El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados del país, Hermens Darío Lara Acuña le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que emita medidas cautelares dirigidas a frenar los efectos del proyecto a la reforma del equilibrio de poderes en los temas que hagan referencia directa a la administración de justicia.
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá aseguró que esta solicitud tiene como base el hecho que dicha reforma no soluciona de fondo las problemáticas de la justicia, y en cambio pone más trabas para el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, afectando el panorama en la Rama.
"Solicitarle para que interceda ante el Gobierno Nacional y ante el Congreso para que realmente esas reformas sean en beneficio del país y no en beneficio de unos intereses oscuros que llevan adelante esta reforma", precisó Lara Acuña quien reiteró su apoyo ante la propuesta presentada por la Comisión Interinstitucional de la Rama de Judicial ante la Cámara de Representantes para que se archive de inmediato este proyecto.
En este sentido aseguró que en los diversos debates académicos se ha llegado a la conclusión que esta reforma no representa lo que necesita la Rama Judicial, si a esto se le suma la creación de nuevos cargos. “La ‘venozolanización’ de la justicia colombiana empieza con una restructuración que no se ha pensado en realidad”.
“Los mismos ministros y congresistas dicen, a voz en cuello, que esta no es una reforma a la justicia pero hay que suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, y consideramos que esta es una medida apresura y no ha sido consultada por el país y nos puede llevar a un abismo constitucional”, precisó.
Esto se debe a que los magistrados no han sido llamados a debatir este proyecto, tal como sucedió en el 2012 con la Reforma a la Justicia que fue tumbada por el presidente de la República. “Los políticos de Colombia no entienden quiénes son los jueces. Nosotros durante 25 años hemos tutelado el derecho fundamental a la salud y con esta reforma no van a tener este acceso”
Igualmente cuestionó la posición de las altas cortes frente a las decisiones que han tomado para afectar la carrera judicial. “Ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia nos ha representado, o ha ido al congreso para apoyar a los benéficos judiciales ellos solamente piensan en sus intereses y no la administración de justicia que la aplicamos todos los funcionarios”.
En el concepto de los magistrados y los jueces “este proyecto atenta contra la independencia judicial puesto que se afecta la carrera judicial, “como vemos en Venezuela los jueces están adoctrinados por el sistema político presidencial”. Por lo que están en contra de lo que “llaman un esperpento” para afectar la estructura de la administración de la Rama Judicial.
Finalmente aseguró que una sola persona no puede hacer el nombramiento de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, puesto que este es el sistema que maneja en Venezuela.