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Luego de una serie de escándalos y acusaciones de lado y lado, la Fiscalía ordenó cerrar la investigación más polémica del mundo político nacional en los últimos años: la supuesta orden de Óscar Iván Zuluaga de “chuzar” las negociaciones de paz en La Habana. Para la Fiscalía, si bien no cabe duda que desde la oficina del hacker Andrés Sepúlveda se cometieron delitos, no se encontraron pruebas de que Zuluaga le hubiese ordenado realizar actividades ilegales, pues su contrato se centraba en darle seguridad informática a la campaña y manejar las redes sociales. Además, que quienes tuvieron una relación directa con el hacker fueron su hijo David Zuluaga como gerente de la campaña, y Luis Alfonso Hoyos, como asesor espiritual.
La Fiscalía sostuvo que en las pruebas recolectadas no se lograba demostrar la responsabilidad de Óscar Iván Zuluaga en la campaña de desprestigio e interceptaciones ilegales del proceso de paz, pues, como él mismo señaló en su interrogatorio en 2015, fue por decisión de David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos que se contrataron los servicios de Sepúlveda. Asimismo, que ellos dos eran quienes en realidad tenían cercanía con Sepúlveda, especialmente Hoyos, a quien lo llamaron a juicio en diciembre pasado por supuestamente haber ordenado las actividades ilegales que realizó el hacker. El exasesor espiritual está prófugo de la justicia y se encuentra pidiendo asilo en EE. UU.
La investigación contra Zuluaga se originó, en parte, por las declaraciones del hacker Sepúlveda, quien dijo que a él lo contrataron con el fin de interceptar las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Farc, al punto que compró información de inteligencia militar para adelantar acciones de desprestigio y así fortalecer a Zuluaga. La Fiscalía señala ahora que Sepúlveda nunca declaró haber recibido órdenes de Zuluaga para cometer delitos; aunque hace un año, en entrevista con este diario, Sepúlveda le pedía que diera la cara. El hacker negoció con la Fiscalía un preacuerdo de 10 años de cárcel a cambio de ser testigo contra todos los miembros de la campaña que supuestamente conocían de sus actividades ilegales. Entre ellos Óscar Iván y David Zuluaga, y Luis Alfonso Hoyos.
La indagación surgió tras el allanamiento en las oficinas de Sepúlveda el 5 de mayo de 2014, en plena contienda electoral para la Presidencia y que se realizó, según la Fiscalía, gracias a información que había entregado una fuente anónima, que en realidad terminó siendo un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A Zuluaga lo vincularon a la investigación luego de las declaraciones de Sepúlveda y por el polémico video que entregó el hacker español Rafael Revert, en el que se veía al hacker Sepúlveda hablándole a Zuluaga sobre información de inteligencia de la guerrilla y de cómo se estaba manejando la campaña “negra” en redes sociales.
Un caso muy enredado
Revert, el testigo estrella del caso, resultó salpicado en un escándalo que destapó el exdirector del CTI Julián Quintana, quien hasta julio de 2016 manejó la indagación contra Zuluaga. A finales del año pasado, Quintana reveló que supuestamente el director de la DNI, el almirante Álvaro Echandía, lo había presionado para que no revelara que el organismo de inteligencia fue el que entregó en un principio la información sobre las supuestas filtraciones al proceso de paz desde la oficina de Sepúlveda. En varios medios de comunicación se publicó que Quintana aseguró ante la Corte Suprema de Justicia —en el marco del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, que también está siendo investigado por estos hechos— se le hizo sospechosa la actitud de la DNI durante toda la investigación.
Luego se conoció que Rafael Revert había trabajado como fuente de la DNI, teoría que llevó a los miembros del Centro Democrático a asegurar que su campaña había sido infiltrada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para manipular las elecciones. El almirante (r) Álvaro Echandía rechazó los señalamientos de Quintana y arremetió en su contra, al asegurar que si la investigación tuvo alguna irregularidad habría sido su responsabilidad, porque él era quien tenía el expediente en su despacho. Además, insistió en que la DNI no infiltró la campaña de Zuluaga, sino que se trataba de una investigación en la que estaban buscando a agentes de la DNI que vendían ilegalmente información de inteligencia a hackers, entre ellos Andrés Sepúlveda.
Sobre el polémico video, la Fiscalía sostuvo que era auténtico, según lo demostraron los análisis realizados por el FBI luego del escándalo que se generó cuando fue filtrado a la revista Semana. La defensa de Zuluaga insistió en que había sido manipulado y se había violado la cadena de custodia, lo que la Fiscalía descartó. En esa grabación se veía a Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y el hacker Sepúlveda en una reunión que tuvo lugar el 13 de abril de 2014 y en la que se hablaba de información de inteligencia reservada sobre las Farc.
La Fiscalía sostiene que en ese video se demuestra que Sepúlveda cometió actos ilícitos y que no se trataba de una simple reunión de campaña para tratar temas de seguridad informática y redes sociales. Sin embargo, al tiempo indica que no era prueba suficiente para inferir que Zuluaga era quien había ordenado las campañas de desprestigio en contra del proceso de paz. En pocas palabras, lo que se concluye del documento del archivo en favor de Óscar Iván Zuluaga, es que el próximo que podría ser vinculado formalmente a la investigación es su hijo, David Zuluaga, por haber sido el encargado directo de la contratación de Sepúlveda, como lo confirmó su propio padre en interrogatorio.