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Alfonso Hilsaca Eljaude, más conocido como el Turco, es el hombre que hace tres semanas fue señalado de haber maquinado en 2015 una conspiración para llenar de micrófonos ocultos el despacho del entonces vicefiscal, Jorge Perdomo. Hoy, Hilsaca es el epicentro de un terremoto político en El Salvador. El motivo de tal hecatombe son las concesiones para alumbrado público que sus empresas familiares, reunidas en la Unión de Personas Consorcio AGM Desarrollo, han conseguido con la Alcaldía de la capital y con Santa Tecla y Apopa, municipios vecinos de San Salvador por el sur y el norte, respectivamente.
En total, esos tres contratos fueron asignados a las empresas familiares del Turco Hilsaca por una duración de 20 años y suman US$49,6 millones, recursos que los gobiernos de esas ciudades salvadoreñas aceptaron invertir a cambio de que la UDP Consorcio AGM Desarrollo renovara sus alumbrados públicos con luces led. Así lo resume el contrato que firmó con la Alcaldía de San Salvador, conocido por este diario: “Incluye la sustitución de la totalidad de las luminarias de mercurio, incandescentes, luz mixta y otras, por luminarias LED”, las cuales, de paso, ayudarían al medioambiente disminuyendo la emisión de gases de carbono.
El de San Salvador, por US$24,2 millones, es el más reciente de esos negocios. Con aprobación del Concejo Municipal en octubre de 2015, el alcalde Nayib Bukele Ortez firmó el contrato con Walter Arévalo Arroyo, representante del consorcio. Arévalo fue, según actas del Concejo Municipal de San Salvador, concejal (los llaman también regidores propietarios) entre 2009 y 2012 por Arena. Ese partido salvadoreño de ultraderecha fue acusado durante la guerra civil, entre los 80 y 90, de haber patrocinado a los escuadrones de la muerte que asesinaron, entre otros, a seis jesuitas de la Universidad Centroamericana y a monseñor Óscar Romero, quien fue declarado santo en 2015.
En El Salvador, que las empresas de un hombre tan cuestionado como el Turco hayan ganado esos contratos resultó todo un escándalo. Según el diario de ese país La Prensa Gráfica, que ha denunciado todo este tema, concejales del partido Arena se han quejado de que la licitación para San Salvador se estableció con demasiada premura (las bases se divulgaron en agosto y en octubre el contrato ya había sido asignado). Asimismo, que los requisitos se confeccionaron a la medida del consorcio de la familia Hilsaca. En Santa Tecla, el alcalde terminó el contrato el año pasado con el argumento de que las lámparas no habían pasado las pruebas técnicas ni ahorraban energía. La empresa contrademandó y el alcalde dijo que negociarían.
Los contratos indican que la UDP Consorcio AGM Desarrollo está conformada en un 5 % por la AGM Desarrollos S.A. y en un 95 % por AGM Desarrollos S.A.S. La primera fue registrada en una notaría de El Salvador el 22 de noviembre de 2012 por Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del Turco Hilsaca, para hacer construcciones civiles, diseñar y construir rellenos sanitarios y mantener líneas eléctricas, entre otros propósitos. La sociedad, reza el documento de 11 páginas, se constituyó con un capital de US$2.000. En menos de dos años, las alcaldías de Santa Tecla y Apopa ya le habían asignado contratos por US$22,3 millones y US$3,1 millones.
La segunda empresa del consorcio, AGM Desarrollos S.A.S., está registrada en Colombia. El representante legal ya no es el Turco sino su hijo Gabriel Hilsaca Acosta, y el suplente es su otro hijo, Alfonso Hilsaca Acosta. La revista Dinero advertía en 2014 que esa compañía, fundada por el Turco Hilsaca en 1993, era “la concesionaria de la cuarta parte de los contratos de alumbrado público en el país”, que otorgados a lo largo de dos décadas sumaban $1,5 billones. Esa empresa, además, ha tenido títulos de la Agencia Nacional de Minería en Turbaco y Santa Rosa, en Bolívar, y Becerril, Codazzi y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.
La tormenta política que ha surgido a raíz de estos contratos ya provocó, además, reacciones en la justicia salvadoreña. El fiscal general de ese país, Douglas Meléndez, anunció el pasado miércoles: “Yo instruí que vamos a investigar eso. Se vienen escuchando cosas de licitaciones irregulares en el sector público. Las vamos a investigar todas y ese caso específico (también)”. El viernes, el fiscal Meléndez reiteró que las indagaciones habían arrancado. AGM Desarrollos S.A. anunció que emprendería acciones legales contra La Prensa Gráfica.
Un emporio indestructible
El emporio económico del Turco Hilsaca ha crecido a la par con los escándalos e investigaciones en los que se ha visto involucrado. El 15 de julio de 2009 fue detenido en Cartagena, investigado por sus supuestos nexos con grupos paramilitares. Su nombre, se creía entonces, figuraba entre los financiadores del bloque Norte que lideraba Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40. Además, el Turco era señalado de haber coordinado con los paramilitares el asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena en el casco histórico, frente a un bar de su propiedad. El primer caso fue precluido por la Fiscalía por falta de evidencias contundentes. El segundo sigue abierto*.
El 20 de noviembre de 2014, el nombre Alfonso Hilsaca volvió a ocupar los titulares de las páginas judiciales: fue capturado una vez más en Cartagena. En esta ocasión, por cuenta de la investigación que se abrió por el asesinato del desmovilizado paramilitar Édison Ovallos, que se ejecutó en 2009. Hilsaca insiste en que es otro paso errado de la justicia en su contra, e incluso ha denunciado que la Fiscalía usó falsos testigos. El caso se complicó aún más un mes después de su arresto: un juez de Barranquilla lo dejó en libertad y el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, manifestó que esa libertad, de la que todavía goza, tal vez se había obtenido de manera corrupta.
Perdomo sostuvo en ese momento que había indicios de irregularidades en el reparto del expediente, “para que fuera un determinado juez quien conociera de los recursos interpuestos”. Luego de ocho meses, en agosto del año pasado, 13 capturas realizadas en una misma operación fueron el resultado de esas sospechas: fue detenido el coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, un secretario de juzgado y el juez que le devolvió la libertad al Turco Hilsaca. Esta nueva investigación no tuvo el mismo desenlace de la anterior: Hilsaca Eljaude ya fue llamado a juicio. El caso es tan problemático que la Corte Suprema ordenó que se llevara a cabo en Bogotá.
Esta es la historia de un empresario cuyo éxito trascendió fronteras. Hilsaca es, sin duda, un mago de la contratación. La Fiscalía no pudo probar su supuesto apoyo a grupos paramilitares, aunque exjefes como Juancho Dique y Diego Vecino han repetido que fue ficha clave de las Auc en la región Caribe. El Turco Hilsaca, por su parte, ha rechazado siempre los señalamientos. Se considera un “falso positivo” de la Fiscalía, la cual a su vez indaga el presunto complot de micrófonos ocultos contra el fiscal (e) Perdomo, que, se supone, orquestó el Turco de la mano del periodista judicial Juan Carlos Giraldo, cosa que este último niega. Ya los jueces dirán si Hilsaca es la víctima que dice ser o el victimario que la Fiscalía sostiene que es.
*Nota del editor: inicialmente en este artículo se dijo que el caso de las prostitutas asesinadas también estaba precluido, pero sólo se precluyó el de concierto para delinquir.