Ante el Consejo de Estado fue presentada una tutela por el anuncio hecho el pasado viernes para cesar las actividades en los juzgados de familia y civiles de Bogotá y otras ciudades. En la acción judicial se manifiesta que se está afectando el acceso a la administración de justicia.
El abogado José Ángel Fonseca manifestó que se restringe la entrada a los despachos judiciales, lo cual los afecta de manera directa ya que les impide realizar su trabajo. Acción por la cual sus clientes también se han visto perjudicados puesto que necesitan la resolución de sus casos.
"La Constitución Política establece que el acceso a la administración de justicia es un servicio esencial y las autoridades deben garantizar el acceso. Obviamente el presidente de la República debe garantizar este derecho", explicó el abogado.
Además anunció que se prepara una especie de “tutelatón” con el fin que las autoridades judiciales ordenen la reapertura inmediata de los despachos judiciales. Actualmente en Cali, Ibagué, Cartagena y Pasto los juzgados se encuentran en Asamblea Permanente y no prestan atención al público.
La acción de tutela va dirigida en contra del presidente de la República, el ministro de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y Asonal Judicial para que se ordene el acceso al público y sujetos procesales.
Los funcionarios y trabajadores judiciales protestan por los alcances del acuerdo 10445 de diciembre de 2015 por medio del cual se crea un centro de servicios generales para la atención al público y resolución de los casos.