Una masacre que podía evitarse

Cientos de personas salieron ayer a las calles de Florencia para pedir justicia por la masacre. / Cortesía Carlos Barragán

“Quiero agregar que si algo grave nos llega a pasar, responsabilizo a mi denunciado (Silvio Martínez Pérez) y a su familia, al igual que al señor Ángel y a la señora Johana, porque no tengo problemas con nadie más”, fueron las palabras de Jairo Vanegas Losada el pasado 29 de diciembre. En esa fecha, el padre y abuelo de los cuatro menores que fueron masacrados en la vereda Las Brisas en Florencia (Caquetá), vaticinó ante la Fiscalía que una tragedia rodearía a su familia. Hace seis días, dos hombres llegaron hasta su hogar, metieron en una habitación a sus hijos Samuel (17 años), Juliana (14 años) y Laura (10 años), y a su nieto Déiner (4 años), y los asesinaron con tiros de gracia.

Ríos de personas colmaron las calles de Florencia para llorar a los cuatro niños. Con pancartas y rezos pidieron que los responsables caigan en manos de las autoridades. Pero las críticas contra la Fiscalía y la Fuerza Pública no cesaron. Según indicó la alcaldesa de ese municipio, Susana Gaviria, hay que investigar a las autoridades que hicieron caso omiso a la denuncia que presentó Jairo Vanegas hace un mes, en la que advirtió que existían amenazas contra su familia de parte de Silvio Martínez, un vecino con quien tenía un pleito por la posesión de unas tierras. Gaviria agregó que este caso nunca se trató en los consejos de seguridad y que lo intentaron resolver con actas de conciliación porque supuestamente se trataba de un problema de convivencia.

Blu Radio reveló la denuncia que interpuso el padre de las víctimas. En ella se lee: “(Silvio Martínez) Me tiene amenazado de muerte y cada que pasa por la casa les hace señas a mis hijos menores de edad que les va a dar plomo (…) En el terreno mío ellos tienen un lavadero de carros. Él hace eso porque estoy reclamando lo mío, porque esos terrenos donde ellos viven son míos. Yo tengo documentos de compra de esos terrenos y de esto tiene conocimiento la Junta de Acción Comunal”. Jairo Vanegas precisó que desde hace cuatro años era dueño del predio donde vivían Silvio Martínez, su esposa, un señor llamado Ángel y Johana, la esposa de este último.

Según la denuncia, la familia Vanegas Grimaldo había sido víctima de dos ataques con los que intentaron incendiar su casa, en la que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, vivían 13 personas que estaban inscritas en los registros como desplazadas. El primero ocurrió el pasado 22 de diciembre a la medianoche y el segundo dos días después, en la madrugada. “Al amanecer del 24 de diciembre estábamos durmiendo cuando nos dimos cuenta de que la pared del frente de la casa estaba prendida. De una vez saqué la cámara y grabé (…) salí hacia el patio y me hice detrás de un poste y miré que pasó una persona a toda carrera y se metió a la casa de mi denunciado (…) escuché que decían que a esa plaga la tenían que quemar”, dijo en la Fiscalía el padre de los niños.

También indicó que el 26 de diciembre dos vecinas, identificadas como Lucila y Lucelly, estuvieron en la casa de Silvio Martínez y escucharon que la esposa del denunciado y otra mujer dijeron que la familia Vanegas Grimaldo tenía que “salir de ahí quemaos”. Jairo agregó que al día siguiente de ese episodio se encontró con Ángel, quien le dijo que tenía fotos de él y su familia y que se las había mandado a los papás de su mujer (Johana), unos supuestos guerrilleros: “La señora Johana dice que los papás de ella son guerrilleros (…) En vista de eso me fui para la base militar a informar de los hechos y un cabo me dijo que ellos sabían que en la casa de mi denunciado había una persona que colaboraba con la guerrilla”.

Una clara evidencia de que varias autoridades tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no tomaron ninguna medida y el pasado 4 de febrero dos sicarios asesinaron a los cuatro menores. Un niño de 13 años, hermano de las víctimas, es el único sobreviviente de la masacre. Una comisión especial, liderada por el comandante de la Dijín, general Jorge Rodríguez, continúa recolectando pruebas para determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este escabroso hecho.