Top 5 de los funcionarios que le huyeron a la justicia colombiana

Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo, Coronel (r) Hernán Orozco. /Archivo

Las fugas de algunos funcionarios, sobre cuya espalda pesan procesos penales o investigaciones de episodios tan graves como el de las interceptaciones ilegales del DAS, siempre resulta polémica ante la opinión pública. Mientras sus asiduos defensores señalan falta de garantías procesales en Colombia, los detractores los tildan de prófugos interesados en encubrir las irregularidades y entorpecer la administración de justicia. Lo cierto es que para las autoridades se complica el panorama cuando los implicados y protagonistas huyen, pues sin sus testimonios o declaraciones sobre hechos como el del DAS, las falsas movilizaciones o la masacre de Mapiripán, esclarecer los casos resulta prácticamente imposible. Este es el top 5.

1. Andrés Felipe Arias

Desde el pasado 3 de julio, cuando la Corte Suprema de Justicia reveló que había encontrado culpable al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades en los contratos celebrados dentro del programa Agro Ingreso Seguro implementado en la presidencia de Álvaro Uribe, el nombre de Arias ha estado en el ojo del huracán. Ese día el procesado brilló por su ausencia durante la audiencia y trascendió que estaba fuera del país con su familia. Posteriormente, se conoció que su escolta lo había visto por última vez el 13 de junio y se especuló que podía estar en Miami. Un paradero que la Cancillería confirmó en la mañana de este jueves, mientras en la Corte leían la condena que Arias deberá pagar por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Según la canciller, María Ángela Holguín, Arias hizo unos trámites de autenticación de documentos en el consulado de esa ciudad: “La cónsul se lo comunica a la Cancillería y nosotros le suministramos la información a la Fiscalía”. Y añadió que cuando se presente la solicitud de captura, su despacho tramitaría la eventual deportación.

La salida de Arias del país, al parecer, no tuvo ningún contratiempo. Frente a este panorama la Fiscalía se pronunció afirmando que en 17 ocasiones se opuso a las solicitudes de libertad que Arias hizo ante los jueces, pues hasta el 14 de junio de 2013 enfrentó su proceso penal en prisión. Finalmente, ese día el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad al considerar que el exministro no representaba un peligro para la sociedad y tampoco obstruiría a la justicia. Una tesis que pareció desvirtuarse desde que se supo que Arias estaba fuera del país y, posiblemente, sin intenciones de regresar. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia libró orden de captura en su contra, luego de condenarlo, y ahora las autoridades deberán adelantar los diferentes trámites para pedir su deportación.

2. María del Pilar Hurtado

El asilo en Panamá de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, se ha convertido en todo un novelón desde que el pasado 29 de mayo la Corte Suprema del país vecino declaró inconstitucional el decreto que le permitía permanecer en ese territorio. Han pasado casi dos meses y su paradero aún es una incógnita, pues al no tener circular roja de la Interpol su captura en cualquier país en el extranjero resultaría ilegal. En pocas palabras, la orden de detención contra Hurtado sólo está vigente en Colombia. Apenas se conoció la decisión del alto tribunal, la Fiscalía solicitó por segunda vez a la Interpol emitir esta circular; sin embargo, en la tarde de este miércoles el organismo internacional negó dicho recurso argumentando que el caso de Hurtado era de carácter político. El mismo día también trascendió que Hurtado estaría buscando acercamientos con el ente investigador para volver al país. Ya el pasado 2 de julio, el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que estaría dispuesto a otorgarle beneficios para que pueda “colaborar con la justicia y contar la verdad de lo acontecido”.

Desde que Hurtado huyó a Panamá en noviembre de 2010 su asilo ha estado en el centro de la polémica. Sin su declaración el capítulo de las interceptaciones ilegales que durante el último gobierno de Álvaro Uribe perpetraron agentes del DAS contra de magistrados, políticos de oposición y periodistas queda incompleto. La Corte Suprema de Colombia le adelanta un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pues se la señala de haber orquestado este espionaje en el tiempo que ejerció la dirección del DAS, del 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008. En concreto, si alguien sabe sobre este oscuro episodio del DAS es ella, pues varios testigos, como el exdirector de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, han señalado que Hurtado era quien ordenaba los seguimientos por mandato de la Casa de Nariño.

3. Luis Carlos Restrepo

El 8 de enero de 2012, el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, desapareció literalmente del mapa. Salió del país con un rumbo que aún no se ha podido establecer pero que algunos especulan sería Nueva York. Su motivación para huir fue la investigación que se abrió en su contra por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc en el Tolima, ocurrida el 7 de marzo de 2006. En ese momento, Restrepo llevaba cuatro años fungiendo como comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las declaraciones de algunos de esos supuestos desmovilizados desenmascararon la presunta entrega de 62 guerrilleros, 60 armas y un avión Aero Commander 684. La mayoría de estas personas que se hicieron pasar por guerrilleros eran civiles a los que se les pagó $500.000 pesos por participar en el montaje. Un engaño que le costó al Estado $1.156 millones, según la Fiscalía.

El escándalo no había terminado de estallar cuando ya Restrepo había dejado Colombia. Cuando la Fiscalía quiso imputarle los cargos de peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal, y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, ya era muy tarde. Entonces, el ente investigador decidió acusarlo en ausencia el 1 de octubre de 2013, luego de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra. La única pista sobre su supervivencia es una carta fechada en diciembre de 2013, y que publicó el portal Las Dos Orillas, en la que opinó sobre la campaña electoral que apenas cobraba forma para las presidenciales. Allí sostuvo, entre otras cosas: “Frente a los diálogos de La Habana debe quedar claro que no nos oponemos a la paz, sino al engaño. La manipulación de las ilusiones de paz con fines electorales no nos traerá la paz sino más violencia. Hay que hablar con claridad y recordar que la combinación de violencia y política ha sido el origen de nuestros males”.

4. Coronel (r) Hernán Orozco

El coronel (r) Hernán Orozco es el primero de esta lista, además de Arias, que tiene una condena. Se conoce su paradero y aun así no ha regresado al país a pagar la pena. En 2007, el juzgado noveno especializado de Bogotá lo condenó a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Mapiripán (Meta), una incursión paramilitar que del 15 al 20 de junio de 1997 sembró terror en la zona asesinando, torturando e incluso lanzando cuerpos de las víctimas al río Guaviare. Una matanza de la cual hoy no se conoce el número real de víctimas. Pese a la responsabilidad que se le endilga a Orozco en este episodio macabro, el coronel (r) se encuentra desde 2003 viviendo en Miami porque logró un asilo en Estados Unidos aduciendo que su vida y la de su familia estaban en riesgo si continuaban en Colombia. En julio de ese mismo año se expidió una orden de captura contra Orozco, pero las medidas de protección que pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Colectivo José Alvear Restrepo, lo sacaron del país.

Por ahora vive en Miami como cualquier ciudadano que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Sobre la masacre sólo ha dicho que le envió un oficio al general (r) Jaime Humberto Uscátegui, a quien en junio pasado la Corte Suprema condenó a 37 años por estos hechos, informándole del riesgo que corrían los habitantes de Mapiripán. Orozco, comandante para 1997 del batallón Joaquín París, lo acusó de no haber actuado pese a la advertencia que él había librado. De ahí en adelante no ha aportado más información para reconstruir esta masacre que sigue llena de incógnitas. En 2011, la revista Semana informó que Orozco pasa sus días en Miami y “luce un impecable uniforme, tiene carros y un cómodo domicilio. De día trabaja como agente de seguridad en un condominio y por las tardes sale en su bicicleta a dar paseos por su vecindario para estar en forma”.

5. Carlos Arturo Marulanda Ramírez

Si bien la historia de Carlos Arturo Marulanda, excongresista, exministro y exembajador ante la Unión Europea, se remonta más de 10 años atrás, es el único que después de haber huido del país fue capturado por la Interpol y extraditado a Colombia. En agosto de 2001, en pleno centro de Madrid, pasó de prófugo colombiano a detenido por autoridades internacionales. Dos años antes, en 1999, la Interpol expidió una circular roja en su contra; sin embargo, Marulanda había salido legalmente del país en noviembre de 1997 con rumbo hacia Miami. Sobre él pesaba la acusación de haber participado en el desalojo violento de 170 familias de campesinas, unas 1.500 personas, de la finca Bellacruz (Cesar) a manos de los paramilitares, en hechos ocurridos entre el 14 y 15 de febrero de 1996. Una irrupción en la que hubo asesinatos, torturas y fueron desaparecidas 30 personas, sin mencionar el desplazamiento forzado que se generó. La tierra donde habitaban estas familias pertenecía a la familia Marulanda. En 1999, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir, incendio y daño en bien ajeno, y en 2001 la Procuraduría pidió que fuera llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y falsedad por hechos relacionados en su desempeño como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea entre 1991 y 1997.

Sin embargo, en noviembre de 2002, seis meses después de su captura, Marulanda fue dejado en libertad. La fiscal de ese momento, Martha Luz Reyes desestimó los cientos de folios del proceso y decidió revocarle los delitos y continuar el proceso sólo por el cargo de incendio, que era excarcelable. A consideración de la delegada del ente acusador, en los hechos de 1997 no se presentaron homicidios, masacres, ni heridos. Sólo consta, según argumentó, el alegato de los campesinos que les fueron quemados los ranchos, es decir, el delito de incendio que para el momento oscilaba entre 2 y 10 años. Cuando recobró su libertad, Marulanda expresó: “Desde siempre he dicho que soy inocente de los cargos que se me hacen. Se me involucró en unos hechos ocurridos en el departamento del Cesar en 1996, cuando me estaba desempeñando como embajador de Bruselas, a 9.500 kilómetros de distancia, y por lo tanto ajeno a lo que allí sucedió”. Su hermano, Francisco Alberto, sí fue hallado culpable de los cargos que en un principio se le endilgaron a Carlos Arturo y tuvo que pagar una condena, porque era el encargado directo del manejo de la hacienda Bellacruz.

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