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La más reciente medida para establecer el futuro de la cárcel La Tramacúa (Valledupar), por las pésimas condiciones en las que viven los reclusos, la tomó la Corte Constitucional en un auto firmado el 22 de febrero de 2016, justo un día antes de que los presos entraran en una huelga de hambre. En el documento el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, le pidió al Tribunal Administrativo de Cesar y a otras autoridades que expliquen cuáles han sido las medidas tomadas para cumplir con lo ordenado por la Corte en mayo de 2014 y notificado en noviembre de ese año, cuando declaró que, de no mejorar las condiciones de salubridad en un plazo de 11 meses, el penal debía cerrar.
La preocupación del alto tribunal es que en La Tramacúa, oficialmente conocida como la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, las condiciones de salubridad son precarias. En una ciudad donde la temperatura llega a los 40°, el agua no llega a las celdas, sino que los reclusos deben recoger el líquido en el primer piso y almacenarlo en baldes y recipientes de plástico. Los presos aseguran que además existe una sobrepoblación dentro del penal, y no tienen un lugar adecuado para lavar su ropa y lo hacen en el mismo sitio en que limpian los utencilios de comida.
Según el auto, en 10 días el Tribunal Administrativo del Cesar tendrá que rendir su informe ante la Corte. Sin embargo, mientras se da un pronunciamiento oficial, la posición de ese tribunal pareciera estar clara. En un fallo del 9 de febrero de este año, conocido por El Espectador, los magistrados del Tribunal con sede en Valledupar declararon que no resulta pertinente el cierre de la cárcel, pues consideran que se ha cumplido casi todo lo que ordenó la Corte Constitucional en 2014.
Según el fallo, después de la inspección realizada al penal el 19 de enero de 2016 en la que participaron miembros del Ministerio de Justicia, Inpec, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, y el mismo magistrado ponente de la sentencia del 9 de febrero, José Antonio Aponte, se encontró que se están realizando las obras para que el agua llegue a las celdas de los presos, que el suministro del líquido se está cumpliendo a cabalidad y que los baldes que la Corte Constitucional ordenó comprar para que los internos pudieran almacenar agua, ya fueron repartidos.
En cuanto a la atención médica que debe existir dentro de la cárcel, el Tribunal Administrativo del Cesar aseguró que no hay ninguna demora. Existe una “programación semanal para atender por día cada una de las torres, con una cantidad de 20 internos en la mañana, y 20 por las horas de la tarde”, y agregó que en temas de defensa y respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad, se han adelantado capacitaciones y charlas para discutir su situación. De igual manera, aseguran, se han implementado “actividades recreativas, deportivas y de sensibilización”.
Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de los presos y quienes han presentado las tutelas que hoy tienen en jaque la continuidad de la cárcel aseguran que la realidad es muy diferente. El auto presentado el pasado 22 de febrero por la Corte Constitucional recopila las más recientes quejas de los demandantes, quienes aseguran que las pruebas que el Inpec mostró el día de la inspección a la cárcel en su gran mayoría fueron un engaño. “No se han realizado los traslados necesarios de internos para generar un mejor ambiente y tener el agua suficiente para las necesidades diarias. Tampoco hay ninguna clase de actividad lúdica como ellos afirman”, reclaman.
Además, la Corte da cuenta de una infracción importante que se habría realizado el día de la inspección. Según la sentencia T-282 de 2014, la misma que dio un plazo de 11 meses para mejorar las condiciones en la cárcel y así evitar su cierre, ordenó crear una comisión para realizar una visita técnica y verificar la situación del lugar y los avances para mejorar las condiciones. De acuerdo con lo dispuesto por la Corte, el grupo de inspección debía estar integrado por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el director del Inpec y las ONG que participaron en el caso. Pero ningún mimbro de estas organizaciones logró entrar.
“No se ha adecuado en los pabellones un lugar donde haya un lavaplatos, lo cual ha provocado que los utensilios sean lavados prácticamente en el mismo lugar donde se realizan las necesidades fisiológicas. Situación que implica la contaminación de los recipientes donde los reclusos reciben alimentos, lo que ha generado constantes diarreas, brotes en la piel, hongos y otros”, le contó la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a la Corte. En cuanto a estas peticiones y quejas, el Tribunal Administrativo del Cesar no hace ninguna mención en su fallo.
Ante esta situación, los internos de la cárcel de La Tramacúa entraron en una huelga de hambre desde el pasado 23 de febrero, mientras que en diferentes ciudades del país se convocó a una jornada para exigir el cierre del penal. Por ahora, la petición más urgente de los presos sigue vigente: que tengan una fuente de agua para cada actividad diaria y no tengan que repartir el líquido entre su baño y la enjuagada de su ropa; que puedan ingresar ventiladores para aguantar los 40°que se sienten en Valledupar; y que los doten de toldillos para resguardarse de lo que más temen: mosquitos infectados de chikunguña o zica.