“Todo lo ocurrido es muy sorprendente”: Martha Lucía Zamora

Martha Lucía Zamora es actualmente directora administrativa de la JEP. / Cristian Garavito

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

En concreto, ¿sobre qué materias la interrogó el fiscal que la llamó a interrogatorio?

Básicamente, todas sus preguntas giraron alrededor de los permisos de salida del país de los exguerrilleros, concedidos por el exsecretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa, entre diciembre de 2017 y abril de este año.

¿Qué tuvo que ver usted con esos permisos?

Como durante un tiempo fui coordinadora jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, junto con un equipo que conformé elaboramos un formato para autorizar las salidas del país de unos comparecientes, en diciembre de 2017. Esa forma no existía, a pesar de que se había pactado y reglado que quienes se acogieran a la JEP podrían obtener esos permisos de viaje al exterior con el lleno de algunos requisitos. La primera de las autorizaciones se le concedió a Jesús Santrich, quien manifestó que iba a recibir un tratamiento médico en La Habana. En ese momento, la Secretaría todavía era competente para conceder tales permisos, en virtud de la Ley de Amnistía y del decreto 2125 de 2017. Después perdió esa competencia porque fue asumida por los magistrados cuando los eligieron.

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¿Cuáles otros permisos se tramitaron?

Conocí el de Santrich porque cuando asumí las funciones de la dirección administrativa, en enero de este año, la tarea de verificación y revisión de los documentos para conceder esos permisos quedó en cabeza de Néstor Raúl Correa. Solo hasta el 2 de abril siguiente se me consultó uno, a propósito de la petición de la Oficina del Alto Comisionado para que Pastor Alape pudiera asistir a los diálogos de paz en Quito. Les dije que, para ese momento, la Secretaría ya no tenía competencia. Sin embargo, se lo concedieron.

¿Por qué? ¿El doctor Correa dio permisos cuando ya no tenía competencia, incluido el del responsable del atentado al club El Nogal, que causó tanto rechazo en la opinión?

Concedió todos los permisos hasta el 2 de abril, o tienen su firma. Pero él asegura que no los autorizó.

¿Cómo pueden tener la firma del secretario y no contar con su autorización?

El doctor Néstor Raúl dejó alrededor de 20 formatos firmados en blanco, en enero de este año, para que se utilizaran si se requerían en su ausencia, obviamente con su consentimiento. Cuando el permiso a Arellán se criticó en la prensa, ya el doctor Correa se había retirado. Ante esos cuestionamientos, en la JEP se consideró apropiado poner todos los documentos en manos de la Procuraduría, para que los examinara y verificara si habían sido autorizados por el secretario, como lo manifiestan los dos contratistas de la JEP que la Fiscalía también llamó a interrogatorio.

¿Por qué y cuándo la Fiscalía empieza a investigar el caso que estaba en la Procuraduría?

El día en que me interrogó el fiscal le pregunté eso mismo. Fue cuando me enteré, por lo que me respondió, que Néstor Raúl Correa había presentado una denuncia ante el despacho del fiscal general por el presunto delito de falsedad ideológica cometido supuestamente en la JEP.

¿El doctor Correa, su antiguo colega, la denunció a usted y a los dos abogados de su oficina?

No lo sé porque no vi el escrito, pero debió hacerlo porque fue a nosotros a quienes llamaron a interrogatorio.

Entonces, ¿este caso se inicia, paradójicamente, por la primera persona que llegó a conformar la estructura de la JEP?

Sí.

Me sorprende mucho. ¿Cree que la denuncia de Correa tiene relación con el posible disgusto que él sufrió por la forma abrupta en que salió de la JEP, enfrentado con los magistrados que llegaron después de que él manejaba todo?

Estoy casi segura. Para mí, su denuncia refleja el resentimiento con que él, desafortunadamente, se retiró. Otro indicio de que puede ser así es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la JEP y que acaba de recibir mi oficina. Afirma que no renunció sino que fue obligado a renunciar. Por esto creo que su denuncia penal contra nosotros es una manifestación de su disgusto y, también, una forma de defenderse en la investigación que adelanta la Procuraduría por dejar firmados varios formatos en blanco para que se tramitaran las autorizaciones de salida del país de los comparecientes.

Pero ¿cómo es posible dejar firmadas hojas en blanco en casos tan delicados?

Pues así ocurrió en un acto que califico, al menos, como una ligereza de su parte.

Hay algo que no me queda claro: la Fiscalía informa que a usted ya no le imputan el delito de falsedad ideológica con que se inició el caso, sino los de asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. ¿Por qué?

Yo tampoco lo entiendo, porque el interrogatorio que el fiscal me hizo se basó en la presunta falsedad en las firmas de los permisos de salida, como le dije. Por la información que me ha llegado, supe que la Fiscalía interceptó los teléfonos de los dos contratistas y el mío. Y me imagino que, para poder concluir con la imputación de esos tres delitos, debieron interpretar mis conversaciones con los dos abogados en torno al trabajo que desarrollábamos para organizar la primera audiencia que se llevó a cabo en la JEP con los antiguos miembros de las Farc, sin consultar el soporte legal que tenemos en los reglamentos existentes.

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¿Qué tiene que ver su caso con la brusca llegada de agentes de la Fiscalía a la sede de la JEP el jueves pasado, para examinar computadores, pedir procesos e incluso citar a la magistrada presidenta de una sala? Es coincidente pero no se entiende si tiene relación con usted o no.

Supongo que debe tener relación con esa primera audiencia que le refiero que hizo la JEP y para la que se realizaron reuniones con los abogados de las antiguas Farc a fin de establecer cuántos iban a asistir, cuántos llegarían con abogados o cuántos requerían los servicios de nuestro sistema de defensa. También para informarles, de acuerdo con lo solicitado por los magistrados, cuál era el sentido y cómo se iba a desarrollar la audiencia en vista de que era un procedimiento totalmente novedoso en nuestro sistema judicial.

¿Cómo, revisando una información sobre los secuestros que cometieron las Farc (proceso que se llevó la Fiscalía), se podría deducir su responsabilidad penal?

No lo sé, pero si me imputan el delito de perturbación de actos oficiales, puedo suponer que la Fiscalía quiso comprobar si yo había afectado la realización de la audiencia y les había dado la información que me solicitaban los comparecientes, en desarrollo, reitero, de funciones legales y órdenes formales que he recibido.

Por desconocimiento sobre la forma como funciona la JEP o por estar en desacuerdo con el Acuerdo de Paz y con la existencia de esa Jurisdicción Especial, ¿cree que la Fiscalía podría llegar a intentar investigar también a los magistrados que hoy la componen?

Todo lo ocurrido es sorprendente: llamarme a interrogatorio, imputarme unos delitos sobre los cuales ni siquiera me interrogaron, la cancelación de mi visa a Estados Unidos y la cancelación de la de mi hija, la interceptación de las líneas telefónicas, una medida extrema que no se requiere para investigar la presunta falsedad en un documento, y hasta la irrupción en las oficinas de la JEP, sumada a la asombrosa citación a entrevista a una magistrada. Es absolutamente extraño. Quiero creer que, tal cual usted lo dice, solo se debe al desconocimiento sobre cómo opera la JEP.

¿A su hija también le cancelaron la visa de ingreso a Estados Unidos? Además de que es raro que esa embajada se ocupe de una presunta falsedad ideológica que solo compete a Colombia, parece desproporcionado retirarle la visa a una niña…

No puedo entender que sin haber avanzado el caso ni haberse surtido una imputación, se haya tomado una medida reservada para casos graves que afectan los intereses de ese país. Mi hija tiene 20 años, es una estudiante universitaria y no tiene ninguna relación con mi trabajo.

Me parece que su caso no es solo suyo. Primero, se trataba de tres funcionarios de la JEP. Después, se alcanzó a tocar las instalaciones de la jurisdicción, se llevaron informaciones y hasta citaron a una magistrada que goza del mismo fuero de los togados de las altas cortes. Y lo más delicado: hasta el propio presidente Duque salió a decir, el viernes, que respaldaba al fiscal Martínez en su tarea de “corregir fallas de la JEP”. ¿Este no será el comienzo del fin de la JEP?

Como funcionaria de la JEP, y con todo el respeto que merece el jefe de Estado, no puedo compartir las palabras del presidente Duque, que presuponen la existencia de actuaciones indebidas de la JEP o de sus funcionarios. En cuanto a su pregunta, no debo entrar en terrenos políticos. Lo que sí afirmo categóricamente es que la JEP está cumpliendo con las funciones que le fueron asignadas en el Acuerdo, que fueron aprobadas por el Congreso de la República, que recibieron el aval de la Corte Constitucional y que también tienen el apoyo de la comunidad internacional, incluida la ONU.

¿Qué va a hacer ahora? Porque, sin querer asustarla, en esta coyuntura, cualquier cosa puede pasar…

Espero que prime el debido proceso. Como funcionaria judicial que he sido durante casi toda mi carrera, siempre estaré dispuesta a acudir a las citaciones que me hagan. Así lo haré asistiendo, junto a mi abogado, a la audiencia de imputación fijada para el próximo 16 de octubre.

Para entender por dónde empezó todo este embrollo, dígame, ¿cuáles cargos ha desempeñado en la JEP y cuáles han sido sus funciones?

He ocupado varios cargos. Ingresé como contratista de Naciones Unidas, en calidad de coordinadora jurídica de la Secretaría Ejecutiva. Luego continué siendo contratista del Fondo Colombia en Paz, pero como directora administrativa y financiera. Y a partir de febrero me posesioné, ya en propiedad, en esa misma función. Además, se me encargó la Secretaría Ejecutiva durante tres meses.

¿Por qué le encargaron esa Secretaría si el titular era Néstor Raúl Correa y hoy es María del Pilar Bahamón?

Como el doctor Correa se retiró el 30 de abril, el 2 de mayo me encargaron las funciones de la Secretaría hasta el 31 de julio. Esa oficina no puede dejar en suspenso sus tareas porque constituyen el soporte administrativo del sistema.

En desarrollo de esas funciones, ¿qué tuvo que hacer?

Avanzamos en la consolidación de la estructura administrativa que le había dado el Acuerdo de Paz a la JEP, un organismo que —no hay que olvidarse— acaba de nacer. Pero fuera de esa labor, la Secretaría tiene otras misiones definidas en el proyecto de ley estatutaria. Entre ellas está la de coordinar todo lo necesario para garantizarles, tanto a las víctimas como a los procesados, el acceso a la justicia, su participación, defensa, comparecencia, representación judicial, seguridad y cumplimiento de la justicia restaurativa.

¿Esas tareas incluyen el asesoramiento a las víctimas y también a los procesados exguerrilleros y militares que comparezcan ante la JEP?

Sí. El punto 5 del Acuerdo Final, en el aparte 46, establece que la JEP garantizará la asesoría y representación de las víctimas, de manera individual o colectiva. Y también estipula que les brindará asesoría a los comparecientes para que se garantice el derecho a tener una defensa técnica. Ante la rápida dinámica que tomó la JEP cuando, en esa primera audiencia que se hizo, comparecieron cerca de 36 exmiembros de las Farc mencionados en el informe de la Fiscalía sobre secuestros, y mientras se publicaba el decreto correspondiente (1166 de julio de 2018), tuvimos que implementar un sistema transitorio de atención con apoyo de Naciones Unidas.

¿Cómo los apoyó Naciones Unidas?

Naciones Unidas contrató a siete abogados seleccionados entre los más calificados de Colombia en materia de litigio ante tribunales de justicia transicional. Se trata de una figura similar a una Defensoría del Pueblo, pero bajo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.

¿Significa que la JEP y la ONU escogieron los abogados de la defensa de los exguerrilleros?

No se puede interpretar de esa manera porque este sistema se basa en el principio “de confianza e idoneidad”, lo que implica que los comparecientes pueden aceptar o no aceptar a los abogados seleccionados. O, dicho de otra manera, que aunque los siete juristas se escogieron entre los más idóneos, los excombatientes tienen la libertad de admitir su asesoría o de no hacerlo. Así se concibió en el Acuerdo de Paz. Los comparecientes también cuentan con la posibilidad de tener el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos o de otros abogados que ellos escojan. Es decir, no hay imposición.

Pero ¿también hay asesoría y apoyo para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública?

Sí. El sistema de asesoría y defensa de la Secretaría también asiste a los miembros de la Fuerza Pública que así lo requieran. Precisamente para que ellos tuvieran mayor confianza, en mayo pasado suscribí, como secretaria ejecutiva encargada, un convenio con el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que se creó para garantizar, precisamente, su derecho a la defensa. Lo hicimos para que tuvieran plena tranquilidad de que se les iba a brindar apoyo jurídico idóneo. Incluso, los acogimos en el edificio en donde funciona nuestra oficina, dándoles un espacio para que trabajaran ahí mismo.

Deme un ejemplo de reuniones con los abogados de las antiguas Farc y con los de algunos militares.

Me reuní varias veces con los abogados Diego Martínez, Enrique Santiago, John León y otros que asesoran a los antiguos miembros de las Farc que se acogieron a la JEP. Del otro lado tuve reuniones oficiales con los abogados del general Montoya y también con los apoderados de los soldados privados de la libertad. ¿Cuál era la finalidad en ambos casos? Desarrollar una labor pedagógica sobre la manera como funciona la justicia transicional, sobre cuáles son los derechos, deberes y compromisos que adquirieron los comparecientes. Y, con mayor razón, tuve muchas citas con los representantes de las víctimas y con ellas mismas en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Me enorgullecen los trabajos que he desempeñado con total honradez”

Usted ha sufrido ataques en desarrollo de sus trabajos públicos ¿Qué sucedió con las acusaciones por manipulación de testigos que le hizo Sigifredo López y un grupo de abogados que la sometieron a fuertes ataques en las redes?

El año pasado se llevó a cabo la audiencia de preclusión, a mi favor, en la Corte Suprema. La Fiscalía y la Procuraduría solicitaron el archivo definitivo del caso por la inexistencia del delito de determinar falsos testimonios. Así mismo, ese caso se resolvió a favor del exfiscal de Cali, Paulo César García, quien también fue denunciado por el señor López por ese delito. He tenido paciencia, durante cinco años, para esperar que obrara la justicia como espero que lo haga ahora, con este daño que se me ha causado injustamente.

Haber sido durante año y medio secretaria general de la alcaldía de Gustavo Petro, haber estado en la comisión de la Corte Suprema que investigó la parapolítica, y más recientemente, haber trabajado en Guatemala con el coordinador de esa investigación, exmagistrado Iván Velásquez, ¿la han puesto en la mira?

Es más que posible o así lo he sentido. Sin embargo, se trata de trabajos que me enorgullecen porque los cumplí con total compromiso con mi conciencia y honradez con la justicia.

Lo anormal en la justicia ordinaria, está reglamentado en la JEP

Tratando de entender la acción penal que la Fiscalía ha emprendido contra usted y los dos contratistas de la JEP, veo que asesorías y reuniones con abogados de los implicados en los procesos, aunque hayan sido establecidas en la justicia transicional, no son normales ni legales en la justicia ordinaria ¿Habrá confusión por este motivo?

Una de las grandes diferencias entre la justicia ordinaria y la transicional es que en esta última, prima el derecho de las víctimas - centro del Acuerdo de Paz -, a la justicia, a conocer la verdad, a la no repetición de los hechos y a recibir una reparación, es decir, se busca que se les restaure el daño causado. En tanto que en la justicia ordinaria se intenta castigar a quien sea responsable del daño: se trata de métodos distintos. Tanto es así que la JEP corre con todos los gastos de las víctimas para que estas puedan estar presentes, vengan de donde vengan, en las audiencias que interesan a sus casos, cosa que no ocurre en la justicia ordinaria. La JEP también garantiza a los comparecientes la posibilidad de que cuenten con adecuada defensa, sean de un lado u otro. Basta con leer el fundamento normativo de la creación de la JEP para encontrar que lo actuado, está debidamente reglamentado.