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Los planteamientos que se escucharon ayer durante más de siete horas en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional ya forman parte de uno de los capítulos de la historia de Colombia y de su lucha por conseguir la paz. Para muchos, lo que se discutió es, sin duda, el primer paso para que la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos se convierta en una realidad. ¿Cómo? Por medio de un plebiscito que hoy estudia el alto tribunal, el cual escuchó a más de 10 expertos, miembros del Gobierno y otras entidades no gubernamentales para tener argumentos a la hora de decir si es o no constitucional esa manera de refrendar lo pactado en Cuba. Una decisión trascendental tanto para el Gobierno como para el país.
La audiencia pública, que empezó con unos minutos de retraso hacia las ocho de la mañana, tuvo como primer invitado al presidente Santos. En su ponencia , que leyó en un atril reservado únicamente para él al lado derecho de los nueve magistrados de la Corte, el primer mandatario recordó que la refrendación popular es una garantía de transparencia y legitimidad política y jurídica que es necesaria para el acuerdo de paz que se firme en La Habana, y le pidió al máximo guardián de la Constitución que declare exequible el plebiscito para la paz. Al terminar su discurso, el presidente estrechó las manos de todos los jueces del alto tribunal y la presidenta de la corporación, María Victoria Calle, lo acompañó a la salida de la sala de audiencias.
Aunque el jefe de Estado fue la figura más esperada en la audiencia –no es común que el presidente de la República se presente en la Corte para pedir que se declare constitucional una ley–, tras su presentación siguieron 22 invitados más, entre ellos el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle; el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda; el fiscal general (e), Jorge Perdomo, y organizaciones de víctimas como Sisma Mujeres. La balanza entre las posiciones que se escucharon estuvo permanentemente en movimiento. Las cuatro primeras personas en hablar expresaron todo su apoyo al plebiscito; el contrapeso vino por parte de la viceprocuradora Castañeda.
Según su posición, el plebiscito no es el mecanismo idóneo. En su lugar, los acuerdos de La Habana se deberían refrendar por medio de un referendo: “La Procuraduría ha insistido en una refrendación popular. No estamos en contra de la paz, esto sería absurdo, ni mucho menos de los procesos de diálogo, sino que hemos hecho manifestaciones relativas a cómo debería blindarse ese acuerdo final”. Mientras la viceproduradora terminaba su ponencia, a pocas cuadras del Palacio de Justicia, el procurador general, Alejandro Ordóñez –quien se declaró impedido para participar en el debate– hacía una de las declaraciones más contundentes que hasta ahora ha hecho contra el presidente Santos y su política de paz.
Si bien no son nuevas sus críticas, Ordóñez se refirió así a lo dicho en la audiencia por el presidente y por Sergio Jaramillo: “Perdieron la vergüenza”. Y continuó: “El presidente, palabras más palabras menos, lo que dijo fue que la refrendación era una concesión graciosa que podía existir o no, y que esa concesión se consolidaría si la Corte se lo permitía, pero si no también entrarían en vigor los acuerdos”. Son muchos los sectores de la sociedad que se han declarado en desacuerdo tanto con el proceso de paz como con el plebiscito como mecanismo de refrendación. Las mismas Farc se declararon en contra, pues la consideran “la más inocua y menos propicia de todas las iniciativas”. El presidente Santos insistió en que el plebiscito sería la manera de refrendar los acuerdos finales, les gustara o no a los miembros de la guerrilla.
Lo que está claro para muchos es que, si bien existe el riesgo de que el plebiscito fracase, lo que se plantea hoy la Corte Constitucional es si ante momentos especiales, como este que vive Colombia a pocos días de conocer el acuerdo de entrega de armas y del fin del conflicto, se necesitan medidas especiales. Así lo argumentó el académico y abogado Rodrigo Uprimny, quien habló en nombre de la Universidad Nacional durante 20 minutos. Él y otros cinco invitados a la audiencia consideran que es fundamental que el pueblo sea el que decida si está a favor del acuerdo final, y por eso la manera en que se haga esa consulta debe estar diseñada teniendo en cuenta que no se trata de cualquier plebiscito.
Tampoco se trata de cualquier decisión judicial. Se trata, como lo recordó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de acabar con un conflicto de más de 50 años.