El escándalo por un supuesto tráfico de influencias al interior de la Corte Constitucional, que tiene en proceso al magistrado Jorge Ignacio Pretelt, sumado a otro largo etcétera de controversias, llevaron a la Rama Judicial a una crisis sin precedentes. El Legislativo y el Gobierno pretenden atajar el problema con un proyecto de ley que acaba de empezar a ser discutido en el Congreso y que promete ser una cirugía para una Rama con el rostro ajado. El Espectador hace un recuento de sus principales propuestas.
Elección de magistrados
El proyecto propone una mayor transparencia para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Establece, por ejemplo, que para cada elección se realizará audiencia pública y se facilitará la intervención ciudadana “en el examen de las credenciales y antecedentes de los candidatos”. No habrá audiencias o entrevistas privadas entre los candidatos y los funcionarios que participarán en su elección. Nada de almuerzos ni tintos. Propone, a su vez, mayor diversidad a la hora de escoger a los magistrados.
El proyecto propone conformar listas diferenciadas “entre personas provenientes de la academia, el ejercicio profesional y la Rama Judicial y el Ministerio Público”. A cada lista le va a tocar su turno: por ejemplo, si el turno le toca a la lista de académicos, la Corte o el Consejo tendrán que conformar una lista de solo académicos de los que se elegirá al nuevo magistrado. Igualmente, se propone una mayor representatividad para las mujeres al establecer la obligatoriedad de ternas de mujeres en el caso en el que la alta Corte a la que se vaya a ingresar tenga menos de un 30% de magistradas. Esto no incluye, no obstante, a la Corte Constitucional; sólo al Consejo de Estado y a la Corte Suprema.
Coto al lobby
El escándalo por un supuesto tráfico de influencias al interior de la Corte Constitucional obligó a las autoridades a tomar medidas para evitar o, mejor, para reglamentar el lobby. Es decir: las maniobras de algunos abogados para lograr que sus demandas sean aceptadas y salgan a favor, como, al parecer, lo quiso hacer el abogado Víctor Pacheco, quien asegura que buscó al magistrado Jorge Pretelt en la Corte Constitucional para que le ayudara con un tutela para favorecer a la empresa Fidupetrol, que pretendía que se tumbara un fallo en su contra que la obligaba a pagar $22.500 millones.
El proyecto establece como deberes de los funcionarios de la Rama Judicial informar, dentro de los distintos procesos, “todo acercamiento o comunicación de una de las partes en un proceso de su conocimiento, o de conocimiento de la Corporación a la que pertenecen, cuando el contenido de la misma se relacione con ese proceso y ocurra por fuera del mismo”.
Igualmente, publicar mensualmente “todas las visitas a su despacho, en la página web de la Corporación a la que pertenece, o en ausencia de página web en un lugar visible de la secretaría del despacho”. A su vez establece como prohibiciones hablar sobre un asunto de su conocimiento o de conocimiento de la Corte a la que pertenecen, “por fuera del proceso y efectuadas sin la presencia o el conocimiento de la totalidad de las partes del proceso”.
Se prohíbe, igualmente, “recomendar o sugerir la designación de cualquier abogado como apoderado o asesor de un parte en un proceso de su conocimiento o de conocimiento de la Corporación a la que pertenecen”. A los abogados, por su parte, se les prohíbe literalmente el cabildeo, hablar con funcionarios de la Rama Judicial sobre procesos.
Acción de repetición
El proyecto le pone plazos a la acción de repetición, que es la posibilidad que tienen las entidades de cobrarle a un exfuncionario o funcionario suyo los dineros pagados por cuenta de condenas emitidas por culpa de acciones o errores del funcionario. Mejor dicho: hacerle pagar su error. El proyecto señala que dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada, dentro de seis meses, contados a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo.
El roscograma
El proyecto, igualmente, prohíbe que los funcionarios públicos elegidos por miembros de la Rama Judicial puedan devolver el “favor” con puestos para sus familiares. Son varios los magistrados de las altas cortes que tienen familiares en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La idea es ponerle coto a eso. El proyecto señala puntualmente que los funcionarios públicos en cuya postulación o designación intervinieron funcionarios de la Rama Judicial, “no podrán designar, postular o elegir a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a aquellos que siendo servidores públicos intervinieron en su postulación, elección o designación” y que hacerlo puede constituir “causal de mala conducta”.
Cargos en el Consejo de Gobierno Judicial
Los cuestionamientos a las elecciones para cargos del Consejo de Gobierno Judicial (organismo que reemplazó al Consejo Superior de la Judicatura) parecen haber llegado al Congreso. Valga recordar que la elección de los representantes de los jueces y empleados de la Rama Judicial se encuentra suspendida por irregularidades y que la elección de tres expertos para el Consejo de Gobierno ha sido seriamente cuestionada por cambios en la convocatoria. A último momento la Corte Suprema incluyó la posibilidad de que personas con experiencia en la Rama Judicial se presentaran a la convocatoria, pese a que este requisito no estaba incluido en la convocatoria inicial.
El proyecto resuelve este entuerto y reitera, una vez más, que estas tres personas “deberán tener diez años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública”. Y obliga al Consejo de Gobierno a adoptar medidas de transparencia para la elección de estos tres miembros, “incluyendo la publicación de hojas de vida y la recepción de comentarios por la ciudadanía”. Para el cargo de gerente de la Rama Judicial se establece como requisito ser profesional con 20 años de experiencia, de los cuales 10, por lo menos, “corresponderán a la administración o dirección de empresas públicas o privadas”.
Comité de Acoso Laboral
Por solicitud de la magistrada del Consejo de Estado, Stella Conto, se crea el Comité de Acoso Laboral que, de acuerdo con el proyecto, estará conformado por seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Corte Constitucional, nombrados por el Consejo de Gobierno Judicial para periodos reelegibles de dos años. Y podrá, entre otras, recibir denuncias sobre acoso laboral, proponer medidas y denunciar casos ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o la Comisión de Aforados.
Comisión de Carrera Judicial
En pro de la meritocracia, se propone la creación de una Comisión de Carrera Judicial, que vele por el cumplimiento de la carrera judicial para que sean los mejores, y no los mejor rodeados, los que lleguen a altos cargos.
Edad de retiro forzoso
Este proyecto le pone punto final a una pelea de vieja data por la edad de retiro forzoso de los magistrados de altas Cortes.Era una pelea que enfrentaba al Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia con la Corte Constitucional y el ya acabado Consejo Superior de la Judicatura. Con base en un decreto de 1978, los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado se tenían que ir a los 65 años, obligación que no cobijaba a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Judicatura, por cuenta de minucias jurídicas. El proyecto propone, entonces, que 70 años sea la edad de retiro forzoso para todos los magistrados. Condición que, valga decirlo, “solo será aplicable a los funcionarios que se posesionen después de la entrada en vigencia de la misma”, por lo que aplica a los actuales magistrados.
Defensor del Usuario
Ante las quejas de los colombianos sobre el sistema judicial, el proyecto crea la figura del Defensor del Usuario que velará por la atención adecuada y el buen servicio y la remoción de barreras físicas y administrativas al acceso a la administración de justicia. Igualmente, se les va a permitir a los usuarios calificar el servicio de los despachos judiciales.