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El pasado jueves 10 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos envió al Congreso la lista con sus nueve candidatos para ocupar un asiento en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el nuevo órgano que reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Esta Comisión fue el único órgano nuevo que se salvó de la polémica reforma al equilibrio de poderes, iniciativa del gobierno Santos que contemplaba importantes cambios para la Rama Judicial en el país. La propuesta fue desmantelada en la Corte Constitucional cuando la eliminación de la Sala Administrativa de la Judicatura (que maneja el presupuesto y la nómina de la rama) y la Comisión de Acusación, dos puntos clave, no pasó el examen de constitucionalidad.
El presidente era el único que faltaba por enviar sus tres ternas para la elección de los siete integrantes de la Comisión de Disciplina Judicial, que serán quienes juzgaran a jueces y abogados e impondrán sus sanciones de hacerse necesario. El Consejo Superior de la Judicatura había enviado las cuatro ternas que le correspondían hace poco menos de un mes.
En su primera terna, el presidente Santos opcionó a Elizabeth Martínez Barrera, Óscar Germán Martínez y Gloria Marcela Abadía Cubillos. En su segunda lista, postuló a Germán Lozano Villegas, Gloria María Arias Arboleda y Alonso Clavijo González y en la tercera a Jaime Raúl Ardila Barrero, Martha Cristina Pineda Céspedes y Juan Diego Castrillón.
El nombre de Martha Cristina Pineda Céspedes, esposa del expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, no pasó inadvertido. Si la Comisión de Disciplina Judicial es la llamada a juzgar sancionar jueces, resulta controversial que una de las postuladas sea la esposa de quien ocupara la presidencia de una de las altas cortes.
Con la llegada de las tres ternas presidenciales, el Congreso está listo para elegir a los primeros integrantes de este nuevo órgano de la Rama Judicial. Elección que a todas luces resulta urgente, pues tres de los magistrados que componen la sala disciplinaria de Consejo Superior de la Judicatura –el órgano que será reemplazado – están en periodo extendido, pues ya cumplieron ocho años en sus cargos. Esta situación tiene en interinidad (parados) miles de procesos contra jueces y abogados de todo el país.