Un conjuez decidirá la pelea de tierras en Barú

Se trata de un pleito por los terrenos ubicados en la vereda Playa Blanca (Cartagena) en los que se pretende construir un proyecto turístico.

 

Después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional quedara 4-4, el conjuez que resolverá la pelea entre el Gobierno y la comunidad de Playa Blanca (Cartagena) será Mauricio Plazas. Se trata de un pleito que comenzó en 2012, cuando la Asociación de Trabajadores de Turismo de esta vereda de la isla de Barú y dos habitantes más presentaron una tutela ante la Corte Constitucional en la que pedían que se les reconociera como una comunidad ancestral. Pedían también que pudieran hacer una consulta previa y así aprobar un proyecto turístico a cargo de la Sociedad Playa Blanca S. A. S.

El alto tribunal falló en agosto del año pasado en favor de las comunidades que presentaron la tutela. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2015, la Agencia de Defensa del Estado le pidió a la Corte Constitucional que revisara su decisión pues, según el Gobierno, los beneficiarios de la sentencia son personas ajenas a las comunidades afrodescendientes, incluidos extranjeros, que han llegado a la zona.

“La Corte falló solo con fundamento en el autorreconocimiento como comunidad étnica de un grupo de comerciantes, obviando elementos de carácter objetivo como la continuidad histórica o la presencia de antepasados en ese territorio en particular”, explicó la Agencia de Defensa del Estado cuando le solicitó a la Corte la revisión de su sentencia y, además, recordó que el alto tribunal no tuvo en cuenta pruebas que él mismo había solicitado.

Los elementos probatorios a los que hizo referencia la Agencia de Defensa del Estado son fotografías, vídeos y testimonios que podrían demostrar que quienes pidieron el reconocimiento como comunidad ancestral afrodescendiente no cuentan con esa condición. Junto a la petición de la agencia, se encuentran otras cinco entidades estatales: el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, el Fonade y la Dimar.

Para las cinco instituciones y la agencia, la decisión de la Corte “pone en peligro todas las playas del país que, eventualmente, podrían ser reclamadas por grupos de ciudadanos que invadan y se autorreconozcan como comunidad ancestral”. La pelea ahora está en manos del conjuez Plazas, quien en otra ocasiones, como en el de las megapensiones, ha sido convocado para resolver lo que la sala plena de la Corte Constitucional no ha podido.