Ya llegaron a la Fiscalía las siete resoluciones oficiales que avalan la extradición a los Estados Unidos de los taxistas implicados en el crimen del agente de la DEA James Terry Watson, asesinado el 21 de junio de 2013 cuando intentaba escapar de un paseo millonario. Con estos documentos, que fueron expedidos por la Presidencia, el traslado a Estados Unidos de Edwin Figueroa, Wilson Peralta, Ómar Valdés, Andrés Oviedo, Héctor López, Julio Gracia y Édgar Bello Murillo, alias Payaso, es inminente. Tanto así que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo confirmó que estas personas serán puestas a disposición de las autoridades norteamericanas la próxima semana. En concreto, la extradición pedida por una corte de Virginia (EE.UU.) está lista.
Este escenario se presenta luego de que el pasado 3 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera la demanda interpuesta por la defensa de los taxistas para frenar el traslado. Precisamente, el objetivo de la acción es que el tribunal internacional dicte medidas cautelares y así suspender la extradición de los implicados, bajo el argumento de que el crimen se cometió en Colombia y, por tanto, deben ser procesados por la ley del país. En abril de este año la Comisión ya había pedido al gobierno Santos información sobre el proceso, pues al empezar ese mismo mes la Corte Suprema de Justicia le había dado luz verde al traslado.
En consideración de los nueve magistrados de la Sala Penal del alto tribunal, James Terry Watson tenía la calidad de “persona internacionalmente protegida”, al ser miembro del cuerpo diplomático estadounidense, una condición que le permite al país norteamericano solicitar la extradición de los responsables para juzgarlos bajos sus leyes, a pesar de que los hechos hayan ocurrido en Colombia. “Por tratarse de un atentado contra una persona internacionalmente protegida, el delito debe considerarse cometido no solamente en el lugar donde se desarrollaron materialmente los hechos, sino también en el territorio de los Estados Unidos de América, cuyo Estado, por razón del principio de protección, tiene derecho a reclamar jurisdicción para investigar y juzgar la conducta que afectó intereses esenciales suyos”, asegura el fallo de la Corte Suprema.
Además, los delitos de concierto para secuestrar, secuestro, asesinato de una persona con protección internacional y asesinato de un funcionario de los Estados Unidos, de los que son acusados los siete taxistas, también “activan los instrumentos internacionales de la víctima”, según explicó en su momento el presidente del alto tribunal, Fernando Castro. Esta decisión de la Corte fue sancionada por la Presidencia el 10 de abril pasado.