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En diálogo con Blu Radio, el ciudadano José Gotardo Pérez Soto manifestó que presentó la acción de tutela en contra del fallo de la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro al considerar que sus derechos habían sido vulnerados. (Escuche la entrevista)
En este sentido señaló que, bajo la asesoría de un abogado, radicó la acción judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al considerar que sus derechos fundamentales constitucionales de elegir y ser elegido, de participación en el ejercicio y control del poder político fueron afectados por la decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría emitida el pasado 9 de diciembre.
“Con la sanción considere que se vio afectado mi voto y el de otras 700 mil personas que ayudaron a que el doctor Petro fuera elegido como alcalde de Bogotá”, precisó Pérez Soto quien presentó la acción de tutela el pasado 29 de diciembre “en su propio nombre y como agente oficioso” del mandatario distrital.
El tutelante, quien es coronel en retiro de la Policía, manifestó que en efecto tuvo unos contratos con la Alcaldía de Bogotá en temas relacionados con seguridad “desde hace muchos años”, haciendo referencia a la administración de Samuel Moreno Rojas y Clara López Obregón, quien sea dicho de paso lo condecoró por los “valiosos aportes” al Distrito.
En el corto diálogo, señaló que no tiene relación alguna con el magistrado José María Armenta Fuentes, aclarando además que prefiere alejarse de la discusión pública sobre el hecho de que la esposa del togado es una funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). “No opino sobre eso, no conozco al magistrado y mucho menos a su esposa, esas son cuestiones diferentes a la mía”.
Finalmente indicó que respetará la de decisión de fondo que tome en los próximos 10 días el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “El resultado que dé pues lo respeto, como he respetado toda mi vida como autoridad la ley y la Constitución”, señaló el tutelante al señalar que cuando uno siente vulnerados sus derechos la carta política le da a las personas las herramientas para presentar sus respectivas quejas y denuncias.
La polémica
En la mañana de este miércoles, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se reunirá para estudiar si le abre o no investigación preliminar al magistrado Armenta Fuentes quien fungió como ponente de la decisión en el cual se suspendieron provisionalmente los alcances de la sanción contra Petro Urrego por las irregularidades en la modificación del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En la Sala se debatirá si se presentó algún tipo de irregularidad por el hecho de que la esposa del togado es actualmente la jefe de activos fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Vale recordar que la entidad recibió los contratos para la recolección y manejo de las basuras en el modelo implementado el 18 de diciembre de 2012.
Ante las preguntas de los medios de comunicación el magistrado fue tajante en asegurar que no tiene ninguna amistad o relación alguna con el alcalde de Bogotá. “Al señor Gustavo Petro vagamente recuerdo haberlo visto en el Externado hace 30 o 35 años cuando yo estudiaba derecho”.