Un siglo de crisis carcelaria

Presidio Nacional de Gorgona. / Archivo - El Espectador

En un país de violencias recicladas, sicarios a sueldo, capos impunes, políticos corruptos, jueces comprados y hasta bígamos perseguidos, la cronología de su historia carcelaria constituye más que un listado centenario de expedientes y condenas. Tras los barrotes de las prisiones colombianas se cuecen las historias de corrupción y sangre que han desollado esta nación empobrecida y desmemoriada. Hace un siglo, cuando se creó el sistema penitenciario en tiempos de la hegemonía conservadora, con todo y las nueve guerras civiles del siglo XIX, los internos no superaban los 5.000. Hoy se cuentan 114.732.

El siglo XX, atravesado de principio a fin por distintos conflictos, vio cómo el crimen en Colombia fue sofisticándose mientras el Estado parecía no poderlo contener. Para 1914 la población total del país se acercaba a cinco millones y las cárceles empezaban a ser insuficientes para recluir a los delincuentes. Fue ese año, el mismo del asesinato del general Rafael Uribe Uribe a manos de Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, cuando se fundó el sistema carcelario del país. Hasta entonces, los delincuentes eran apresados en las condiciones que cada municipio podía permitirse, casi siempre en casas paupérrimas, sin agua y sin luz, y en habitaciones con barrotes de madera.

La nueva Dirección de Prisiones se propuso acabar con las fugas, que tenían un nivel escandalosamente alto. Ni las condiciones de seguridad y vigilancia ni las de salubridad eran aptas para que los internos permanecieran largas temporadas en prisión. Ya entonces funcionaba el Panóptico (Penitenciaría de Cundinamarca), construido con 200.000 pesos oro en donde hoy queda el Museo Nacional. Para esa época era el único centro penitenciario de confinación absoluta, pues los internos no salían a trabajar como en otras cárceles del país. Allí se recluyeron los dos presos más famosos de principios de siglo: Galarza y Carvajal.

Con mucho Dios y poca ley, bígamos, homosexuales, socialistas, liberales y ateos fueron perseguidos durante la hegemonía conservadora. Ante el temor por la posible expansión del socialismo y el comunismo, en 1928 el Congreso expidió una ley de orden social que se propuso castigar a todos los que atacaran la familia, la patria y el “sagrado” derecho a la propiedad. La privación de la libertad se constituyó en el más común de los castigos. Las luchas obreras terminaron en ríos de sangre y en cientos de aprisionamientos. La masacre de las Bananeras, ese mismo año, dejó unos 1.000 muertos —el Ejército sólo reconoció nueve— y un dato puntual de encarcelados: 400 obreros de la United Fruit Company.

Con un país mayoritariamente campesino a principios de la década de los 30, resocializar “vagos” y “rateros” a través del trabajo agrícola pareció una gran solución. La construcción de colonias penales se impuso sobre la de cárceles convencionales. Las más conocidas fueron Araracuara, en límites con el río Caquetá, y la de Rehabilitación de Oriente, en Acacías (Meta). La desconfianza en las instituciones engendró nichos de violencia incontrolables. Después de 16 años de mandatos liberales, en 1946 volvió la agitación social con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. La justicia tomada por las propias manos protagonizó escenas tan dantescas como el linchamiento del asesino de Jorge Eliécer Gaitán, Juan Roa, ese 9 de abril de 1948. Las cárceles se llenaron de sindicados por los ecos del Bogotazo.

A finales de los 50 había cerca de 10.000 presos en un país con menos de 10 millones de habitantes. En 1959, en tiempos de la presidencia de Alberto Lleras, como respuesta al bandolerismo de los feroces tiempos de la Violencia —entre 1949 y 1957, que dejó unos 300 mil muertos—, se creó nuestra propia Alcatraz en la isla Gorgona. Fue la primera cárcel de máxima seguridad en Colombia, donde fueron llevados los condenados a más de 12 años. Los tiburones del Pacífico disuadieron a muchos de fugarse. Por no cumplir las condiciones mínimas de reclusión corrió con la misma suerte de la prisión norteamericana, fue clausurada en 1985 y desde entonces declarada Parque Nacional.

De vuelta a los años 60, en tiempos del Frente Nacional y la gestación de las guerrillas, el Estado copió de Europa el diseño de cárceles y hasta la teoría del positivismo lambrosiano que señalaba que en la cara se podía conocer al delincuente. El aspecto físico se convirtió en un asunto fundamental del sistema penitenciario. Departamentos de fotografía que permitían agregar a la ficha técnica del recluso una foto de frente y una de perfil se instalaron en las prisiones. La criminalística se especializó en buscar en el físico del delincuente causas orgánicas y explicaciones patológicas en la responsabilidad de cada delito. Las cárceles desde entonces no daban abasto.

La Modelo de Bogotá intentó equilibrar el número de internos de la Penitenciaría de Cundinamarca, más conocida como el Panóptico. En principio se determinó que sólo tendría sindicados mientras a La Picota serían trasladados los condenados. Los procesados resultaron tantos, que ni siquiera el carácter diferencial de ambas cárceles ha imposibilitado que a lo largo de su historia sindicados y condenados se hayan amontonado en ellas. La Modelo, con una capacidad para 2.000 reclusos, ha llegado a tener casi 6.000. Y La Picota, construida para 4.900, ha superado los 8.000. Desde hace más de medio siglo se habla del hacinamiento carcelario.

A finales de los excéntricos años 60, los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, contagiados por la efervescencia liberal que corría por las calles de Europa y Estados Unidos, desafiaron la Colombia mojigata. Muchos de sus miembros fueron a parar a la cárcel. Al mismo tiempo que lo hicieron delincuentes comunes. Ya en la trasescena comenzaban a tomar forma los carteles de la droga. En 1971 Colombia reportaba 58.125 internos. Sin embargo, gracias a la visita del papa Paulo VI ese año se expidió una ley de rebaja de penas que favoreció a muchos. Para 1977 había 34.184 personas privadas de la libertad. La corrupción de la época obligó la profesionalización de la guardia penitenciaria.

El Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay atizó la represión de finales de los años 70. Muchos terminaron en las cárceles bajo sospecha. Fue una época de denuncias a granel de torturas, aprehensiones ilegales y hasta desapariciones. Al mismo tiempo las guerrillas rurales de las Farc, el Eln y el Epl reforzaban sus zonas de retaguardia, mientras el M-19 se hacía sentir con el robo de la espada de Bolívar o la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980. El narcotráfico se tomó Colombia, sicarios a sueldo amedrentaron a medio país con bombazos y magnicidios y los paramilitares comenzaron su demencial carrera homicida. A finales de la década la Unión Patriótica había sido prácticamente exterminada y los Extraditables ponían en jaque al Estado.

El M-19 depuso sus armas, se promulgó la Constitución de 1991 y tras la prohibición de la extradición, Pablo Escobar y sus hombres se entregaron a la justicia. Fue la primera judicialización de los capos en Colombia. Y el sistema penitenciario no estaba preparado. Paramilitares, narcos y guerrilleros se fueron tomando el poder, porque en aquellos tiempos —todavía— todo se compraba y todo se vendía: las celdas, los patios, la comida y hasta las mismas cárceles. Pablo Escobar mandó a hacer la suya: La Catedral. Allí mismo el capo asesinó y sepultó a muchos. En 1992 se fugó. Ese mismo año se creó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero darle solución a un problema de décadas no sería un asunto fácil.

Luego los principales integrantes de los carteles de Cali, del norte del Valle y de la Costa fueron detenidos o se entregaron durante el gobierno de Ernesto Samper. Pero, como sucedería con los jefes paramilitares una década más tarde, estos capos mantuvieron su ley incluso tras las rejas. Algunos fueron asesinados dentro la cárcel, como Orlando Henao, más conocido como El hombre del overol. El 13 de noviembre de 1998 el todopoderoso jefe del cartel del norte del Valle fue baleado. El narcotráfico multiplicó la cadena de delitos en Colombia. Y en muchas cárceles hubo necesidad de poner fronteras en los patios para evitar nuevos crímenes entre paramilitares y guerrilleros.

Durante la administración de Andrés Pastrana se planteó el uso de medidas alternativas a la prisión con el fin de descongestionar las cárceles. Pero poco pasó. Y mientras los colombianos se esperanzaban en los diálogos del Caguán, las autodefensas masacraban sin tregua. El fracaso del proceso de paz con las Farc llevó a la Casa de Nariño a Álvaro Uribe y su seguridad democrática. Durante sus gobiernos se duplicaron los presos en Colombia. En 2002 había 52.936 detenidos. En 2010, 84.444. La cifra siguió subiendo en el gobierno Santos, por lo que se construyeron 10 cárceles nuevas con 22.703 nuevos cupos. En la Hacienda Nápoles, antiguo fortín de Pablo Escobar, se inauguró una de ellas. Pero el hacinamiento carcelario sigue rondando el 48%.

Los diálogos con las Farc han puesto en la agenda el tema de la falta de infraestructura del país para albergar a los jefes guerrilleros que se desmovilicen. Sin embargo, el Inpec ha dicho que, tal como ocurrió con la desmovilización de los paramilitares en 2006 —apenas 1.917 de unos 30 mil fueron a prisión—, el porcentaje de subversivos encarcelados sería tan mínimo que no impactaría en el sistema, ya que sólo purgarían pena los máximos responsables de sus crímenes. Hoy se contabilizan 114.732 internos —y contando—, pero sólo hay cupo para 77.874. Un siglo después administrar las cárceles resulta más problemático que en aquellos tiempos en los que se perseguían bígamos, “rateros”, “vagos” y socialistas.

* vobando@elespectador.com / @valentinaoj