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Por motivos de seguridad el abogado Álvaro Burgos del Toro fue trasladado en las últimas horas a la cárcel La Picota de Bogotá. El jurista firmó en los últimos días un principio de oportunidad con la Fiscalía General en la investigación que se adelanta por el desfalco al Fondo nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.
Del Toro, quien se encontraba recluido en la cárcel de Monteria, ha hecho señalamientos bajo la gravedad de juramento sobre las irregularidades que se presentaron en el proceso de contratación para la salud de los docentes en el departamento de Córdoba.
En una de sus declaraciones mencionó al senador del Partido de La U, Armando Benedetti, además de un grupo de contratistas y funcionarios quienes habrían tenido una participación en la repartición de los millonarios contratos. El testigo aseguró que por años se han repartido la tajada en el sector de la salud para los maestros.
El abogado firmó un principio de oportunidad por los delitos de falsedad ideológica y material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Es decir a cambio de su colaboración con la investigación se suspende por un año la persecución penal por estos delitos.
El copresidente del Partido de La U ha rechazado estos señalamientos asegurando que no tiene ninguna coherencia. El congresista advierte que no se ha podido explicar su participación en esa "empresa criminal" para desfalcar al Magisterio.
"¿Para qué necesitaban al senador Benedetti?!", se cuestionó el parlamentario al asegurar que en ese entramado había un juez falso, un abogado falso, unos docentes falsos, unos señores que daban unos documentos falsos y se tenía que pagar los cheques porque había un embargo.
En contra del congresista existe el testimonio del abogado Jaime Agámez, quien meses antes de morir le contó a la Fiscalía que por medio del exvicepresidente del Fondo del Magisterio (Fomag), Jorge Peralta el senador Benedetti recibió una cuota del 37% de los desembolsos autorizados ilegalmente por un juzgado civil de Lorica.
Agámez, quien reconoció su responsabilidad penal por estos hechos, asegura que fue testigo de una reunión en la plazoleta de comidas de un centro comercial de Bogotá en la cual Benedetti recibió el dinero por parte de Peralta. Este dinero habría hecho parte de un común acuerdo.
Por estos hechos el fiscal General, Néstor Humberto Martínez comulsó copias ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del congresista.