidencial en Colombia.
En su extensa intervención, el representante de la Fiscalía General indicó que los exjefes de las carteras de salud y política concurrieron en un común acuerdo al ofrecerles cuotas burocráticas a los representantes a la Cámara, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que votaran favorablemente.
"Con sus actuaciones los acusados propiciaron además la corrupción al poner precio a la función pública parlamentaria, y generaron que el mencionado tramite de reforma constitucional se surtiera con la intervención de dos parlamentarios que actuaron permeados por las promesas de alcanzar utilidades personales en lugar de hacerlo basados en sus propias convicciones como congresistas" precisó el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema.
Y es que para el representante del ente investigador, los exministros se extralimitaron en sus funciones y se fueron en contra de los fines de interés general que rigen para la actividad parlamentaria, desconociendo así el hecho de que los servidores deben estar al servicio del Estado y de la comunidad.
En este caso, según la Fiscalía, las notarias se convirtieron en una especie “botín, para que los favorecidos con ellas emplearan allí a sus amigos y recomendados", lo cual va en contra de los intereses de la sociedad.
Los alegatos finales fueron reprogramados para el próximo martes 20 de agosto y está programada la intervención del representante de la Procuraduría General de la Nación.