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Desde octubre de 2013, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Santo Tomás (USTA) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) trabajan en un proyecto que, en el largo plazo, podría convertirse en una herramienta para combatir la corrupción.
La Comisión Andina de Juristas – CAJ (Perú), con el apoyo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos – ILSA (Colombia), están implementando una auditoria social a los sistemas de justicia que, con la aprobación de los jueces, recopila las sentencias de cada uno de ellos y las sistematiza para luego ponerlas a disposición de la ciudadanía.
Los estudiantes voluntarios analizan esas sentencias, descubren la línea de pensamiento jurisdiccional del juez y, luego de aplicar encuestas tanto en jueces como usuarios, miden qué tanto la Justicia está garantizando a los ciudadanos más vulnerables un verdadero acceso a la justicia material.
Los propósitos, según el peruano Luis Aguilar, son que "El recurso humano, los jueces, mejoren la calidad y coherencia de sus sentencias, hacer que este tipo de ejercicios y se repliquen como parte de los currículos de las universidades andinas y mejorar las competencias de todos los actores de la rama judicial".
"Principal finalidad no es alrededor de los estudiantes, sino a través de los abogados litigantes. Imagínate, a la hora de litigar, saber los paradigmas que tiene un juez para definir jurisprudencia y así prever la concordancia de un fallo con sus providencias anteriores. Lo que queremos es demostrar que esta práctica que tenemos puede ser instrumentalizada por los mismos poderes judiciales para trabajar por la mejora de la justicia. La idea es trasladar la experiencia a la institucionalidad, no quedarnos con ella", dice Aguilar.
Este proyecto, que comenzó en Perú en 2005, ha tenido como principal obstáculo el secretismo sobre la decisión judicial que “se ha vuelto cultura en América Latina, aun cuando son decisiones públicas. No lo quieren entregar a personas que sean ajenas al proceso”. Los jueces que han participado en la iniciativa han recibido premios por buenas prácticas, los estudiantes por iniciativas creativas y, del Banco Mundial, por buenas prácticas de innovación juvenil.
Este grupo de organizaciones no gubernamentales, están dispuestas a entregar el proyecto a la institucionalidad. Pero, cuando en Chile propusieron una medida de auditoria similar en las elecciones de este año, los jueces sintieron que este mecanismo podía ser de intromisión del ejecutivo en la justicia.
"Lo único que pedimos es que se mantenga su autonomía. Este es un mecanismo de transparencia y un mecanismo constructivo de control social que no tiene poderes sancionatorios. No obstante, si agrandamos esto es posible que podamos detectar actos de corrupción, pero no es lo que buscamos en el momento", dijo el representante de la oenegé peruana.