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El fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema cuestionó seriamente la decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de permitir la presencia vía teleconferencia de la excontralora General, Sandra Morelli Rico en la audiencia en la que se le solicitará que se cobije con medida de aseguramiento en calidad de detención privativa en su residencia en el marco del proceso que se le adelanta por irregularidades en contratación.
El representante del ente investigador asegura que es un “pésimo precedente” para la justicia colombiana el hecho que una persona que ha manifestado una abierta rebeldía para hacerse presente en las diligencias judiciales y a quien se le declaró la contumacia se le permita participar vía virtual. “Es una burla a la administración de justicia”.
El magistrado, que funge como juez de control de garantías, aceptó la solicitud de la defensa de la excontralora General manifestando que la procesado no puede perder ninguno de sus derechos constitucionales, avalando la intervención de la imputada mediante teleconferencia para lo cual se tienen los recursos técnicos.
En la solicitud de la medida se manifestará que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir que la procesada representa un peligro para la sociedad, no comparecerá materialmente al proceso y no cumplirá una eventual sentencia. Hecho por el cual es necesaria la medida de aseguramiento. Morelli Rico actualmente se encuentra en Roma, Italia.
El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.
Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)
En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.
Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.
“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)
La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.
En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".