Tribunal Administrativo estudiará las 36 tutelas que buscan anular sanción contra Petro

Para el próximo lunes el Tribunal Administrativa de Cundinamarca citó una Sala con el fin de estudiar el futuro de las 36 tutelas que se han radicado en contra del fallo de la Procuraduría General que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En la misma Sala se estudiará la solicitud presentada por la Procuraduría General para unificar todas las tutelas que han sido radicadas ante el Tribunal Administrativo por estos mismos hechos.

Sin embargo, se ha podido establecer que no todas se pueden unificar puesto que no fueron radicadas el mismo día, por lo que el estudio de algunas acciones esta más adelantada que otras y se corre el riesgo de que venzan los términos.

Ante esto únicamente se unificarían las tutelas presentadas por el abogado Julio Cesar Ortiz, quien defiende los interes del alcalde Petro y el ciudadano José Gotardo Pérez Sotos quien funge como agente oficioso del mandatario, las cuales son las que están más avanzadas en su estudio.

Las 36 tutelas son conocidas por 24 magistrados. El pasado martes el togado José María Armenta aceptó una de las tutelas y ordenó la suspensión temporal del fallo del Ministerio Público que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a Gustavo Petro.

ElEspectador.com conoció que en una de las tutelas admitidas se ordena la práctica del testimonio del contratista Emilio Tapia frente al denominado "complot" orquestado por los operadores privados de aseo en contra del programa Basuras Cero.

Ante esto, el Tribunal coordinará con la Fiscalía General la consecución de esta declaración, la cual la acción judicial es de suma importancia puesto que se esclarecería el plan orquestado para afectar la recolección de basuras los días 18, 19 y 20 de diciembre.

Igualmente se pudo establecer que en la Sala, conformada por tres magistrados, que aceptó la tutela del abogado Julio Cesar Ortiz, se presentó un salvamento de uno de los togados que manifestó la necesidad de ordenar medidas cautelares y suspender provisionalmente el fallo de la Procuraduría.

Sin embargo, dos de los magistrados consideraron que solamente se debía aceptar la acción judicial y no decretar la suspensión del fallo. Por lo que esta posición quedó representada en un salvamento de voto.