En el contexto de los debates para aprobar la reforma constitucional que debe definir el marco para la desmovilización de los grupos armados ilegales se ha planteado la posibilidad de permitir el acceso a fórmulas de Justicia Transicional a aquellos miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que hayan incurrido en violaciones de los derechos humanos.
Desde la perspectiva de sus defensores, esta opción presenta ventajas importantes. Por un lado, permitiría superar el problema jurídico de los militares y policías responsables de abusos, que podrían conseguir una amnistía a cambio de reconocer su culpa y reparar a las víctimas. Por otra parte, resolvería lo que se considera el doble rasero de oficiales y suboficiales procesados por delitos cometidos en la confrontación con grupos guerrilleros cuyos miembros han sido perdonados por su responsabilidad en graves actos terroristas.
Sin embargo, en política, las soluciones más sencillas pocas veces son las más convenientes. La posibilidad de que los miembros de la Fuerza Pública accedan a la Justicia Transicional conlleva una enorme trampa política que amenaza con desprestigiar las instituciones militares y policiales al tiempo que deslegitimar al Estado.
De hecho, la propuesta de abrir las puertas de la Justicia Transicional a militares y policías encierra dos pecados políticos de graves consecuencias. Para empezar, colocará a los miembros de la Fuerza Pública en el mismo nivel que los terroristas en la medida en que aplicará idéntico rasero legal a unos y otros.
Por otra parte, borrará la diferenciación entre los delitos individuales cometidos por unos pocos uniformados y el comportamiento en conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Hasta ahora, el compromiso con la ley de las instituciones armadas quedaba demostrado por su decisión de castigar sin concesiones las faltas cometidas por sus integrantes.
Sin embargo, con la aplicación de la Justicia Transicional, aquellos militares y policías implicados en actos ilegales verían reducidas sus penas a cambio de que el estamento castrense aceptase una culpabilidad colectiva. Los individuos recibirían el perdón, porque los delitos serían imputados al sistema institucional en su conjunto.
Conviene no menospreciar el impacto que tendría esta equiparación de las instituciones militares y policiales con los grupos terroristas. El reconocimiento de que el comportamiento de la Fuerza Pública en nada se distinguió de guerrillas o autodefensas ilegales asestaría un golpe demoledor a la legitimidad del Estado. Bajo tales circunstancias, las posibles conversaciones para la desmovilización de los grupos armados ya no podrían ser vistas como un gesto de generosidad de una democracia hacia una banda de violentos que actuaron por fuera de la ley.
Por el contrario, las negociaciones pasarían a ser percibidas como el diálogo entre dos lados —Estado y guerrillas— con idéntica calidad política y moral donde los grupos armados estarían en posición de exigir un rediseño completo del orden constitucional en la medida en que las instituciones carecen de legitimidad. Como consecuencia, se abriría la puerta a una ruptura del orden legal de la Constitución de 1991 y un proceso de refundación del Estado donde el proyecto ideológico radical de una minoría armada podría ganar una influencia desproporcionada sobre la mayoría de los ciudadanos que otorgan su respaldo al sistema político vigente.
La opción de extender los beneficios de la Justicia Transicional a la Fuerza Pública ha concitado apoyos dispares. Por un lado, antiguos guerrilleros desmovilizados que consideran esta alternativa como la legitimación definitiva de su ejercicio de la violencia en la medida en que les pone en pie de igualdad con la Fuerza Pública. Por otra parte, sectores políticos que juzgan esta vía como la salida más fácil para zanjar el goteo de críticas por los casos de abusos de los derechos humanos cometidos por algunos miembros de la Fuerza Pública.
Pero, más allá de lo variado de los intereses en favor de esta propuesta, lo cierto es que va en contra del fortalecimiento de la legitimidad del Estado y la consolidación de un régimen democrático donde las decisiones sean tomadas por el ejercicio del voto y no por la amenaza de las balas.
Las recomendaciones de la OEA a Justicia y Paz
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americano (MAPP-OEA) le entregó al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, un diagnóstico sobre los instrumentos de justicia transicional, en especial sobre los alcances y las debilidades de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).
El estudio, que se prolongó durante cinco meses, fue dirigido por el prestigioso juez de la Corte Penal Internacional Baltasar Garzón. Del documento se desprenden una serie de recomendaciones al gobierno de Juan Manuel Santos para avanzar en la búsqueda de la paz en Colombia.
Entre las principales se encuentran la necesidad de evitar que en 2014 los más de 30.000 desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz recobren la libertad sin que haya habido un avance efectivo en el camino de esclarecimiento de la verdad, así como también pidió recomponer los métodos de investigación y selección de los beneficiarios de la ley.
Otras advertencias
En la entrega del informe sobre los alcances, errores y posibilidades de la Ley de Justicia y Paz, así como otros instrumentos de justicia transicional entregado por la OEA, se incluyeron una serie de disposiciones con el fin de que el Gobierno colombiano lo ajuste a la normatividad internacional en la materia.
Entre las sugerencias entregadas se pidió: identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales, a la vez que a financiadores e instigadores de las estructuras criminales; garantizar la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales, lo que incluye la creación de una comisión de la verdad que funja como órgano de cierre de los procesos judiciales.
*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y consultor en temas de seguridad. Twitter: @roman_d_ortiz