Una pesadilla sin fin

A sus 22 años, Susana Vásquez espera que termine el viacrucis que hoy vive en la cárcel El Buen Pastor. Cortesía

En marzo de 2013, cansada de vender ropa en almacenes, Susana Vásquez aceptó la oferta de una amiga para que la reemplazara como secretaria en la compraventa de carros Thudercars. Lo hizo durante dos meses, pero no le pagaron y regresó a su casa. Con la promesa de que le iban a cancelar lo adeudado, retornó y laboró 15 días, pero volvieron a incumplirle. Entonces volvió a su rebusque de siempre. Un año después su domicilio fue allanado y ella llevada a la cárcel, sindicada de los delitos de estafa y concierto para delinquir.

Cuando fue detenida en la madrugada del 17 de marzo de 2014 ni siquiera sabía por qué la buscaban. Horas después, ante una jueza de garantías, se enteró de que la Fiscalía la señalaba de hacer parte de una organización que, en dos años, a través de Thudercars, estafó a 42 personas, a quienes nunca les pagaron por la venta de sus vehículos. Junto a ella, ese día comparecieron ante la justicia los dueños de la compraventa, el representante legal y cinco empleados. El único que aceptó las imputaciones fue el representante legal, Héctor Gómez.

En desarrollo de la audiencia, la defensora de Susana Vásquez calificó de desmedida la acción de la Fiscalía y recalcó que ella llegó a Thudercars por necesidad laboral, y los pocos días que estuvo no sólo dejaron de pagarle sino que escasamente cumplió labores instrumentales de secretaria: contestar el teléfono, sacar fotocopias, servir tintos o imprimir contratos. Nunca elaboró un documento porque a sus 21 años no tenía ese conocimiento. Además no conocía a la gente de Thudercars ni tuvo contacto con ella después de dejar la empresa.

La Fiscalía basó sus cargos contra Susana Vásquez en reconocimientos que hicieron algunas de las personas estafadas, porque la vieron trabajando en la compraventa. La defensa de la joven calificó como exceso en el brazo represor del Estado que, sin prueba alguna de que se hubiera concertado con alguien para cometer delitos, dijera que debía ir a prisión. Asimismo reiteró que, antes que victimaria, Susana era una víctima, sin medios ni recursos para obstruir a la justicia, sin antecedentes judiciales ni peligrosidad alguna para la sociedad.

A pesar de la debilidad de las pruebas, desde ese 17 de marzo de 2014 Susana Vásquez está en prisión. Inicialmente estuvo en el patio 1 de la cárcel El Buen Pastor, donde vivió momentos de terror por la convivencia con detenidas realmente peligrosas. Luego la enviaron al 4, donde supo qué es el hacinamiento y las tensiones entre las internas. Finalmente la llevaron al 5, donde hoy comparte una celda de 2 x 4 metros con tres detenidas más. Su vida hoy se reduce a hacer cursos de informática y de tejido y a la oración como recurso para sobrevivir.

A sus 22 años, su apoyo familiar es casi nulo. Sus padres están separados desde que ella era niña. Él tiene un nuevo hogar y poco contacto con Susana. La madre sufre de esquizofrenia, vive en Popayán y ni siquiera es consciente del drama que vive su hija. El único sustento de Susana es su compañero, Cristian Hernández, un joven técnico en realización audiovisual que afrontó con ella el día del allanamiento y que, aunque apremiado por las deudas, es la única persona que la visita y no se cansa de denunciar los vacíos de la justicia.

“En julio de 2014 hubo audiencia de apelación y una jueza negó la libertad de Susana, aunque quedó libre otro de los acusados que demostró que apenas movía los carros. En septiembre de 2014 hubo una nueva audiencia, pero terminó aplazada. Luego se vino el paro judicial. En diciembre de 2014 fue la cuarta audiencia, y lo mismo: aplazada porque no estaban todos los abogados. El pasado 18 de marzo la quinta audiencia y lo mismo que las anteriores. Ahora hay que esperar la próxima, fijada para el 24 de abril”, comenta Cristian Hernández.

Según la defensa de Susana Vásquez, la próxima vez el alegato es doble. No sólo porque las pruebas no dan para que siga en la cárcel sino porque ya están vencidos los términos y ni siquiera le dicen si va a ir a juicio. Como si fuera poco, el expediente cambió de fiscal y el nuevo apenas se empapa del caso. Entretanto ella, sin resignación por su suerte, lleva 383 días detenida y una sola expectativa a la vista: rehacer el hogar que estaba formando con Cristian y buscar la forma de estudiar y trabajar para resolver el dilema de su madre enferma.