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El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando Bolaños definirá el próximo martes si avala o no la solicitud presentada por la Fiscalía General para cobijar con medida de aseguramiento a la excontralora general, Sandra Morelli Rico en el marco del proceso que se le adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon el alquiler de la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de la capital de la República.
El togado, quien funge como juez de control de garantías, manifestó que se debe tomar un tiempo para analizar cada uno los extensos argumentos presentados en dos días de audiencia por parte de las partes intervinientes. En la diligencia judicial celebrada este miércoles la representante de la Procuraduría General y la defensa del excontralora General solicitaron que no se acepte la petición del fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
El abogado defensor manifestó que su cliente tiene un “tiquete” para regresar al país, puesto que no tiene la intención de prolingar su estadía en Italia. Sin embargo aseguró que ella tiene esa disposición siempre y cuando en el país se le brinden las garantías procesales y judiciales para hacerse presente en las audiencias que se fijen.
En este sentido manifestó que su cliente siempre ha estado dispuesta a atender los llamados de las autoridades judiciales, y prueba de esto es que ha insistido en participar vía teleconferencia desde Roma (Italia) en las diligencias que se han adelantado entre este martes y miércoles "muy atenta a cada una de las intervenciones".
El jurista argumentó que no existen motivos para inferir que su defendida representa un riesgo para la sociedad, como lo expuso el fiscal del caso, o que justifiquen una medida preventiva de su libertad en su domicilio. Igualmente rechazó la solicitud de una orden de captura internacional en contra de la excontralora General.
El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.
Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)
En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.
Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.
“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)
La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.
En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".