Ante el Consejo Superior de la Judicatura, el abogado Germán Calderón interpuso una acción de tutela en contra del fallo emitido por la sala de conjueces del alto tribunal que le quitó a la Contraloría la investigación contra los magistrados por el llamado carrusel de las pensiones.
En la tutela se le exige a la Judicatura explique la decisión en el caso de las investigaciones para los aforados constitucionales, como lo son el presidente de la República, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura).
Según el tutelante, con esto se vulnera el ejercicio del control fiscal, puesto que la Contraloría si puede adelantar este tipo de investigaciones cuando se trata de termas técnicos y de patrimonio como ocurre en estos casos.
"Tenemos interés jurídico todos los ciudadanos colombianos en velar que los recursos públicos se recauden en debida una vez se adelanten los procesos de responsabilidad fiscal y se establezcan las cuantías que se deben recuperar por detrimentos patrimoniales", precisó Calderón.
Para el abogado los presuntos nombramientos irregulares en la Judicatura y en otras altas cortes se tiene que definir como una acción de "gestión fiscal" puesto que afecta las arcas del Estado.
El tutelante manifestó además que los conjueces que emitieron el fallo debieron declararse impedidos porque fueron nombrados por los magistrados que están involucrados en el caso. “Ellos reciben honorarios por el fallo, ósea que tienen un interés directo económico en el mismo”, estimó.
Según el fallo de los conjueces, la única que puede investigar a los magistrados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la cual le fue designada esta responsabilidad en la Constitución Política de 1991.