¿“Tiro en el pie” en el caso Luis Gustavo Moreno?

Luis Gustavo Moreno Rivera, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. / El Espectador

Aunque muchos dan como un hecho la extradición a los Estados Unidos del exfiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno Rivera y del abogado Leonardo Pinilla, nada puede darse por descontado en esta Colombia santanderista. Fuentes cercanas a los procesados le confirmaron a El Espectador que los hechos por los cuales fueron requeridos por una corte del distrito sur de La Florida son los mismos por los cuales están siendo procesados en Colombia: en esencia, beneficiar al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a cambio de $400 millones. De hecho, el abogado Francisco Bernate —quien acompañó a Moreno durante la audiencia de imputación de cargos el pasado 14 de julio, pero que renunció tras la diligencia— calificó la imputación a Moreno y el indictment de Estados Unidos como “muy similares”.

Y eso, en materia jurídica, puede enredar el proceso de extradición de Moreno y Pinilla, pues nadie puede ser condenado por los mismos hechos en Estados Unidos y en Colombia. Pero hay más. Este diario revisó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición y descubrió otra perla que está siendo analizada con lupa por los abogados de Moreno y Pinilla. Según el alto tribunal, la extradición no procede si hay una condena en firme, pues ello significa que en Colombia ya se habría impartido justicia. El 22 de junio de 2016 la Sala Penal de esa corporación señaló al respecto: “Tratándose del principio non bis in ídem, la Corte ha venido sosteniendo que éste puede erigirse en causal de improcedencia de la extradición solo si para el momento en que se emite el concepto (por parte de la Corte) existe cosa juzgada”.

En palabras castizas, la Corte Suprema ha dicho que si hay una sentencia en firme por los mismos hechos en Colombia, la figura de la extradición a otro país no puede avalarse. Asimismo, el alto tribunal ha asegurado que si esta condena se da como resultado de una aceptación de culpabilidad o preacuerdo, tampoco procedería la extradición siempre y cuando se demuestre que dicha confesión de responsabilidad del procesado “fue libre, consciente y voluntaria”. En ese contexto, cuentas en mano, la pregunta que hoy se hacen los abogados de Pinilla y Moreno es si sus clientes pueden ser sentenciados por la justicia colombiana antes de que la Corte Suprema revise esas extradiciones. La respuesta es que sí. Moreno, de hecho, ya aceptó su culpabilidad, pero un magistrado no la aprobó porque lo hizo alegando que se sentía presionado por la Fiscalía.

Aun así, se calcula que para noviembre próximo sea acusado formalmente por la Fiscalía y en esa oportunidad el exjefe de los fiscales anticorrupción podría aceptar nuevamente su responsabilidad. Y de ahí a que se formalice una condena, el tiempo es mínimo. En el caso de Leonardo Pinilla, cuya audiencia de imputación de cargos se realizará este martes 1° de agosto, las cuentas de una eventual sentencia podrían ser menores si ese día acepta los cargos. ¿Lo hará? Consultamos a su abogado, Jesús Albeiro Yepes. “La estrategia de esta defensa en relación con la posibilidad de acudir a un trámite de extradición rápido o defendernos ante la Corte, realmente va a depender de la imputación que nos formulen la próxima semana, y si los hechos esbozados por la Fiscalía son los mismos de la petición de extradición de los Estados Unidos”.

El abogado Yepes añadió: “Para nosotros está claro que los hechos no pueden ser divididos y juzgar unos en Colombia y otros en Estados Unidos, cuando estamos hablando del mismo acontecimiento fáctico”. Con otra particularidad: si Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla quisieran una extradición exprés, tendrían que hacerles saber a sus abogados que quieren esa figura para acelerar su envío a los Estados Unidos. El lío es que en promedio este tipo de extradiciones duran entre 15 y 18 meses, es decir, tiempo más que suficiente para que antes de irse a los Estados Unidos puedan ser juzgados y condenados en Colombia. ¿Será esa su estrategia para capotear un destino inminente en una cárcel de Florida? Nadie lo confirma, pero tampoco nadie lo desmiente. “Es una posibilidad que estamos examinando, como otras”, refirió Yepes.

Abogados consultados señalaron que quizá el organismo investigador no calculó bien que haber procesado a Moreno y a Pinilla en Colombia podría convertirse de tas-tas en una salida jurídica para ellos para eludir la extradición. El Espectador consultó a la Fiscalía sobre este tema. Voceros de la entidad señalaron que los cargos imputados a Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla en los Estados Unidos son distintos a los delitos que se les endilgaron en Colombia. Por esa razón insistieron en que no debe haber ningún inconveniente en el trámite de extradición. “Todo se ha hecho de forma coordinada con Estados Unidos. No hay ninguna posibilidad de que esos señores no terminen en una cárcel norteamericana”. En la otra orilla, y con la jurisprudencia en mano, expertos sostienen que la cosa no sería tan fácil. Y agregan: “Lo que parecía una sencilla extradición por unos hechos muy graves de corrupción, se puede terminar enredando gracias a la misma Fiscalía”.

¿Será así? Todo depende de las cartas que destapen en los próximos días Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla. Entre tanto, poco ha vuelto a oírse del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Sigue sin saberse si regresará a Colombia, mientras en Florida insiste en su papel de víctima. ¿Y del cartel de la hemofilia qué? ¿Y qué de los contratos de ciencia y tecnología? ¿Y el expediente por el crimen del director de regalías Jairo Zapa? Las preguntas rondan. Las claves del futuro de Lyons están más cerca de Miami que de Bogotá.

El principio de oportunidad que tendría Lyons

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, pieza clave para capturar al exfiscal Luis Gustavo Moreno, podría recibir un principio de oportunidad a cambio de suministrar información a la justicia por los hechos de corrupción que se habrían dado en ese departamento. “Sería muy conveniente un principio de oportunidad sobre la base de acceder a información de la cual carece la justicia colombiana, en beneficio de la integridad ética de los servidores públicos, particularmente de ese departamento (Córdoba)”, sostuvo en su momento el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Sin embargo, fue el propio fiscal quien manifestó que, en caso de un eventual principio de oportunidad al exgobernador, no habrá impunidad y que la inmunidad “no será total”. En mayo pasado el organismo investigador anunció que le imputará a Lyons 20 delitos porque, supuestamente, durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015) participó en el despilfarro de las regalías en ese departamento.