Tumban billonaria condena contra la Nación por desplazamiento forzado en Sucre

En fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre tumbó el fallo que condenaba a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Acción Social, departamento de Sucre, Municipio de Sincelejo, y personería de Sincelejo, al pago de 2,1 billones de pesos para reparar a 44.568 personas que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares por la presión de grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado.

Tras resolver el recurso presentado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal consideró que en el fallo emitido en enero de 2016 por el juzgado séptimo administrativo del circuito de Sincelejo (Sucre) no se sustentó de debida forma la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección y seguridad para atender esta problemática en el departamento de Sucre.

En este sentido se manifiesta que la parte demandante no allegó elementos que permitieran inferir “la existencia de una omisión” por parte de la Fuerza Pública para controlar la situación, ni de las fallas en las que habrían incurrido los entes territoriales, léase la Gobernación, Alcaldía y Personería, así como Acción Social para atender a la población desplazada.

Para el Tribunal, en este caso no se estableció una falta de servicio por las partes demandadas. En el fallo, el juzgado administrativo consideró que las pretensiones de la demanda debían validarse, puesto que en efecto el Gobierno no había diseñado una política integrar para evitar el desplazamiento forzado en el departamento, y tampoco se habían activado las alertas para atender a los desplazados.

El juzgado consideró en su momento que esta crisis humanitaria no fue atendida de manera adecuada por los organismos estatales encargados. Hecho por el cual ordenó la reparación de los desplazados de los municipios de San Onofré, Colosó, Chalán, Ovejas y Sincé en el departamento de Sucre, quienes presentaron una acción de reparación.

Por este hecho, la Agencia Jurídica de Defensa de Estado le solicitó formalmente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura investigar a un grupo de abogados que han emprendido multimillonarias demandas contra el Estado. Igualmente, solicitó que se investigue al jurista David de Jesús Fajardo Cardozo, quien presentó la billonaria acción contra la Nación, y a la jueza que falló.