El aeropuerto de Carepa, en el Urabá antioqueño, no funcionó el jueves 31 de marzo. Aterrorizados por las amenazas de un paro armado convocado por el clan Úsuga, que se hace llamar a sí mismo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los operadores de la torre de control se atrincheraron en sus viviendas. Aun si hubieran decidido hacerle caso omiso a los mensajes, habría sido imposible llegar hasta su lugar de trabajo, pues ese día, el primero del paro convocado por ese grupo ilegal, no circularon buses en Urabá. Tal es el poder que ostenta el clan Úsuga.
Ni siquiera las fincas bananeras –que representan el 80% de la economía de la región– funcionaron el jueves. Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), le dijo a El Espectador que “los 20 mil trabajadores de nuestra agroindustria no estuvieron ajenos al cese de actividades de varios sectores. La gente no pudo ir a trabajar porque nuestra actividad depende de que a gente pueda coger los buses para ir a las fincas”.
Como en el paro armado de 2012, también convocado por el clan Úsuga (siempre bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia) a raíz de la muerte de uno de sus jefes, el de ahora tiene en vilo a buena parte de Antioquia y de por lo menos otros cinco departamentos y ha afectado locales comerciales, los mototaxis, las cafeterías y los colegios de Urabá, que permanecieron vacíos. Pero, al igual que en aquella oportunidad, el bloqueo de los armados no alcanzó su fin último, que es el de conseguir tratamiento político para negociar con el Estado. Sólo les queda el sometimiento a la justicia, como dijo el presidente Santos anoche al término de un consejo de seguridad.
Lo mismo sucedió en Montería y Planeta Rica (Córdoba), San Onofre (Sucre), y varios municipios de Chocó y Norte de Santander. El primer día culminó con cuatro uniformados muertos, cinco vehículos quemados y con el rumor en el aire de que el paro armado se extendería hasta el viernes.
En la mañana de ayer, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó los temores: participó en un consejo de seguridad en Montería para hablar sobre la situación de orden público en la capital cordobesa. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó a Sucre, en cuya capital, Sincelejo, las instituciones de educación privada suspendieron actividades. El vicepresidente Germán Vargas Lleras se trasladó a Turbo, Antioquia.
El paro llegó incluso hasta Medellín, donde una buseta del transporte integrado del metro y varias fachadas en el barrio Belén Rincón amanecieron pintadas con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En ese mismo sector se escuchó una balacera en la noche del jueves y cerca de allí, en la Loma de los Bernal, una buseta fue incendiada.
El jefe de la cartera de Defensa indicó además que la anormalidad en el transporte y el comercio también continuó el viernes en Chocó, y, si bien dijo que en Apartadó y Carepa amanecieron normales, Este diario pudo establecer que por lo menos en Turbo, San Juan de Urabá, Chigorodó y Necoclí las actividades se vieron parcial o totalmente detenidas, al igual que en cinco municipios del sur de Bolívar. Raúl Pérez, periodista de Teleantioquia Noticias en Urabá, le dijo a este diario que “la gente está presa en sus casas. Esto es un temor acumulado porque no sentimos seguridad ni respaldo de la Fuerza Pública”.
En las dos ocasiones en las que el ministro de Defensa se ha referido al paro armado, el mensaje ha sido el mismo: “El hecho de que el clan Úsuga haya mostrado sus colmillos denota su cobardía y el estado de arrinconamiento en el que está”. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmó en la tarde del jueves que “esa parálisis uno no podría ni llamarla paro armado. Se trata de que los ciudadanos están un poco asustados por unas amenazas de anónimos”.
“El solo hecho de ordenar que no se moviera transporte ni comercio, de que las grandes empresas cerraran, quiere decir que los empresarios de todos los tamaños saben el poder que tienen los gaitanistas. La gente asume que ellos tienen poder, que ellos cogobiernan en su región. El mensaje a la ciudadanía es muy grave: que el Estado está maniatado, sin capacidad de contener a este grupo ilegal que viene creciendo desde hace años”, comentó a El Espectador Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social.
Un poder que crece
Más allá de las percepciones de uno u otro, lo cierto es que la amenaza del clan Úsuga ya cumple una década. Su origen se remonta al año 2007, cuando empezó el rearme paramilitar después de que la Corte Constitucional tumbó la posibilidad de que los grupos paramilitares fueran considerados “sediciosos”, con lo que se frustró su intención de saltar a la política.
En ese momento, Vicente Castaño dio la orden a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, de retomar el control de los principales bastiones paramilitares. De inmediato, Don Mario convocó a varios exjefes paramilitares que estaban libres para reagruparse. Entre los convocados estuvieron los hermanos Juan de Dios Úsuga, Giovanny, y Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, excompañeros del Bloque Centauros de las Autodefensas. Con ellos y otros ex “paras” como Gavilán y el Negro Sarley, fundó el grupo Héroes de Castaño.
Un año después, en 2008, también a través de un paro armado, los paramilitares reinventados se presentaron al país como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por un tiempo tuvieron el liderazgo directo de Don Mario, pero después de la captura de este en 2009, el grupo quedó en manos de los Úsuga, que inicialmente ubicaron a la región de Urabá como su centro de operaciones y con el tiempo se expandieron a otras zonas del país.
Esa banda criminal, que tiene alianzas con otros grupos similares y cuyo combustible fundamental es el narcotráfico, es el reto que tiene en jaque a las autoridades de ocho departamentos (Chocó, Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander) y pretende ser reconocida como alzada en armas con estatus político. Por eso, contrario a lo que afirma el Gobierno, el paro no obedece a que esté debilitado, sino a su estrategia para tratar de forzar una negociación con el Ejecutivo.
El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, lo admitió de manera enfática cuando afirmó: “El clan Úsuga busca un estatus político que no va a lograr”. El presidente Juan Manuel Santos optó por un mensaje más contundente: “A esta organización la vamos a acabar”. Sin embargo, este objetivo del Gobierno ya tiene un año de iniciado, responde al nombre de la operación Agamenón y hasta el momento, a pesar de las capturas y decomisos, no da con sus principales líderes y promotores.
Por eso, el analista político Fernando Quijano está convencido de que “lo que se ha vivido estos días en municipios como San José de Apartadó –tradicionalmente bajo el dominio de las Farc– demuestra es que Agamenón, en lugar de diezmar o eliminar el poder del clan Úsuga, lo está empujando hacia zonas de presencia tradicional de las Farc, donde la guerrilla se ha replegado por los diálogos de paz en La Habana”. En otras palabras, que está ocupando sus territorios.
De ahí que el paro armado constituye mucho más que una alerta de seguridad. El hecho de que los Úsuga se sientan lo suficientemente confiados para exhibirse en capitales como Córdoba, Sincelejo o en las propias calles de Medellín, deja entrever que, más que acabado, este grupo criminal se ha venido consolidando y tiene intereses más profundos que los de un simple grupo delincuencial. Es el fantasma del paramilitarismo en ciernes, a pesar de que ahora se le llame bacrim, Urabeños, Autodefensas Gaitanistas o clan Úsuga.
Por María Paula Rubiano
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