Trabajadoras sexuales ganan batalla jurídica

La dueña del establecimiento La Manzana Verde, en Yopal, ganó una tutela que obliga a las autoridades locales a establecer un sitio digno en la ciudad donde se pueda ejercer la prostitución.

Durante 15 años, Jannet Martínez gerenció a su manera, y lo mejor que pudo, La Manzana Verde. En los últimos meses trabajaban bajo su batuta trece empleados. Según los detalles que expuso en la tutela que presentó ante el Juzgado Primero de Yopal en marzo de 2015, unas 38 personas, entre ellas sus dos nietos, dependían de la fluctuante economía de esta casa de citas.

Casi todos los habitantes de Yopal habían aceptado tácitamente, a lo largo de los años, la vecindad con La Manzana Verde y los otros siete prostíbulos establecidos en la carrera 21, a pocas cuadras de la Gobernación. A regañadientes soportaban a los bulliciosos clientes que invadían esas calles en la noche. Les preocupaban el expendio de drogas asociado, la oscuridad del lugar, cierta sensación de inseguridad.

Las cosas comenzaron a cambiar en 2011. Jhoani Chaparro Vargas, un joven político local, instauró una acción popular en la que solicitó el amparo de los derechos colectivos al ambiente sano, a la salubridad y a la seguridad pública en esa zona. El juez que recibió el reclamo colectivo determinó que tenía razón y sentenció que los dueños de las casas de citas debían firmar un pacto con las autoridades locales para buscar una solución al problema.

El pacto se firmó. Los dueños de los prostíbulos aceptaron trastearse, pues esa zona residencial no era el lugar idóneo para sus negocios. La Alcaldía y el Concejo Municipal se comprometieron a definir en el Plan de Ordenamiento Territorial las zonas donde si podían hacerlo.

Las semanas y los meses pasaron. El nuevo POT de Yopal se aprobó en 2013. La Alcaldía fijó dos posibles áreas como zonas de tolerancia. Una, el polígono industrial de Yopal, y la otra, nada más y nada menos que un territorio aledaño al relleno sanitario.

El acoso policial y burocrático aumentó inmediatamente para que Jannet y los dueños de las otras casas de citas abandonaran la calle en disputa. “Me quedé sin negocio, la inspección nos cerró, se dañaron muchas cosas, saquearon todos los negocios, nos perjudicaron bastante”, contó Jannet a través de Blu Radio.

Cansada del acoso y sin una alternativa digna para trasladar La Manzana Verde, presentó una tutela en marzo de 2015. Buscaba la protección de su derecho al trabajo, a la igualdad y a un mínimo vital. En su queja argumentó que no había podido trasladarse del lugar porque ni la Alcaldía ni el Concejo de la ciudad fijaron en el POT “la relocalización de la zona de tolerancia..., dejando en totales ascuas a quienes nos dedicamos a este oficio. Tampoco se cumplió por parte de estas dos instituciones lo relacionado con la expedición de una ordenanza donde se reglamente el ejercicio de la prostitución”.

La queja de Jannet no fue vista con buenos ojos. El 24 de marzo de 2015 el juez municipal la declaró improcedente. Pero la suerte estaba del lado de la dueña de La Manzana Verde, porque entre las cientos de tutelas que interponen los colombianos con la esperanza de ser elegidas en la lotería de las “revisiones” en la Corte Constitucio0nal, la de Jannet fue seleccionada y llegó al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz.

En la sentencia proferida hace unos pocos días, los magistrados de la Corte constitucional ordenan a la Alcaldía de Yopal que asegure el funcionamiento de La Manzana Verde y otros establecimientos en una zona específica que cumpla con condiciones de dignidad, que verifique que en ese lugar sí existan locales o se puedan construir para destinarlos a casas de prostitución. Los magistrados también ordenaron a las autoridades locales facilitar la expedición de licencias de funcionamiento y ofrecer alternativas laborales que garanticen un mínimo vital a la tutelante en caso de que no quiera reubicarse en la nueva zona.

La sentencia reitera que la prostitución en Colombia es un trabajo y por lo tanto debe protegerse y al mismo tiempo reconoce que los establecimientos donde se ejerce deben protegerse y regularse como cualquier otro lugar comercial.