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Judicial 12 Jun 2013 - 12:39 pm

Contratación

Un enredado contrato por $13.500 millones en cinco batallones

Interventor acusa al Ejército de negligencia y al constructor de incumplimiento. La entidad acusa por igual al ejecutor de las obras y al interventor.

Por: Stefanie Matiz Cortés
En Twitter: @stefaniematiz
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Foto de archivo Ingenieros Militares.

Hace dos años la jefatura de Ingenieros Militares decidió emprender un proceso sencillo, para unas obras sencillas en cinco batallones y con un plazo de duración muy corto: menos de tres meses.

Se trataba de la instalación de algunos elementos de saneamiento básico, redes eléctricas y baterías sanitarias en batallones en La Plata (Huila), La Australia (Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Salazar de las Palmas (Norte de Santander) y en Santa Ana (Putumayo).

Tras el rutinario proceso de licitación se firmó el contrato de obra número 740 por $9.786 millones que debería ejecutarse entre el 10 de octubre de 2011 y el 30 de diciembre de ese mismo año. Es decir, 80 días.

Sin embargo, 20 meses después de iniciadas las obras estas no han sido terminadas, su valor subió en 4.000 millones de pesos y el convenio se ha convertido en un dolor de cabeza para todas las partes involucradas, pues el Ejército no ha recibido las obras , el ejecutor ya fue sancionado y hay un proceso en su contra, mientras que el interventor busca que el Ejército le reconozca $2.500 millones de pesos de sobrecosto en su labor de vigilancia a causa de las demoras e incumplimientos de la Unión Temporal Obras Militares 2012.

Los problemas comenzaron por el propio Ejército, pues a raíz de falta de estudios y diseños completos, las obras no pudieron comenzarse a tiempo y fue necesario hacer una modificación al contrato y prorrogar su terminación hasta el 29 de marzo de 2012.

Posteriormente, para ese 29 de marzo y tras encontrar deficiencias en los presupuestos (debido a la falta de estudios y diseños que habían ocasionado la primera prórroga, entre otros) se tuvieron que adicionar al contrato $3.743 millones. Así mismo, se decide ampliar el plazo al ejecutor para que entregue el 30 de junio de 2012 y se incluyen tres nuevas obras.

Antes de cumplirse ese plazo, y nuevamente por deficiencias en los estudios y diseños, se prorroga el contrato hasta el 30 de agosto de 2012. La Unión Temporal Obras Militares 2012 (conformada por construcciones Barsa SAS y Muñoz y Herrera Ingenieros) es entonces multada por el 1% del contrato por cada día de incumplimiento (sin que la multa superara el 10%, según lo establece la ley) pero al mismo tiempo recibe 45 días adicionales de plazo para la entrega de las obras.

La última prórroga a este accidentado contrato se otorga el 15 de octubre de 2012 y se extiende hasta el 15 de noviembre, esta vez por falta de fluido eléctrico debido a la demora en los trámites con las empresas operadoras en las regiones donde se ejecuta el contrato.

Casi siete meses después de la última prórroga oficial, el contrato no ha sido terminado y el conflicto entre las partes se agudiza, puesto que la interventora acusa a la Jefatura de Ingenieros Militares por haber recibido obras sin su participación y varios meses después de terminado el contrato.

Para el interventor Ingeobras es evidente que el proceso está lleno de vicios y que se han registrado una serie de irregularidades que ya decidieron poner en conocimiento dela Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Ante la Fiscalía, Ingeobras interpuso el 16 de mayo pasado una denuncia penal por presunto prevaricato por acción y a la Procuraduría le pide investigar si los funcionarios del Ejército han incurrido en conductas disciplinarias en la ejecución del contrato.

Adicionalmente, Ingeobras le está solicitando al Ejército que le reconozca $2.506 millones de pesos por un supuesto desequilibrio económico en que ha incurrido debido a que ha tenido que estar más tiempo del inicialmente pactado pendiente de las obras, a mayor número de informes requeridos, a que no ha sido posible liquidar el contrato y además al “desgaste administrativo y jurídico en que se ha visto involucrada la interventoría por las múltiples audiencias y solicitudes de informes de la entidad para procesos sancionatorios en contra del contratista (…)”.

Pero además, el interventor se queja de que cuando informó al Ejército de que sobraban $300 millones del presupuesto original del contrato, los encargados le respondieron que no podría sobrar dinero y que debía “ver cómo lo invertía”.

El general Guillermo Suárez Ferreira, director de la Jefatura de Ingenieros Militares, admite que este tipo de contratos a siempre general inconvenientes y mal entendidos y que prácticamente es su “día a día” la solución de estas controversias.

Suárez Ferreira señaló que no resultaba irregular haberle concedido nuevos plazos sucesivos a la Unión Temporal Obras Militares 2010, puesto que lo problemas en los diseños no eran culpa del ejecutor de la obra, sino de Ingeniería del Ejército y por ello no era el contratista quien debía responder ante esos problemas.

El general argumenta que no ha sido laxo con el contratista y que por el contrario ya multó al ejecutor de la obra y, aunque suspendió una audiencia el mes pasado, mantiene vigente el proceso de investigación según lo establece la ley.

Ante la queja del interventor sobre el sobrante de los 300 millones de pesos, Suárez Ferreira asegura que Ingeobras le informó a último momento de ese excedente y que lo que hubo fue un reclamo por su parte debido a que al no ser notificado a tiempo no se podía reasignar esa cantidad y eso podría generarles problemas a esa jefatura por la ejecución del presupuesto de 2013 y la asignación de recursos para 2014.

Ingenieros Militares y el interventor se encuentran en este momento en disputa también porque el Ejército decidió recibir unas obras sin la asistencia y verificación de Ingeobras. Para la interventora esto es a todas luces irregular puesto que no se puede dar por concluido un proyecto sin el visto bueno del agente interventor.

El Ejército por su parte señala que han insistido ante el interventor para que acuda a recibir las obras y éste no ha asistido esgrimiendo diferentes argumentos y que no hay nada irregular en poner en funcionamiento unas baterías sanitarias y otros elementos que son para el “bienestar de nuestros soldados”, y por el contrario ya inició un proceso en contra de Ingeobras precisamente por negarse insistentemente en acudir a la entrega de esas obras.

El pasado 7 de junio el Ejército debió dar por recibidas las dos últimas obras que hace parte del contrato 740, también sin la participación de Ingeobras, pero el pleito seguirá por varios meses hasta tanto las partes lleguen a un acuerdo o haya alguna decisión por parte de las autoridades.
 

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