La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbó el preacuerdo firmado entre el contratista Emilio Tapia Aldana y la Fiscalía General dentro del proceso que se le adelanta por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
En su decisión, el Tribunal Superior ordenó además agilizar el proceso que se adelanta contra el empresario por el delito de concierto para delinquir que se extrae de la “empresa criminal” conformada por un grupo de contratistas con funcionarios del Distrito con el fin de beneficiarse con multimillonarios contratos viales en Bogotá.
Con esta decisión el contratista tendrá que enfrentar un juicio por los delitos de celebración indebida de contratos y cohecho por dar u ofrecer dentro del considerado mayor escándalo de corrupción administrativa en la historia del país. Tapia Aldanda enfrenta actualmente otro proceso por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En el preacuerdo firmado Tapia aceptaba su responsabilidad en los delitos imputados por lo que pagaría una pena de 13 años consistente en detención domiciliaria. Igualmente se comprometía a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se adelantan por el 'carrusel' y ser testigo de cargo de la Fiscalía en los juicios.
El Tribunal Superior también compulsó copias para el Consejo Superiro de la Judicatura y la Fiscalía General investigue las actuaciones de los funcionarios que participaron en el preacuerdo.