Tras avalar su solicitud en la cual argumento arraigo familiar, el exsenador del Polo Democrático, Iván Moreno Rojas fue trasladado en las últimas horas de la cárcel La Picota de Bogotá al centro carcelario de San Gil (Santander) donde deberá continuar pagando su condena de 14 años de prisión interpuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el ‘carrusel de la contratación’.
El excongresista, quien fue capturado en 2011, presentó en la solicitud los certificados de buena conducta emitidos por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Moreno Rojas fue condenado en octubre de 2014 por su responsabilidad en los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
El excongresista, quien fue capturado en 2011, presentó en la solicitud los certificados de buena conducta emitidos por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Moreno Rojas fue condenado en octubre de 2014 por su responsabilidad en los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Moreno Rojas, quien fue alcalde de Bucaramanga, habría solicitado millonarias comisiones para garantizar la entrega de contratos viales en la capital de la República. Entre estas se encuentran la reparación de la malla vial, la tercera fase de TransMilenio y las obras de valorización, así como la doble calzada Bogotá-Girardot, contrato por el cual su esposa, Lina Luna de Moreno enfrenta un proceso penal actualmente.
Para la Corte Suprema, el excongresista incurrió en una aprovechamiento indebido de su investidura para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital. Su cercanía al alcalde de Bogotá y su poder frente a la Instituciones del Distrito lo convirtieron en el contacto obligado para los contratistas que querían para resultar favorecidos en los procesos de licitación de contratos viales.
Su nombre era prenda de garantía y de efectividad para que los procesos licitatorios que realizaba el IDU durante la administración de Samuel Moreno Rojas le fueran direccionados a aquellos que habían aceptado la promesa remuneratoria. Para esto se tuvieron en cuenta los testimonios de varios contratistas y exfuncionarios del Distrito que dieron pormenores del poder que ejercía el entonces congresista.
La semana pasada, la Fiscalía General lo citó a interrogatorio tras la compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia para que se lo investigara por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, debido a las denominadas “comisiones de éxito”, las cuales era el porcentaje que se tenían que repartir del valor total del contrato.
Por estas irregularidades en la capital de la República, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, mientras que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.