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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto las decisiones tomadas por la jueza 10 penal del Circuito de Bogotá, Teresita Barrera frente a la declaratoria de inexistencia de la formulación de imputación de cargos contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona. En su determinación se ordenó la libertad de la exfuncionaria cuyo paradero es desconocido hasta la fecha.
En la misma decisión el Tribunal Superior ordenó tres días de arresto para la jueza y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes. En este sentido se consideró que la funcionaria judicial incurrió en un desacato de un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que resolvió una acción de tutela presentada por la defensa de Pardo Gaona el 20 de febrero de 2015.
Igualmente también se le ordenó al juez coordinador del servicio de judiciales del sistema penal acusatorio para que asigne a un juez diferente a la demandada y de categoría penal del circuito de conocimiento para que asuma el recurso de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento decretada por el juzgado 49 penal municipal con función de control de garantías.
Finalmente se compulsaron copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General para que lo de su competencia y a la Presidencia del Tribunal Superior de Bogotá, la vacancia transitoria del juzgado décimo penal del circuito de conocimiento de Bogotá, para la provisión de la misma.
En su determinación la jueza tumbó el segundo proceso que se adelanta contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona por su presunta responsabilidad en el ‘carrusel de la contratación’. En su decisión anuló la medida de aseguramiento en centro carcelario que existía contra la exfuncionaria y ordenó su libertad al considerar que no existían argumentos para mantenerla privada de la misma.
La jueza también es conocida por haber ordenado la libertad de las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero por el caso Colmenares, el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila y recientemente la del inversionista italiano, Alessandro Corridori y otras cuatro personas procesadas por el descalabro bursátil de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.