Trasladan al 'hacker' ecuatoriano a los calabozos del DAS

Un juez de control de garantías aceptó la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento emitida en contra del ‘hacker’ ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán. En las próximas horas en el experto en informática será trasladado de la cárcel La Modelo de Bogotá a los calabozos del edificio del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ubicado en el sector de Paloquemao en el centro de la capital de la República.

La Fiscalía General y el abogado de Bajaña Barragán argumentaron que era menester el traslado para agilizar su proceso de colaboración con las autoridades con las que se busca firmar un preacuerdo o un principio de oportunidad con el ente investigador. El ‘hacker’ habría sido el encargado de interceptar los correos electrónicos del exvicepresidente de la República, Francisco Santos y su secretaria privada.

Estas actividades las habría adelantado mientras trabajaba con Andrés Fernando Sepúlveda, quien lo contactó para obtener información privilegiada de un grupo de personas. Las autoridades buscan determinar los móviles que lo llevaron a ‘hackear’ a principios del año pasado las cuentas del ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático.

El abogado Carlos Toro, quien defiende los intereses del ‘hacker’ aseguró que se está negociando un preacuerdo a cambio de la colaboración que ha entregado para esclarecer los hechos materia de investigación, y un principio de oportunidad para que cese por un año la persecución penal en su contra por otros delitos imputados por la Fiscalía General en abril del año pasado.

“Estoy en búsqueda de un principio de oportunidad. Voy a demostrar que no hubo un concierto para delinquir. Al finalizar este ejercicio de entrega de información demostrare que no hubo espionaje. Por los otros delitos que son acceso y abuso a sistema informático y uso de software malicioso se lograría el principio de oportunidad”, precisó.

Se espera que en julio se reanude la diligencia en la que se conocerá si se firmó un preacuerdo o un principio de oportunidad dentro de este proceso, clave en las interceptaciones ilegales adelantadas durante los pasados comicios electorales a la presidencia de la República.