Un fraude por 1,4 millones de dólares

A través de una sofisticada operación de compra y venta de bonos de deuda pública en la Bolsa de Valores de Colombia, un conocido banco perdió en menos de un año más de US$1,4 millones. Según documentaron la Fiscalía y la Policía, los protagonistas de la presunta estafa (calculada en casi $4.500 millones) fueron dos corredores de bolsa: Jaime Rodríguez Vizcaíno, en representación de la entidad financiera, y Juan Camilo Viveros, como bróker de la comisionista de bolsa Adcap (* vea al final una actualización de esta noticia). En total, entre 2013 y 2014 se identificaron 160 operaciones fraudulentas que, debido a cierto margen de maniobra entre los corredores y el negocio de la especulación como tal, no despertaron sospechas. Sin embargo, para los investigadores sí resultó exótico que en esas 160 operaciones siempre perdiera el banco y ganara la comisionista. Un desafío a las leyes más elementales del mercado de valores.

La experticia de ambos corredores en asuntos financieros y bursátiles, tan ajenos incluso hasta para la gerencia de uno de los más poderosos bancos en Colombia, posibilitó la multimillonaria defraudación, que fue detectada de forma fortuita. Fue la propia comisionista la que descubrió el entuerto. Según declaró Roberto Rueda, representante legal de Adcap, en diciembre de 2014, en desarrollo de unas verificaciones de rutina, se evidenciaron las primeras sospechas. Por esa época la comisionista Advance Capital compró parte de la composición accionaria de Asesores en Valores (hoy Adcap) y en esas andaban cuando se solicitó revisar las cuentas y negocios de los traders (operadores) de la compañía. Hasta entonces nadie había denunciado nada. Pero la increíble cadena de coincidencias en el negocio de esos títulos valores puso a los corredores bajo la lupa.

La comisionista le informó al banco y de inmediato se realizó una investigación interna. Una a una, las 160 operaciones de compra y venta de títulos de deuda pública fueron examinadas en detalle. Al final la operación fue exactamente la misma: a primeras horas de la mañana el banco, a través de su corredor Jaime Andrés Rodríguez, compraba estos títulos a un precio nada sospechoso –apenas ligeramente alto, nada perceptible– y siempre ese mismo día los vendía a la comisionista Adcap, a través del corredor Juan Camilo Viveros, por un valor inferior al invertido. La clave de la estafa estaba en que aquella diferencia en el negocio no fuera tan marcada. Así, ni la comisionista ni el banco prenderían las alarmas. Así ocurrió, según la Fiscalía, que no tiene duda alguna de la compleja operación de fraude a baja escala. Y, sin embargo, la sumatoria del mismo es de $4.500 millones.

Al revisar las llamadas, los correos electrónicos y los mensajes vía chat entre los corredores Rodríguez y Viveros, estos últimos a través de la plataforma Bloomberg, en donde se negocian los títulos valores, la Fiscalía y la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía detectaron las insólitas casualidades que derivaron en que en 160 ocasiones siempre perdiera la entidad crediticia. Un funcionario del banco que investigó el caso declaró ante las autoridades que se constató que la estrategia empleada era “comprar caro y vender barato”, en una clara maniobra de fraude al mercado de valores. Pero era tal el volumen de operaciones y la confianza depositada en el operador del banco, que parecía imposible detectar estas irregularidades. “Las operaciones que movía Jaime Andrés Rodríguez Vizcaíno oscilaban entre un millón y 10 millones de dólares al día”, sostuvo la entidad financiera.

Por eso, para la Fiscalía ambos corredores trabajaron conjuntamente para concretar la estafa. En la audiencia de imputación contra uno de ellos, Juan Camilo Viveros, ocurrida el pasado 8 de junio en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el organismo investigador aportó todos los documentos que sustentaron su tesis del millonario fraude. “Se realizó revisión de las comunicaciones sostenidas vía chat Bloomberg y telefónicas para cada operación fraudulenta realizada por Jaime Andrés Rodríguez, evidenciando que detrás de cada negocio estaba el señor Juan Camilo Viveros. Esto dejó en evidencia el acuerdo de voluntades para generar un perjuicio para el banco a través de un actuar doloso”, sostuvo la fiscal del caso durante la imputación. Viveros, quien había sido detenido el 7 de junio, no aceptó los delitos de administración desleal y acceso abusivo a un sistema informático.

Con una particularidad: durante la audiencia la Fiscalía y el representante de las víctimas le pusieron de presente al juez de garantías el Acuerdo de Terminación Anticipada celebrado en mayo de 2015 entre Jaime Andrés Rodríguez –quien hoy está prófugo– y el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). En dicho documento, Rodríguez aceptó su expulsión como corredor y la imposibilidad de volver al negocio de transar títulos durante veinte años. Aún más, reconoció lo siguiente: “La conducta mencionada reviste una gravedad importante para el mercado, pues denota también una falta a los deberes de transparencia, claridad, lealtad, profesionalismo y probidad comercial”. Una prueba de que fue consciente de sus acciones ilegales y así lo esbozó la AMV. A pesar de esta evidencia, la audiencia tuvo un momento incómodo.

Ocurrió cuando el abogado del corredor Viveros le dijo a la fiscal del caso que ese reconocimiento efectuado ante la AMV no significaba la comisión de un delito, sino simple y llanamente una conducta negligente. “Para la defensa, la falta de probidad es equivalente a la falta de experiencia”, dijo textualmente. La respuesta del juez de garantías fue contundente: “Sin probidad es sin honestidad”, resaltó al asegurar que el defensor había tenido “un problema de léxico”. Y a renglón seguido añadió tras valorar las pruebas presentadas: “No puede ser fortuito que en 160 casos el banco siempre pierda”. Así las cosas, el juez profirió medida de aseguramiento contra el corredor Viveros, pero le permitió defenderse en libertad. Viveros y su abogado insistieron en su inocencia.

* Actualización de esta noticia: Luego de la publicación de esta noticia, el abogado de Juan Camilo Viveros Rubiano remitió a El Espectador copia del acta de audiencia de fecha 10 de marzo de 2021 del Juzgado 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en la que consta que el juez de conocimiento impartió legalidad formal y material a la aplicación del principio de oportunidad en la modalidad de renuncia solicitado por la Fiscalía General de la Nación, decretando la extinción de la acción penal a favor de JUAN CAMILO VIVEROS RUBIANO por las conductas punibles de ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO y ADMINISTRACIÓN DESLEAL descrito en los artículos 269 A y 250 B del Código Penal, y en consecuencia, se dispuso el levantamiento de todas las medidas que pesaban en razón de esa actuación y se ordenó el archivo definitivo de las diligencias”.