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La cacería que el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS ) emprendió contra la Corte Suprema de Justicia, a finales de 2007, todavía tiene expedientes pendientes y coletazos por resolver. El Espectador conoció un reciente fallo de 15 páginas en el que el Tribunal de Cundinamarca le negó a la magistrada María del Rosario González la demanda que instauró contra la Presidencia de la República y el DAS por cuenta de las interceptaciones ilegales, el espionaje del que fue víctima y porque presuntamente se atentó contra su vida. Aunque para el tribunal están probadas las chuzadas a las sesiones reservadas de la Corte, en su decisión advierte que no quedó establecido el daño que la jurista sufrió por este episodio. Una polémica tesis que ya empieza a levantar ampolla.
“Concluye la sala que la prueba aportada demuestra el hecho de las grabaciones irregulares y no autorizadas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pero no demuestra que ellas hayan tenido como propósito destruir el patrimonio moral o económico de la demandante, daño que quedó sin prueba”, explicó el Tribunal de Cundinamarca. Y añadió que “las interceptaciones generan daño si se prueba que se utilizaron para extorsionar a una persona o para denigrar de su honor u honorabilidad pública o privada”. Lo cual, según analistas consultados, es un despropósito pues la violación a la intimidad y al ejercicio libre de su función como máximos jueces del país fueron violados por el DAS y, en consecuencia, sí provocó perjuicios morales en los magistrados.
En contraste, en el caso del expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, el Tribunal de Cundinamarca sí encontró responsable al Estado por la persecución que desató en su contra y le ordenó a la Nación una indemnización por $290 millones. En este proceso, sostuvo ese mismo tribunal hace poco más de un mes, sí quedó probada la intención del DAS de desprestigiar al jurista filtrando información a los medios con el fin de afectar su credibilidad y la de la corporación que presidía. Los tiempos coinciden con las primeras investigaciones en la Corte por el escándalo de parapolítica durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual resultaron procesados y condenados varios congresistas cercanos al exjefe de Estado.
De vuelta al caso de María del Rosario González, el tribunal sólo pudo considerar dos hechos en su fallo: la grabación irregular de su voz en la Corte Suprema —de la cual se tuvo conocimiento en septiembre de 2010 tras las confesiones a la justicia de la detective del DAS Alba Luz Flórez, la Mata Hari—, y la interceptación telefónica de la que supo fue víctima, junto con su cónyuge e hijos, por la publicación de la revista Semana del 21 de febrero de 2009 que dio inicio al denominado expediente de las ‘chuzadas’ del DAS. Lo anterior, debido a que los otros tres hechos que se consignaron en la demanda por parte de la magistrada González ya caducaron, por lo que el tribunal se abstuvo de pronunciarse.
Los episodios que no fueron tenidos en cuenta se refieren a una amenaza de bomba en el colegio donde estudiaba la hija menor de la magistrada González, ocurrida en septiembre de 2007. “Efectivamente, el 26 de septiembre de 2007, la Sala Penal llamó a indagatoria al senador Mario Uribe (primo del expresidente Álvaro Uribe), como imputado de conductas relacionadas con la actividad de los grupos paramilitares. Dos días después de la llamada a indagatoria, hubo una amenaza de bomba en las instalaciones del colegio Santa Francisca Romana, ubicado al norte de Bogotá; nunca se ubicó el abonado telefónico desde donde se hizo la llamada; no obstante el hecho fue inmediatamente informado a la Policía y ésta prometió investigar el asunto”, se registra en la demanda.
La magistrada también consignó que en enero de 2008 su carro oficial presentó averías mecánicas que presuntamente tenían un origen oscuro. Y, añadió, un mes después se integró el agente de policía Alexander Restrepo Valencia a su grupo de escoltas, quien presuntamente también había sido miembro del esquema de seguridad del senador Mauricio Pimiento, a quien la Corte le adelantaba un juicio en ese momento por sus vínculos con el paramilitarismo. Pimiento fue condenado en 2008 por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector, pues se benefició de la repartición electoral que hizo el desmovilizado jefe de las autodefensas Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el Cesar.
En la acción de reparación directa también se señala que en octubre de 2009, apareció un grafiti de color negro con la frase “Santa Rosario” en la baranda de un puente sobre la avenida Circunvalar, a pocas cuadras de la residencia de la magistrada, quien debía en ese punto realizar un giro para desplazarse de su casa. Algo que ella entendió como un mensaje directo contra ella. Sin embargo, el tribunal consideró que respecto a la fotografía que se le tomó a dicho grafiti, “no es posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue tomada”, por lo que no pudo incluirse entre las pruebas.
Este polémico fallo seguramente será apelado por la magistrada González ante el Consejo de Estado. Por ahora, lo cierto es que los magistrados de la Corte Suprema sí fueron víctimas de un gigantesco operativo de espionaje montado con el fin de atacar sus decisiones judiciales que además, en su momento, generaron un agrio enfrentamiento con el expresidente Uribe Vélez. Unos hechos sobre los que aún no se ha podido esclarecer la cadena completa que ordenó la cacería de estos magistrados.
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@macamilarincon