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La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió como medida cautelar el contrato de concesión de la Ruta del Sol II (001 de 2010) el cual le fue entregado a la empresa brasileña Odebrecht. La decisión se tomó tras aceptar la petición presentada por la Procuraduría General que llamaba la atención sobre las irregularidades en la celebración y ejecución del millonario contrato.
"Declárase la suspensión provisional de los efectos del Contrato de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, sucrito entre el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agenda Nacional de Infraestructura) y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, hasta tanto se dicte sentencia de acción popular o se resuelva por el Tribunal Arbitramiento la petición de nulidad del contrato", señala la decisión.
En la decisión judicial se le pide al Gobierno tomar medidas de fondo para "atender la frágil condición jurídica del contrato y las consecuencias de todo orden que se deriva de dichas circunstancias". Es decir que se adopten mecanismos a disminuir el impacto de esta decisión judicial. (Ver Tribunal aceptó demanda de nulidad de la ANI contra Ruta del Sol 2)
"Ordénese al señor Presidente de la República para que en su condición de Suprema Autoridad Administrativa y Representante Legal de la Nación designe la autoridad que habrá de administrar el Proyecto Ruta del Sol Sectro II", señala el documento de 96 páginas que recogió los argumentos presentados en la acción popular presentada por la Procuraduría General.
Esto con el fin de evitar que las obras se paralicen. "La autoridad que señala el señor Presidente de la República tendrá la obligación de tomar posesión inmediata de las obras de la Concesión Ruta del Sol Sector II, velar por la correcta y eficiente ejecución de los trabajos de obra, así como la de ejercer una constante vigilancia sobre los recursos económicos que provengan o sean fruto de concesión".
"Asegurar la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de presetación de servicios o de cualquier otra naturaleza que en la actualidad estén vigentes para cuyos efectos el alto funcionario aludido podrá llevar a cabo en firma directa o determinar la forma delegada en que se habrán de realizar las actuaciones administrativas".
El extenso documento ordena igualmente el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proeyctos del Sol S.A.S. "La anterior determinación sin prejuicio de la prohibición de embargo de los dineros para la ejecución de otros contratos estatales".
Se ordenó además el embargo de las cuentas bancarias del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Mameri y el exdirectivo de la multinacional, Luiz Eduardo Da Rocha Soares. "Los embargos ordenados en esta providencia se realizarán hasta por el monto de ciento noventa y un mil ciento dieciocho millones quinientos ocho mil quiento pesos".
La acción popular
En la solicitud presentada por el procurador General, Fernando Carrillo Flórez se advertían las “graves conductas ilícitas” que rodearon la celebración del millonario contrato que fue adjudicado por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) a la trasnacional, que se encuentra en el ojo del huracán por el pago de sobornos para recibir contratos de obras públicas.
El Ministerio Público solicitó que se tomará como medida cautelar urgente suspender la ejecución del mencionado contrato mientras se toma una decisión de fondo en esta acción popular radicada el pasado 27 de enero con el fin de proteger el patrimonio público y el daño moral que causó la empresa brasileña en Colombia.
En la acción se pedía que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ordenará las medidas necesarias para garantizar que la presente obra no quede paralizada puesto que esto traería graves afectaciones económicas y laborales, como ocurrió en el caso de la fase III de TransMilenio en Bogotá.
En este sentido le pidió al Tribunal Administrativo que proteja al Estado en la demanda presentada por Odebrecht por 263 millones de dólares. Además de la restitución inmediata de los 11.1 millones de dólares que pagaran sobornos.
Para el Procurador General esta empresa debe responder por el daño patrimonial en términos de reparación que este caso de corrupción ha generado al desarrollo económico y social del proyecto Ruta del Sol II (Puerto Salgar – San Roque).
Por estos hechos de corrupción es procesado actualmente el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales quien ya reconoció su participación en los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía General sostuvo que el exdirector encargado del Inco durante la entrega del contrato recibió 6.1 millones de dólares con el fin de realizar los trámites dirigidos a beneficiar en el proceso de licitación a la empresa brasileña.