Tribunal ratificó condena contra tres “falsas víctimas” de la masacre de Mapiripán

En fallo de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 96,6 meses (cinco años y cinco meses) de prisión en contra de Mariela Contreras Cruz, Algemiro Arévalo y Zuly Herrera Contreras por mentir ante las autoridades judiciales por los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán ejecutada por grupos paramilitares.

Al resolver un recurso de apelación, la Sala determinó que las “falsas víctimas” faltaron a la verdad con el fin de recibir beneficios económicos tras una demanda presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos argumentando que durante la incursión de los ‘paras’ entre los días 15 y 20 de julio de 1997 en el municipio situado en el departamento del Meta.

En la decisión se señala que los tres procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo con estafa agravada en la audiencia de imputación de cargos celebrada el 3 de agosto de 2013. Debido a esto considera que la rebaja de la pena se fijó en los límites establecidos en la ley.

El Tribunal deja en firme el monto de la condena, sin embargo retira el beneficio de detención domiciliaria otorgado a los tres procesados por parte del juez 29 de conocimiento. Ante esto se ordena que cumplan la condena en un centro carcelario debido a la gravedad de los hechos.

Mariela Conteras le aseguró a los organismos judiciales que su esposo y dos de sus hijos habían fallecido durante la masacre comandada por Salvatore Mancuso Gómez. A dicha declaración se le dio total validez y la Corte IDH ordenó el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados.

Sin embargo, se comprobó mucho tiempo después que estas personas no habían muerto por el accionar de los paramilitares sino que había sido asesinado mucho tiempo después por parte de la guerrilla de las Farc. La suerte de sus dos hijos, de los cuales aseguró que estaban desaparecidos tras la llegada de los ‘paras’, distaba mucho de sus declaraciones ante el organismo internacional.

Ellos, según la investigación de la Fiscalía, no murieron en la masacre, sino que incluso siguen con vida. Para el ente investigador Contreras, su hija y su yerno sabían esto y aun así continuaron con su historia falaz.

El Tribunal Superior reseñó que pese a que se expidió la notificación personal de la decisión a los procesados, quienes se encuentran en su finca Santa Catalina, vereda El Cocuy en Villavicencio (Meta) no fue posible hacer la respectiva notificación.

Por los hechos omisivos que rodearon la incursión de los paramilitares al municipio fue condenado a 39 años de prisión el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, quien presentó un recurso de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).