Defensores de derechos humanos denunciaron que la Alcaldía de Barranquilla y la Policía adelantan una diligencia de desalojo irregular de 43 familias en la finca El Tamarindo, ubicada en las inmediaciones con el municipio de Galapa, bajo el argumento de que existe una orden del defensor delegado para Asuntos Constitucionales que prohibía realizar estos procedimientos mientras la Corte Constitucional no resolviera una tutela. El lío comenzó desde hace tres años, cuando los terrenos entraron hacer arte de la jurisdicción de la administración de Barranquilla y fueron fichados como posibles territorios para construir el proyecto Zofia: Zona Franca Internacional del Atlántico.
Desde esa época los propietarios buscaron la forma de recuperar las tierras en las que por más de 12 años vivieron familias campesinas y desplazadas. Según el reverendo Jairo Barriga, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, el proceso de recuperación de la finca El Tamarindo, compuesta por cuatro parcelas –Lote 4, Natasha, Bethyala y El Mirador–, se dio porque el uso del suelo de esos predios cambió cuando entraron hacer parte del proyecto de expansión de la alcaldía de Barranquilla. Su precio incrementó inmediatamente desde que se conoció que Zofia podría ser construido en esos lotes.
Las más de 100 familias crearon la Asociación de Trabajadores del Campo, que junto a organizaciones de derechos humanos buscaron la forma buscar una salida dialogada al problema. Según Barriga, el proceso estaba siendo acompañado por organizaciones derechos humanos como Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Iglesia Presbiteriana de Colombia, FOR (una organización para la reconciliación), Amnistía Internacional, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos con su programa de acompañamiento para la paz, la embajada Británica y la embajada de Estados Unidos.
Barriga agregó que se venía desarrollando un diálogo para conciliar y buscar una salida que contemplara los tres principios de la ley de tierras y víctimas: voluntariedad, dignidad y permanencia. Explicó que junto a la abogada de los propietarios se había pactado la reubicación de las familias en 30 hectáreas distribuidas en distintos predios en el Atlántico. “Sin embargo la medida debía ser integral. No solo era la entrega de 30 hectáreas sino la construcción de las viviendas, infraestructura de saneamiento básico y el apoyo a proyectos de desarrollo agrícola sostenible, respetando la vocación que tiene la comunidad”, puntualizó el reverendo Barriga.
El defensor de derechos humanos explicó que el proceso de diálogo se frustró con la diligencia de desalojo que se estaba llevando a cabo porque se desconocieron las órdenes de la Defensoría del Pueblo que existían sobre el tema. Según Barriga, el defensor delegado para Asuntos Constitucionales emitió un comunicado en noviembre pasado a la Alcaldía de Barranquilla y al Inspector Cuatro de Policía en el que les decía que debían parar los desalojos mientras la Corte Constitucional resolvía una tutela que interpuso la Asociación de Trabajadores del Campo.
La acción fue presentada en octubre ante un juzgado en Barranquilla que la rechazó. Se apeló la decisión y la tutela fue remitida a la Corte Constitucional que, según Barriga, aceptó su estudio el pasado mes de noviembre. El reverendo aseguró que la medida tomada por las familias desalojadas se dio ya que anteriormente se habían presentado 42 procedimientos de desalojo y nada se había podido hacer. Añadió que este la diligencia que se está desarrollando este miércoles 9 de diciembre había sido suspendida en dos oportunidades ya que la Policía no tenía uniformados disponibles.