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No son pocas las ampollas que levantará el informe Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la empresa de consultoría e investigación Cifras y Conceptos.
Luego de más de dos decenas de informes hechos con el objetivo explícito de recuperar la memoria histórica del conflicto colombiano, ha llegado el momento de abordar, desde sus cifras, el fenómeno del secuestro. Sobre este, que para algunos estudiosos de la violencia, como el historiador Jorge Orlando Melo, es “el factor central de degradación y corrupción del conflicto colombiano”, es más bien poco lo que se ha escrito en el mundo de las ciencias sociales.
Lo que Cifras y Conceptos, en cabeza de César Caballero, presentará el próximo jueves en el Museo Nacional promete ser un intento riguroso por depurar y mejorar los datos a partir del cruce de la información disponible en los archivos de Fondelibertad, País Libre, el DAS, la Fiscalía y la Policía Nacional, y junto con el material recabado en prensa, publicaciones de corte académico y entrevistas con víctimas. Pues aunque la historia del secuestro es conocida a grandes rasgos, es un hecho que hay un gran vacío en materia de números.
El primer acercamiento al tema del secuestro desde la memoria histórica, entonces, se hará a partir de las cifras, bajo el supuesto “de que los datos estadísticos son una forma más de expresar la voz de las víctimas de este flagelo”. Eso es, por lo pronto, lo que se lee en el boletín de prensa.
¿Cuántos secuestros ha habido en el país? Si se mira la revista Criminalidad, de la Policía Nacional, entre los años 1977 y 2007 se reportaron 35.399 casos, y entre 1999 y 2004 las cifras anuales fueron particularmente elevadas. Otras fuentes internacionales sugieren que en la década de los noventa Colombia ocupó el primer lugar en la tasa de secuestros, por encima de México, Brasil, Filipinas y Nigeria.
Quienes trabajan en temas de violencia y conflicto estiman que los números disponibles no son confiables. Se dice, por ejemplo, que los archivos y bases de datos de fundaciones y entidades estatales nunca han sido unificados, que las metodologías empleadas no son necesariamente las mismas y que los años en que el conteo arranca son relativamente recientes.
¿De qué secuestro nos hablan? ¿Cuándo arrancó el fenómeno del secuestro? La pregunta es tramposa. En el caso de la base de datos que Cifras y Conceptos presentará, las fronteras temporales van de 1970 a 2010, con lo cual lo ocurrido anteriormente en materia de secuestro no será objeto del mismo análisis estadístico. Si nos atenemos a los registros de prensa, se sabe de una ola de secuestros en los años treinta. Tres años después de ocurridos casos como el de Elisa Caicedo, hija del gerente del ingenio azucarero La Manuelita, aparece por primera vez en el Código Penal colombiano la penalización del secuestro, que data de 1936. Y se sabe que el bandolerismo tardío, hacia finales de los cincuenta y principios de los años sesenta, produjo otro número considerable de víctimas.
Fundamental en su historia, por ejemplo, resulta el momento en que el secuestro se cruza con el narcotráfico en los años ochenta, con lo cual crece en intensidad e implicaciones para el conflicto armado. En textos como los del periodista Jorge Cardona y el economista Mauricio Rubio se nos recuerda que tan pronto grupos guerrilleros como el M-19 tocaron intereses económicos y les incumplieron a familias de otras organizaciones armadas ilegales, la réplica fue particularmente intensa, la guerra cambió y lo sucio de la misma se intensificó.
Con todo, en la medida en que el Centro de Memoria Histórica tiene por mandato la construcción de un relato sobre los orígenes de los grupos armados, se entiende que Cifras y Conceptos arranque sus pesquisas en 1970.
Junto con la base de datos que será presentada y debatida esta semana, hacia el mes de septiembre la ciudadanía podrá leer un informe completo sobre secuestro, con sus trayectorias históricas e impactos económicos y psicosociales. Como se lo explicó a El Espectador Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, este informe hace parte de un conjunto de investigaciones que, a diferencia de los casos emblemáticos con acento regional que ya han sido socializados, le apunta a temas transversales del conflicto, como lo pueden ser también los del desplazamiento y la desaparición forzada.
Los retos son enormes. Primero, porque sus implicaciones en materia del trabajo habitual de la memoria no están exentas de tensión y conflicto. Hacer memoria sobre el secuestro, y además en tiempos de un proceso de paz como el que se adelanta con su principal promotor, puede prestarse para todo tipo de recriminaciones. Implica, por ejemplo, que la izquierda radical se tome en serio la necesidad de buscar la verdad acerca de miembros suyos que apoyaron la práctica.
En un momento de la historia colombiana en el que se habla del fin de la guerra, es posible que todas las personas que por una u otra razón se sienten víctimas exijan igualdad de condiciones y reconocimientos. Con lo cual, a todos los protagonistas del conflicto armado se les va a exigir que asuman alguna responsabilidad. Y los gritos de venganza podrían irrumpir, junto con una ola de pesimismos paralizantes.
Ahora bien, si se sigue el trabajo emprendido por los promotores de este y otros informes, el juicio de responsabilidades habría de hacerse a la luz del trabajo de la memoria. Esto es, desde el cruce de memorias y la confrontación de las mismas.
En esta ocasión habrá un reconocimiento a las víctimas del secuestro. Y más allá de ello, que no es poco, el país podrá enterarse de buena fuente de qué manera el secuestro ocasionó que la guerra colombiana se degradara.
Luego, lo que conocemos como secuestro ha cambiado sus modalidades varias veces en el tiempo, así como cambiantes han sido las respuestas que ha recibido de parte de la política estatal antisecuestro o la legislación con la que se lo ha querido combatir.
Del secuestro a la desaparición forzada
Pensar en desaparecidos en Colombia remite a un sinnúmero de asuntos. Por ejemplo, a ejecuciones extrajudiciales. A momentos de tortura física y persecución política. A lo que llaman limpieza social y guerra sucia. A política anticriminal, anti- terrorista, antisubversiva y en muchas ocasiones antisecuestro, en un contexto de violación de los derechos humanos.
La historia de las desapariciones forzadas corre en paralelo a la historia del secuestro. Un delito que a diferencia de éste, que ingresó al Código Penal en 1936, fue tipificado apenas en el año 2000 mediante la Ley 589. Hasta ese momento, toda desaparición forzada era considerada una especie de secuestro. Lo que supone un desconocimiento a las víctimas, un hueco enorme en materia de memoria histórica y un gran reto para el Estado.
Frente a esto, por lo pronto, el Centro de Memoria Histórica prepara un informe bajo la coordinación del historiador Carlos Miguel Ortiz y que será presentado en los próximos meses.