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Al resolver el recurso de reposición, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su decisión de no cobijar con medida de aseguramiento a la excontralora General, Sandra Morelli Rico en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de contratos para el arrendamiento de la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de Bogotá.
El togado aseguró que la solicitud de la Fiscalía General no cumplió con los requisitos para inferir que la excontralora General representa un peligro para la sociedad y que en libertad puede afectar el desarrollo del proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
En este sentido aseguró que los argumentos del fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema no satisficieron al despacho para avalar la solicitud de medida de aseguramiento. “La duda que se presente se resolverá a favor del procesado”, precisó el magistrado al citar jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias referidas a la libertad personal.
“En el presente asunto a partir de las evidencias surge como posible que los hechos que tengan el trasfondo que les imprime la Fiscalía General pero también que las cosas hayan ocurrido de la manera en que las presenta la defensa. Precisamente como no se está en un debate probatorio el magistrado con función de control de garantías no pude llenarse de razones para despejar las dudas razonables que le surgieron relacionadas con la inferencia de autoría dolosa”, precisó.
Los cargos contra Morelli
El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.
Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)
En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.
Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.
“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)
La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.
En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".