La Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá declaró el derecho a la restitución y le otorgó la titularidad de la tierra de cuatro predios rurales ubicados en la vereda de Balsillas, municipio de Ataco (Tolima).
La familia se había visto obligada a abandonar su finca debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las Farc en el año 2002. Por medio de las vías jurídicas presentaron la petición para que se aplicará la ley de restitución de tierras, sin embargo en fallo de primera instancia los juzgados de tierras se Ibagué negaron la solicitud.
Las sentencias fueron remitidas de manera electrónica a la Sala de Bogotá en grado jurisdiccional de consulta, quien decidió acumular los procesos. Así mismo, al conocerse la existencia de una tercera solicitud se procedió a su acumulación a través de su digitalización e incorporación al “proceso cero papel”. En este caso se protegieron los derechos de los desplazados y se les entregó la titularidad.
En el fallo del Tribunal se resalta la especial situación de las mujeres en el marco del conflicto armado y reconoce la calidad de víctimas a la cónyuge e hija del solicitante, y con ello sus derechos igualitarios a la restitución sobre los predios objetos de la acción.
En el caso concreto, se concluye que el principio del derecho agrario, según el cual está prohibido adjudicar un predio baldío cuando el solicitante ya es propietario o poseedor de otro predio rural, como ocurrió en este caso; no resulta afectado si se accede simultáneamente a la solicitud de restitución de tierras. Es así, que en el caso concreto se da prevalencia al derecho a la restitución de tierras, frente a los principios y reglas del derecho agrario, y se ordena la adjudicación de los 4 predios al solicitante y su núcleo familiar.
Bajo la modalidad de “cero papel” se logró una agilidad en el estudio del proceso puesto que se realizaron audiencias virtuales, firma electrónica de documentos, notificaciones electrónicas seguras, incorporación de documentos digitales y electrónicos al sistema de información, habilitación de servicios de intercambio de datos con la Unidad de Restitución de Tierras y coordinación con siete entidades estatales vinculadas al proceso por la ley de víctimas.