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Noventa y ocho días lleva detenida Susana Vásquez, una joven de 21 años que la Fiscalía vinculó a un proceso por su presunta participación en la estafa que realizó la empresa Thudercars a decenas de vendedores y compradores de vehículos en Bogotá. Su tragedia empezó el pasado 17 de marzo cuando funcionarios de la Sijín llegaron a su apartamento para detenerla y registrar el lugar en busca de evidencias. Ella, que trabajó apenas tres meses en esa compañía, está señalada de los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir. Desde la cárcel El Buen Pastor le dio su versión a El Espectador. Dice ser inocente.
Susana entró a trabajar a Thudercars para reemplazar a una amiga. Allí cumplía funciones de secretaria, sacaba fotocopias y hacía los oficios que su jefe le encomendaba. Ella asegura que “el máximo contacto que tenía con los clientes era pasarles un vaso de agua o un tinto, o que los asesores me pidieran el huellero o un papel. A mí me tocaba imprimir los contratos, que eran un formato que ya estaba en el computador, lo ponía en una tabletica y se lo pasaba a los asesores”. Su relato es angustiante.
La Fiscalía ordenó su captura y la de otras personas luego de que 31 denunciantes señalaran a Thudercars por el incumplimiento de igual número de contratos entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Cuentan las víctimas que su drama empezó cuando publicaron avisos anunciando la venta de sus vehículos. Héctor Iván Gómez Leguizamón, el representante legal de Thudercars y jefe directo de Susana, los contactó y les aseguró que el concesionario estaba en capacidad de venderlos rápidamente. Interesados en concretar el negocio firmaron un contrato de consignación y entregaron su automóvil. Cuando Gómez les dijo que había surgido un comprador suscribieron un contrato de compraventa, tras lo cual recibieron el 10% del valor del carro y autorizaron su traspaso. Nunca les pagaron el 90% restante.
Similar situación vivieron las personas que, ilusionadas, acudieron a ese concesionario para comprar un carro. Gómez les dijo que les recibía un vehículo usado como parte de pago y que el resto se lo podían pagar en efectivo. La empresa les entregaba uno nuevo y les aseguraba que más tarde les proporcionaría los documentos del traspaso. Jamás ocurrió. La Fiscalía ha calculado las pérdidas de las víctimas en $420 millones.
Thudercars fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de junio de 2012 como una sociedad dedicada al comercio de vehículos usados, con un capital autorizado de $10 millones. Aunque Héctor Iván Gómez era la cabeza visible de la compañía, los verdaderos dueños, según la Fiscalía, eran los esposos Astrid Morales y Yaisson Ríos. Este último también figura como liquidador de Autos Mónaco Ltda., una empresa que poseía dos establecimientos comerciales: Autos Mónaco y Sahara Motors, destinados a la compra y venta de automotores nuevos y usados. A partir de 2001 Ríos se dedicó al comercio de vehículos con las empresas Autos Mónaco, Automóviles Usados y Taxi Plan, aunque estas últimas no están registradas en la Cámara de Comercio.
Entre septiembre de 2005 y enero de 2010 Ríos, quien es abogado con tarjeta profesional vigente, estafó a 41 personas a través de sus concesionarios, por lo que un juez de Bogotá lo condenó en 2011 a 6 años de prisión por el delito de estafa agravada. En marzo de 2012 el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme esa decisión. Además, Ríos debe $8’658.900 por 22 multas de tránsito que van desde estacionar en un sitio prohibido hasta conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Astrid Morales, por su parte, adeuda $9’073.630 por 22 comparendos.
Según la Fiscalía, pese a haber sido condenado por estafa, Ríos planeó un nuevo fraude, esta vez con Thudercars. Luego de investigar las denuncias, ordenó su captura, la de su esposa y la de sus antiguos empleados: Héctor Iván Gómez, Orlando Mendoza y Jenifer Paola Rodríguez. Sorprendentemente, también ordenó las capturas de Jonathan Torres , un joven cuya única labor era mover los carros que estaban en el concesionario, y Susana Alejandra Vásquez, quien trabajó entre marzo y mayo de 2013 como secretaria. Aun así la Fiscalía está convencida de que Susana —la secretaria, la niña de 21 años que llegó como reemplazo, la que sacaba fotocopias— también hizo parte de “una organización que se constituyó exclusivamente para estafar”.
Las dudas en su caso son muchas. Fuentes cercanas al proceso opinan que la Fiscalía ordenó la detención de Susana y Jonathan para “presionarlos”. Pero ella dice no saber nada. Su abogada sostuvo que la Policía no halló ninguna prueba en su contra en el allanamiento a su casa. En cambio, en las casas de los demás detenidos las autoridades encontraron cheques, recibos de consignación, oficios con membrete de MB Automóviles y Taxi Plan, y letras de cambio a orden de Capital Motors —una empresa con más de 150 denuncias por estafa—.
La defensora de Susana apeló hace poco la medida de aseguramiento. En su escrito le dijo a la jueza Teresita Barrera que su cliente es “inocente” y que no hay evidencias para procesarla. “Ella no va a obstruir la justicia, porque sencillamente no tiene motivos para hacerlo”, aseguró su abogada. Barrera —quien dejó en libertad el pasado 9 de junio al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda en medio de una ácida confrontación con el fiscal Eduardo Montealegre— aún no se ha pronunciado sobre esta apelación.
Cristian Hernández lleva 14 semanas reivindicando la inocencia de su novia Susana. Cuenta que en la audiencia de imputación, su exjefe Héctor Iván Gómez “se le acercó a ella y le dijo: ‘yo voy a declarar a favor tuyo, porque sé que tú eres inocente y no tienes nada que ver’”. Una declaración que sería clave para demostrar su inocencia, pero hasta ahora ha sido imposible obtenerla. Fuentes que pidieron el anonimato aseguraron que Gómez, quien aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, ha sido víctima de sucesivos intentos de homicidio, lo que haría pensar que el caso Thudercars es sólo la punta del iceberg de una gran empresa criminal consagrada a la estafa y a la comisión de otros delitos. De hecho, una víctima de esa compraventa le dijo a la Fiscalía que uno de los tantos días que fue a reclamar su dinero, Gómez llamó a una tercera persona que lo amenazó y le dijo: “Se está metiendo con los de la Oficina de Envigado, ¿quiere que lo mandemos callar?”.
Susana asegura que nada sabe de intimidaciones. Tampoco de la estafa por la cual hoy está en prisión. Cuenta que como puede sobrevive a las duras condiciones que padece cualquier reclusa en esta Colombia de cárceles hacinadas y que confía en probar su inocencia. “Al principio entré al patio 1, estaba aterrorizada porque ahí es donde están las personas de psiquiatría. Ahora estoy en el patio 5, donde llegamos a ser 4 personas en una celda de 2 x 4 metros. Somos 4 mujeres en una celda para dos”.
El Espectador contactó a la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, Carmen Torres Malaver, con el fin de conocer su posición frente al tema. La funcionaria contestó que la investigación tenía reserva judicial. Las presiones por judicializar a los responsables de las estafas que realizó Thudercars podrían estar asociadas con la impunidad con que operan este tipo de negocios en Bogotá, donde el ente acusador ha designado tres fiscales para investigar alrededor de 1.500 denuncias por ese delito.
Entre tanto, Susana y su familia sienten que han pagado los platos rotos del proceso y esperan que la justicia actúe rápidamente para que ella pueda recuperar su libertad. Con la voz entrecortada, dice que lo más duro ha sido mentirle día tras día a su mamá, que sufre de esquizofrenia y vive en Popayán. “Para que ella no se preocupe, me toca llamarla todo los días y decirle que estoy bien, que se han presentado inconvenientes, pero que estoy bien”. Por ahora resiste las rutinas propias de vivir tras los barrotes, con una acusación a cuestas, en medio del hacinamiento, la mala comida y los horrores propios de una prisión. Ella confía en que el tiempo decantará las evidencias y que pronto volverá a abrazar a los suyos. Ella, insiste, solo servía tintos y sacaba fotocopias. Y, como si la tragedia ya no fuera tanta, ¡nadie le pagó las últimas dos semanas que trabajó en el concesionario!